viernes 20  de  noviembre 2026
Debate jurídico

¿Puede Doral romper su acuerdo con ICE? Florida advierte sobre posibles consecuencias legales

La opinión estatal solicitada por la alcaldesa Christi Fraga sostiene que terminar el convenio 287(g) sin una justificación suficiente probablemente infringiría la ley de Florida

Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La Oficina del Fiscal General de Florida advirtió a la Ciudad de Doral que abandonar sin una justificación suficiente el acuerdo de cooperación migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) probablemente violaría la ley estatal.

La opinión, firmada por el vicefiscal general Greg Slemp, fue emitida en respuesta a una consultad de la alcaldesa Christi Fraga, quien dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que emitiría un comentario en la mañana de este viernes.

La opinión distingue entre la decisión de no suscribir un acuerdo 287(g) y la cancelación de uno ya vigente. El vicealcalde Rafael Pineyro había señalado que se exploraban opciones legales para rescindir el convenio, una posibilidad que también planteó la concejal Maureen Porras.

Según la interpretación de la Fiscalía, la ley no obliga automáticamente a cada municipio a suscribir ese tipo de acuerdo, pero retirar uno existente podría considerarse evidencia de una política local que limita la cooperación con las autoridades migratorias federales.

La opinión es una interpretación jurídica de la Fiscalía, no una sentencia judicial. Tampoco identifica con precisión qué circunstancias podrían justificar la terminación de un convenio.

Un acuerdo aprobado en 2025

El Concejo de Doral autorizó la participación municipal en el programa 287(g) en abril de 2025. Este permite que ciertos agentes locales, después de recibir capacitación y bajo supervisión federal, ejerzan funciones migratorias específicas. La resolución facultó al administrador municipal para firmar el acuerdo con ICE.

La discusión sobre una posible retirada cobró fuerza este año, después de que la concejal Porras pidiera revisar el convenio. La legisladora dijo que residentes le han planteado inquietudes sobre el efecto de la colaboración migratoria en las familias y los negocios.

En la reunión del Concejo del 18 de noviembre, Porras intentó incluir el tema en la agenda, pero su propuesta no avanzó. Los miembros acordaron esperar la respuesta de la Fiscalía antes de discutir el futuro del convenio. La concejal espera retomarlo en diciembre. No se ha anunciado una votación para rescindirlo.

El vicealcalde Pineyro dijo que estaría dispuesto a respaldar la rescisión, suspensión o eliminación del acuerdo 287(g) si, tras recibir orientación jurídica, esa medida ayuda a recuperar la confianza de los residentes en la Policía. Aclaró que poner fin al convenio no impediría que agentes federales realicen operativos migratorios en Doral.

Pineyro también afirmó que ningún agente municipal ha recibido capacitación para ejercer funciones migratorias bajo el programa y, en la reunión del Concejo, propuso aplazar el debate hasta conocer la respuesta del fiscal general de Florida a la consulta de la alcaldesa Fraga.

La interpretación sigue en disputa

La posición del Estado no ha cerrado el debate legal. Algunos abogados sostienen que la ley exige acuerdos con ICE a los alguaciles y a las entidades que administran cárceles, mientras que otras agencias locales deben hacer “sus mejores esfuerzos” para cooperar.

El abogado de la Ciudad de Doral, Lorenzo Cobiella, ya había advertido que ciertas acciones relacionadas con el acuerdo podrían acarrear sanciones, incluso multas o la destitución de miembros del Concejo.

Ahora, el debate municipal deberá considerar tanto la interpretación de la Fiscalía como las objeciones legales y las preocupaciones expresadas por residentes.

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