CARACAS.-JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial
Hasta la medianoche del 4 de enero el chavismo podrá utilizar su mayoría en la saliente Asamblea Nacional para seguir legislando, aprobando fondos, designando funcionarios y para ejercer cualquiera otra de las potestades que la Constitución le concede al Parlamento, pues según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “está en pleno ejercicio de sus potestades y debe continuar ejerciendo las atribuciones que le son propias hasta el día inmediatamente anterior al que se instale la nueva”.
El dictamen lo realizó la Sala Constitucional, en su sentencia 1.758, difundida en la tarde de ayer y en la cual respondió un recurso de interpretación del artículo 220 de la Carta Magna que el presidente en funciones del Legislativo, diputado Diosdado Cabello (PSUV), interpuso el pasado 15 de diciembre para aclarar si podía convocar sesiones extraordinarias pese a ser este el último año de la presente legislatura y a que los nuevos diputados ya fueron electos.
En el fallo, redactado por los siete miembros de la Sala, no solo se estableció que la actual AN “no se encuentra impedida constitucionalmente para convocar sesiones extraordinarias” sino que además le dio carta blanca para abordar durante esas reuniones cualquier materia que la mayoría de sus integrantes desee abordar, por considerar que los actuales parlamentarios están “en pleno ejercicio de sus potestades” y que el hecho de que estén de salida en modo algunos supone que sus facultades “estén mermadas”.
La sentencia se da a conocer una semana después de que Cabello advirtiera que si la nueva Asamblea, donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene mayoría calificada, no se instala el 5 de enero, la actual podría seguir funcionando.
“No digan que no se los dije, no digan que no se los dije señores de la amargura (…). Nosotros somos Parlamento hasta que ellos se instalen, yo tenía el concepto que era hasta el 4 (de enero) a las 12 (de la medianoche). Pero si a ellos no les da la gana de instalarse el 5 (de enero), nosotros seguimos”, soltó.
Oposición teme golpe judicial
La MUD denunció este martes una supuesta maniobra del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para “cercenar la mayoría calificada” que la oposición logró en las parlamentarias del 6 de diciembre y que sería ejecutada por la Sala Electoral del TSJ, donde reposaría una acción contra 22 diputados electos.
“El Gobierno reconoció los resultados, pero ahora fuerzas del Gobierno pretender desconocerlos. Esto que están haciendo es una acción suicida, lo que están haciendo le quita la poca legitimidad que les queda”, afirmó Jesús Torrealba.
Sin embargo, desde el máximo juzgado negaron a DIARIO LAS AMÉRICAS tener ninguna acción relacionada con los recientes comicios. “Tenemos una semana sin dar despacho, lo único que podríamos es recibir amparos”, apuntó la fuente.
Torrealba, por su parte, no descartó que la eventual impugnación de varios diputados electos lo que persigue es “blindar” la elección de 13 magistrados del TSJ que el oficialismo pretende ejecutar hoy.
Ayer la saliente mayoría chavista de la AN inició el proceso para nombrar a los miembros del máximo juzgado de entre la lista de 380 candidatos que revisaron la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor general de la República, Manuel Galindo.
Aunque Ortega Díaz, Saab y Galindo solamente eliminaron a dos aspirantes de la lista que recibieron del Comité de Postulaciones Judiciales, fuentes cercanas a los funcionarios informaron que ellos presentaron “observaciones” contra 67 postulados. ¿Los motivos? “La mayoría no presentaron soportes que demuestran que tienen las credenciales que dicen tener en sus currículos, pero también en el caso de otros se constató que tienen o tuvieron procedimientos administrativos en los organismos en los que laboraron y algunos hasta fueron declarados responsables por la Contraloría”.
Los informantes reconocieron que entre los objetados figuran algunos nombres como el del vicecanciller Calixto Ortega o el del diputado no reelecto Elvis Amoroso, cuya candidatura ha generado polémica porque hasta octubre pasado era el presidente del Comité evaluador de los aspirantes a magistrado.
Desde la MUD, aunque no restaron importancia a la maniobra del oficialismo, para intentar asegurarse el control del TSJ por la próxima década, advirtieron que eso es corregible. “El 5 de enero se instalará una AN con una mayoría más que suficiente para establecer un Poder Judicial verdaderamente independiente”, reiteró ayer Torrealba.
Diputados opositores y juristas han adelantado que modificarán la integración del máximo juzgado, pero no mediante la figura de la destitución sino revisando sus decisiones, tal y como lo establece el artículo 90 del reglamento: “Las decisiones revocatorias de un acto de la Asamblea Nacional, en todo o en parte, requerirán del voto de la mayoría absoluta de los presentes. Igualmente, en los casos en que por error o por carencia de alguna formalidad no esencial se hubiese tomado una decisión por la Asamblea Nacional, ésta, una vez constatado el error o carencia, podrá declarar la nulidad de la decisión con el voto de la mayoría de los presentes”.
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