CARACAS.-VERÓNICA EGUI BRITO
@VeroEgui
En los últimos dos años de gestión de Nicolás Maduro se han registrado 5.853 detenciones, arrestos o encarcelaciones vinculadas con diferentes manifestaciones sociales, expresiones en redes sociales, y protestas por escasez de alimentos, o falta de servicios eléctricos y falta de agua.
De ellos, actualmente 1.998 personas presentan medidas restrictivas a su libertad y procesos judiciales, y 96 se mantienen encarcelados. Este año ha mostrado un alto índice de represión. En los primeros seis meses aumentaron las protestas por escasez de alimentos y se registraron 2.030 detenciones políticas en lo que va de 2016, según destaca el informe de de Foro Penal Venezolano (FPV) titulado “Reporte sobre la Represión del Estado venezolano”.
En el análisis, los abogados destacan que el accionar del Estado venezolano es un “efecto de puerta giratoria” en el que el Gobierno detiene a unas personas, encarcela a unas, y va liberando a otras, a pesar de que el número de detenidos es muy alto, pasando de un promedio de 80 a 96 detenidos en el momento en el que se publica el informe (06/07/16).
“Las prácticas represivas mayormente utilizadas son las detenciones arbitrarias. Igualmente, los tratos crueles e inhumanos, la tortura y en algunos casos el abuso sexual. Por otra parte, la enfermedad de los presos políticos, y la falta de atención médica se ha convertido en algo regular”, denuncia la ONG.
El texto hace referencia a 26 casos de presos políticos enfermos, en cuyo caso se ha denunciado sistemáticamente la ausencia de asistencia sanitaria.
El trabajo de investigación que ha realizado Foro Penal Venezolano ha determinado que en Venezuela existen tres tipos de presos y detenidos políticos, que varían según el objetivo o motivo político de su detención:
- Individuos presos o detenidos por representar individualmente una amenaza política para el Gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. La ONG explica que en estos casos el objetivo es excluir a la persona del mundo político aislándolo. Casos emblemáticos: Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular; Antonio Ledezma, alcalde Metropolitano de Caracas; Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, en el estado Táchira; y Manuel Rosales, líder del partido Un Nuevo Tiempo, y exgobernador del estado Zulia.
- Individuos detenidos por ser parte de un grupo social que participa en protestas: estudiantes, defensores de derechos humanos, jueces o militares, con el objeto de intimidar a ese grupo social. Casos emblemáticos: Daniel Morales, estudiante opositor, quien ha denunciado haber sido objeto de torturas por parte de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Marcelo Crovato, abogado defensor de derechos humanos, que pertenece a Foro Penal Venezolano. Permaneció 10 meses recluido en Yare III, una cárcel de alta peligrosidad, en la que se intentó suicidar. Amnistía Internacional emitió una acción urgente en este caso para obtener su liberación considerando además razones humanitaria. Continúa privado de libertad bajo arresto domiciliario desde el 25 de febrero de 2015.
- Individuos que no representan una amenaza política para el Gobierno ni de forma individual ni como parte de un grupo social, pero son utilizados como propaganda política. Caso emblemático: Manuel Morales, dueño de la cadena de supermercados “Día a Día”, quien fuera detenido con el objeto de transpolar en él la responsabilidad de la escasez de alimentos y que el gobierno ha presentado que es uno de los responsables de la “guerra económica” de los empresarios.
Entre los parámetros que destaca el FPV en la sistemática violación de los derechos humanos identifican cuatro:
- El Gobierno crea una narrativa oficial, en la que los responsables de la violencia que se vive Venezuela son los opositores. En consecuencia son delincuentes, mientras que las instituciones, los cuerpos de seguridad y los civiles armados comúnmente llamados colectivos y amparados por las fuerzas de seguridad a pesar de que actúan violentamente contra otros ciudadanos, son las víctimas de lo que acontece.
- Se busca generar miedo entre quienes se atrevan a alzar la voz contra el gobierno. En primer término, cuando se produce cualquier manifestación contra el Gobierno, se activan los mecanismos policiales y militares que, en cada una de las detenciones involucran excesos en el uso de la fuerza, que van desde el abuso de la fuerza física, hasta el uso de armas de fuego, de sustancias tóxicas y de otros medios ilegales y prohibidos por la Constitución para la dispersión de las manifestaciones.
- Desde 2014 más del 80% de las detenciones y retenciones ilegales se han producido contra estudiantes o jóvenes menores de 30 años, una tendencia que no es casual. “La orden es la de detener estudiantes, o en incluso en casos extremos, al que parezca estudiante, a despecho de que esté o no participando en alguna protesta”, sentencia el informe.
- Atentados generalizados contra la propiedad de los detenidos. A todos se les incautan sus posesiones: celulares, cámaras, dinero en efectivo y, en algunos casos, hasta sus motos. “Se trata, en toda ley, de robos descarados, ejecutados con absoluta impunidad”, advierte FPV.
El FPV ha registrado formalmente 145 casos de torturas y tratos crueles e inhumanos ocurridos a personas en el momento de su detención y que han denunciado tal situación ante instancias oficiales. El caso de Daniel Morales Hidalgo, detenido el 18 de mayo de 2016 es elocuente. Según Foro Penal, Morales recibió un fuerte golpe en la mejilla derecha; un duro golpe en la nuca que casi logra desmayarlo; golpes en la parte baja del abdomen y en sus genitales -sufre de Hidroceles testicular- y recibió descargas de electricidad en la cabeza.
Como consecuencia de la denuncia por violaciones a los derechos humanos expuestas en este informe, miembros de la ONG Foro Penal Venezolano han sido intimidados y agredidos.
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