El Diario en 90 segundos.
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EEUU amplía plan migratorio DACA para "proteger" a dreamers. Petro propone a EEUU hacer "cambios profundos" al acuerdo de extradición. California prohíbe venta de autos de combustible para 2035. Monseñor Wenski: "situación de Nicaragua se pone cada vez peor". Biden anuncia plan de alivio en préstamos universitarios. Estos son los titulares de El Diario en 90 segundos.
El gobierno de Estados Unidos amplió el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) con el fin de proteger mejor a los 'dreamers', como se conocen a los menores migrantes que cuentan ya con cierto nivel de estudios y arraigo en el país.
En medio de una crisis en la frontera sur donde a diario entran miles de inmigrantes sin que haya una respuesta de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, espera del apoyo del Congreso. De ser así, la nueva ley entraría en vigor a partir del 31 de octubre, ampliando el plan anterior lanzado en 2012 durante la administración de Barack Obama, que otorgó un alivio parcial ante el incumplimiento de su promesa de Reforma Migratoria. El plan ha permitido a unos 600.000 migrantes evitar la deportación y trabajar legalmente.
La principal novedad es la solicitud por separado que deberán presentar cada una de estas personas para evitar ser deportadas o recibir un permiso de trabajo, pero se aplicará solo a la renovación de solicitudes de DACA, no a las nuevas, a la espera de que se resuelva el recurso presentado para permitir al Departamento de Seguridad Nacional emitir nuevos solicitudes.
"Los 'dreamer' son parte del tejido de esta nación. Sirven en primera línea de respuesta a la pandemia. Son estudiantes, empresarios y propietarios de pequeñas empresas. Muchos sirven valientemente en nuestras Fuerzas Armadas. Solo han conocido a Estados Unidos como su hogar", destacó el presidente, Joe Biden.
Sin embargo, la nueva legislación no es infalible ya que para sus detractores y muchos jueces, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad suficiente para proteger del todo a aquellos que quieran evitar la deportación.
La nueva norma necesitará en el Senado el apoyo de al menos diez republicanos y todos los demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos, una batalla cuesta arriba en medio del aumento de la polarización en el Congreso en relación a la política migratoria antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.