Abogado denuncia "fraude", 44 mil muertos "votaron" en Perú

Ortiz dijo en el programa de "Es la mañana de Federico de esRadio", en España, que ante las pruebas del fraude y la "complicidad" de las autoridades, interpuso denuncia formañ ante el Ministerio Público contra el presidente de Perú Francisco Sagasti, la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez, y a la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por "fraude".

De acuerdo con la autoridad electoral, el candidato del izquierdista partido Perú Libre, Pedro Castillo aventaja a la conservadora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 44 mil votos.

El experto explicó que poseen las pruebas documentales del fraude y en base a las mismas están solicitando una "auditoria internacional" ante el rechazo de las autoridades peruanas de admitir y conocer las evidencias.

Explicó que en Perú el fraude se llevó a cabo en tres niveles: Uno, en las mesas de sufragio; dos, en la oficina digital de procesos electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE; y tres, "no sólo se ha producido fraude electoral a nivel de las mesas y de la ONPE, sino en el JNE", afirmó.

"En Perú han votado más de 44 mil muertos y está comprobado a través del padrón electoral", afirmó. Además, añadió que a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la entidad que registra los decesos, han comprobado que hasta los muertos votaron en las elecciones presidenciales del 6 de junio, en segunda vuelta.

“Se ha podido constatar que las personas que figuran en las actas de sufragio y habiendo firmado, aparecen votando, depositando su voto personas que han muerto”.

“Hay más de 35 mil niños que están en el orden de los 12 o 13 años, cuando la mayoría de edad [para votar] es a los 18 años, aparecen integrando las mesas electorales y votando, todo eso consta en el padrón electoral”, acotó.

Otro de los mecanismos del fraude, explicó el abogado, son las “identidades suplantadas”, la adulteración de las firmas.

Ortiz dijo que se han presentado los peritajes respectivos en todos esos procesos que evidencian que la grafía es "totalmente distinta".

"Hay personas cuyas identidades han sido usurpadas al aparecer como miembros de mesa electoral cuando no lo fueron, ya han interpuesto denuncias", dijo el experto, lo que evidencia el fraude electoral.

Responsabilidad autoridad electoral

Las actas impugnadas ante el JNE por el partido Fuerza Popular de Fujimori, representan aproximadamente 200 mil votos, pero Ortiz sostiene que la autoridad electoral se ha rehusado a recibir e investigar el caso.

“Pero no solo se ha producido fraude electoral a nivel de las mesas y de la ONPE sino a nivel del Jurado Nacional de Elecciones con tres de sus cuatro miembros actuales. Es decir, la instancia máxima del Jurado Nacional de Elecciones ha incurrido en un delito explicito, en un concurso de delitos contra la voluntad popular en la modalidad de tornar imposible el escrutinio, y al alterar en consecuencia el resultado electoral", apuntó.

Otro de los delitos, a juicio del experto, es que el JNE ha incurrido en prevaricato porque ha aplicado normas que no corresponden, en obstrucción a la justicia porque se ha negado a admitir la prueba. "Este JNE dice no señor, se presentan todos estos recursos impugnatorios con todas las pruebas y afirma que no tiene competencia para conocer de la prueba porque no se trata de casos de hechos sino de puro derecho o casatorio. Es falso, miente el presidente del JNE, [Jorge] Salas Arena porque la Constitución es explicita en el artículo 178 inciso 4 al asignarle no solo la potestad y responsabilidad de administrar justicia, y en el artículo 181 dice que el JNE está obligado a apreciar los hechos con criterios de conciencia”.

"Se trata de casos de hechos no de puro derecho. ¿Cómo puede apreciar los hechos el JNE si decide no admitir la prueba?, ¿cómo se prueba un hecho, si no reciben la prueba? Ahí ha incurrido en delitos conexos al delito madre, que es el delito contra la voluntad popular en la modalidad de alteración del resultado electoral".

Denuncia

Ante los hechos, Ortiz de Zevallos interpuso denuncia formal ante el Ministerio Público contra el presidente del Perú, la presidente del Consejo de ministros porque asegura han incurrido en instigación a la comisión del delito por parte del JNE.

“La Constitución política del Perú es explicita en establecer que ninguna autoridad puede interferir en la administración de justicia y que no puede ninguna autoridad abocarse al conocimiento y pronunciarse sobre materias que están sometidas al conocimiento del poder jurisdiccional, en circunstancias en que todos estos procesos estaban siendo evaluados y estaban sujetos al conocimiento del JNE, el presidente del Perú ha declarado que el proceso electoral es limpio, transparente, sin mancha, sin fraude alguno y en consecuencia como presidente del Perú exhortó al JNE a que proceda cuanto antes a la proclamación del candidato”.

“Y la presidente del consejo de ministros ha osado decir que no hay indicio alguno de la existencia de irregularidades del proceso”, aseveró Ortiz.

En ese sentido, señaló que el artículo 24 del Código Penal del Perú establece que el instigador es considerado como coautor de los delitos subyacentes.

“No solo hay el delito de avocamiento ilegal al atribuirse funciones que no le confiere la Constitución, interfiere en la administración de justicia" por lo que asegura que el presidente del Perú y la presidente del consejo de ministros, "tienen la condición de coautores del delito contra la voluntad popular".

¿Quién es Castillo?

Ortiz describió a Pedro Castillo como el hombre que "logró asumir el liderazgo del partido comunista de Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, él lideró las protestas hace dos o tres años para impedir que los maestros pudieran ser sujetos a un proceso de capacitación y a un proceso de evaluación en perjuicio de la juventud peruana por pretender impedir y oponerse a que los maestros sean calificados, capacitados, [esa] fue la bandera asumida por Castillo".

Afirmó que ese colectivo que Castillo dirigió y al que se mantiene vinculado, es el llamado Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), "que es la fachada del partido comunista de Sendero Luminoso en Perú".

Movadef fue creado en 2009 y demanda la liberación de los implicados en la guerra interna en Perú desatada por el grupo terrorista de ideología marxista-leninista-maoísta Sendero Luminoso que buscaba el poder por medio de las armas.

Movadef demanda la amnistía de Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso, el grupo terrorista que dejó al menos 69 mil muertos y desaparecidos en Perú.

Guzmán enfrenta una condena de cadena perpetua junto a otros miembros del alto mando de Sendero Luminoso. Movadef, que se vende como “defensor” de los derechos humanos “ha sido declarado formalmente como un partido comunista, la fachada de Sendero Luminoso”, asegura Ortiz.

Movadef ha realizado marchas en Lima, en las que algunos asistentes llevaron imágenes de Guzmán y otros presos por delitos de terrorismo.

El abogado Ortiz de Zevallos instó a actuar en dos ámbitos paralelamente para denunciar el fraude: uno, la lucha dentro de Perú, porque es posible que procedan a una ilícita proclamación; y dos, la presión internacional, que si bien no "es suficiente para Venezuela hoy en día, o para Cuba, sí puede ser efectiva en un país en el que no han tomado aún el control total".