Por Eliván Martínez Mercado

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@Elivanmartinez

SAN JUAN.- No solo fueron Navidad, Año Nuevo y los Reyes. Los puertorriqueños también habrán pasado sin luz la celebración de las Octavitas tras el huracán María. Al paso lento que va la reconstrucción del sistema eléctrico, las autoridades locales y federales corren el riesgo de encontrarse hincando postes y conectando cables en verano, justo cuando se echa encima la próxima temporada de ciclones.

Puerto Rico enfrenta en 2018 cuatro grandes pruebas. A la necesidad de reparar los daños del huracán, se añade la austeridad asociada a la deuda pública, un impuesto federal que amenaza a empresas manufactureras y el fin del dinero para la tarjeta de salud de la que depende medio millón de puertorriqueños.

"Parece como si todavía no hubiéramos tocado fondo con lo que se avecina", analizó el director de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, José Caraballo Cueto. "Entre lo poco que ha hecho el gobierno federal para atender a los puertorriqueños está un préstamo y a estas alturas, después tres meses del huracán, no lo ha dado".

Caraballo se refiere a que el Tesoro Federal aún no ha desembolsado el préstamo de $4,700 millones del programa de asistencia a comunidades afectadas por desastres (Community Disaster Loans). Y el Congreso aún debate, en una medida separada, una asignación de 81,000 millones de dólares para embates de huracanes en Florida, Texas y Puerto Rico, así como fuegos forestales en California.

Son asignaciones limitadas. Tan solo en Puerto Rico, los daños del huracán más catastrófico en la historia contemporánea del país superan los 94,000 millones de dólares, según la administración del gobernador Ricardo Rosselló.

"Si los fondos no se dan, no se va a cumplir la ilusión de que la economía crezca. Tenemos miles de casas que no van a ser reconstruidas si seguimos a la merced de este Congreso que no se mueve", añadió Caraballo.

Para el ciudadano de a pie y los comercios, urge la restauración del sistema eléctrico. A poco más de tres meses del huracán, el 40% de los clientes residenciales y comerciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tiene servicios de luz, según la propia corporación pública.

La población ya puede hacerse de la idea de que el trabajo va para largo, porque la AEE y el Cuerpo de Ingenieros han advertido que áreas de la región montañosa, los llamados bolsillos, serán los más difíciles y últimos en ver el servicio restablecido. La energía es necesaria, por ejemplo, para mantener medicamentos que requieren refrigeración, conectar máquinas respiratorias y de diálisis que ayudan a los enfermos, abrir negocios y llevar a cabo transacciones electrónicas. Sin energía, residentes y comerciantes tendrán que incrementar los gastos en combustible y plantas eléctricas.

Costos de reconstrucción comparables a la deuda

Los más de 94,000 millones de dólares que se necesitan para la reconstrucción son una tajada enorme, casi comparable a la deuda pública de sobre 68,000 millones de dólares. A esta se añaden 49,000 millones de dólares del déficit en el sistema de pensiones.

Para atender la crisis fiscal, Puerto Rico regresa este año al tribunal federal bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, más conocida como PROMESA. Como parte del proceso de reestructuración de la deuda, la administración de Rosselló tiene que entregar el 24 de enero los nuevos planes fiscales del gobierno central, la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, revisados en el contexto de la destrucción del huracán.

Con las revisiones se sabrá si estas ahondarán las medidas de austeridad que ya causaron fuertes recortes en los presupuestos de la Universidad de Puerto Rico y los municipios.

José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal, creada por PROMESA para mandar sobre las finanzas de Puerto Rico, anunció el pasado jueves que se opone a una ley aprobada por la legislatura isleña que designaba un fondo de 100 millones de dólares para municipios afectados por los huracanes, por considerarlo "imprudente" por su impacto en el fisco.

En ese contexto de austeridad y deuda surge la amenaza de la reforma contributiva federal. Debido a que esta clasifica a Puerto Rico una jurisdicción extranjera (a pesar de que pertenece a EEUU), impone un gravamen del 12.5% a manufactureras estadounidenses que envían productos desde la Isla hacia cualquiera de los estados. Caraballo sostiene que la reforma amenaza la competitividad de Puerto Rico para mantener esas empresas, que aportan más del 35% del Fondo General.

Del Congreso también depende una nueva asignación para financiar el Plan Mi Salud, más conocido como el plan médico público que usan sobre 500,000 puertorriqueños, porque en marzo próximo vencen los casi 1,400 millones de dólares anuales que le daba el Obamacare.

"Los fondos federales son más de la mitad del costo del plan Mi Salud. Si se eliminan hay que correr a evaluar a todos los participantes y con toda probabilidad eliminar cubiertas. Esto provocaría una crisis mayor", explicó José Aponte, quien dirige la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Status en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

"Estamos en conversaciones en varios comités de la Cámara y el Senado federal. Los oídos no están cerrados como hay algunas personas alegando. Hay que trabajar duro pero no es un asunto imposible. En la discusión estamos confrontando al Congreso con que si no se da el dinero, se enfrentarán a la migración de los puertorriqueños".

Entre 2006 y 2015, casi medio millón de puertorriqueños emigró hacia EEUU, una cifra comparable al Gran Éxodo de mediados del Siglo XX, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. El huracán ha acelerado la emigración, aunque aún es bastante precipitado para hablar de cifras confiables.

La reconstrucción, la bancarrota, la reforma fiscal federal y la tarjeta de salud definirán si es posible el desarrollo de una calidad de vida aceptable para quedarse o si precipitan aún más el éxodo.

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