Tres años después de muerto Fidel Castro, el régimen no acaba de sepultarlo.

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A falta de liderazgo y doctrinas políticas actualizadas, que permitan renovar a un socialismo de corte estalinista -antidemocrático por naturaleza- una economía improductiva y un modelo incapaz de vender un futuro coherente para el pueblo, la mejor opción que encontraron los compadres del partido comunista fue seguir cargando en hombros el féretro de Castro y gobernar a golpe de consignas y decretos.

La anacrónica revolución verde olivo no ha sabido reciclarse. Agotada, repite viejas fórmulas.

El caso de José Daniel Ferrer, opositor en Santiago de Cuba, es un buen ejemplo. El dossier presentado por la prensa oficial es una auténtica chapuza: no presentaron testimonios de las supuestas víctimas y los encargados de investigar, no aportan pruebas contundentes.

En teoría, las autoridades tenían un buen pretexto en sus manos. Un líder opositor que supuestamente utilizaba métodos violentos en su organización y golpeaba a sus parejas. Pero esas acusaciones para que sirvan de argumento, habría que demostrarlas.

La presión internacional llevó al régimen a ofrecer una respuesta torpe y poco creíble. El primer error fue mezclar el estatus de disidente o ‘contrarrevolucionario’, con el delito que le quieren imputar. La versión publicada por el diario Granma recuerda demasiado a los juicios de autoinculpación utilizados por Stalin en los años del gran terror soviético.

El modo de operar despertó sospechas entre muchos cubanos que ni siquiera conocían a José Daniel Ferrer y, desde luego, generó simpatías. Existe un lógico sentimiento humano de apoyar siempre al más débil. Varios vecinos del barrio se me acercaron para conocer quién era Ferrer. Si la intención era presentarlo como un delincuente común, la falta de argumentos y la delirante narrativa mediática provocó una reacción contraria en el común de la población cubana.

Pero lo más preocupante no es que una dictadura reciclada presente un dossier contra un opositor o un periodista independiente. Lo que debemos analizar es la estrategia que viene aplicando el actual gobierno de Miguel Díaz-Canel para sacar del juego a la disidencia, la incipiente sociedad civil y el periodismo alternativo.

En apenas dos años en el poder, Díaz-Canel ha firmado dos decretos, el 349 y 389, que dan luz verde a la ilegalización del arte independiente y vulnera los derechos de las personas que el gobierno considera ‘terrorista’ o ‘mercenario’, entiéndase, ‘contrarrevolucionario’. Y va por más.

Según fuentes de todo crédito, el régimen espera presentar un nuevo decreto que pretende criminalizar el periodismo independiente. A la par que se mantiene la tenebrosa Ley 88, que puede sancionar hasta con pena de muerte lo que la dictadura considera traición la patria y que la actual Constitución autoriza la lucha armada si en determinado momento sectores opositores llegaran al poder, el nuevo decreto pretende desintegrar la prensa libre con una receta que combina multas prohibitivas, sanciones penales y un acoso tan persistente de los oficiales de Seguridad del Estado que obliguen al periodista a emigrar.

El método para esta nueva ofensiva consiste en detenciones breves, múltiples citaciones, impedir los viajes al exterior, desacreditar ante familiares, amigos y vecinos a la persona imputada, amenazar su integridad y al final, tenderte un puente de plata, para que te marches a Estados Unidos o cualquier otro país.

Siempre se utilizó este tipo de procedimiento. Desde 2013, cuando el régimen flexibilizó las leyes migratorias, hasta 2018, alrededor de 200 disidentes, activistas, periodistas y artistas independientes han emigrado de Cuba.

El presidente designado por Raúl Castro pretende legislar una nueva ofensiva contra sectores y que el gobierno lo mismo considera 'opositor' o 'mercenario' a un reportero que investiga sobre medio ambiente y comunidades vulnerables, que a un periodista abiertamente anticastrista. Para el régimen, todos somos 'enemigos del pueblo', 'traidores a la revolución' y 'vendepatrias'. No hay matices.

Por eso desmantelaron el proyecto Cuba Posible, un grupo de tanques pensantes que analizaban objetivamente la realidad en la Isla. Por eso pretenden dinamitar publicaciones digitales como 14ymedio, El Estornudo, Periodismo de Barrio y El Toque, entre otras.

El nuevo engendro jurídico, la 389, legaliza un procedimiento que los servicios especiales siempre utilizaron contra la oposición: la vigilancia electrónica, el hackeo informático, los registros a domicilio sin la debida autorización, el decomiso de material de trabajo y la violación de la correspondencia.

Ahora es legal que escuchen tus llamadas telefónicas e intenten piratear tu cuenta de WhatsApp. Fidel Castro aplicaba estas estrategias transgrediendo la Constitución y el Código Penal. Se consideraba por encima del bien o el mal. Era el padrecito de la patria y cualquier cosa le estaba permitida.

La nueva hornada castrista busca codificar esos procedimientos. El pretexto para iniciar una ofensiva final contra el pensamiento libre y la oposición política pueden ser las amenazas de Estados Unidos o la compleja situación internacional.

Lo que pretende el castrismo es mantener lo más aislada posible a la disidencia. No quieren que establezcan puentes con grupos ciudadanos que reclaman detener el maltrato animal o las cuarenta mujeres que firmaron un documento exigiendo una ley contra la violencia de género.

El contexto es peligroso en Cuba, con una crisis económica estacionaria, descontento popular, un porcentaje alto de cubanos que desea emigrar y la angustiante falta de futuro. Por ello, piensa el régimen, llegó la hora de aniquilar a la oposición. A su favor tienen que la disidencia está dividida por rencillas internas y no tiene poder de convocatoria.

Pero ojo, sofocar un fuego con gasolina es extremadamente peligroso. En esas circunstancias de acoso por parte de la autocracia, la disidencia e incipiente sociedad civil pudieran potenciar la unidad, trazar nuevas estrategias y llegar a la gente de a pie.

En marzo de 2003, una operación que se antojaba sencilla para Fidel Castro, sancionar con muchos años de cárcel a 75 opositores y periodistas independientes, movilizó a la opinión pública mundial. Y en Cuba marcó el nacimiento de las Damas de Blanco, un movimiento integrado por madres, esposas e hijas de los encarcelados, y que en 2010, con el respaldo de la Iglesia Católica y España, obligó al régimen a pactar una salida negociada.

La dictadura cubana no debiera menospreciar la fuerza de lo pequeño. El mejor ejemplo de que con un pequeño grupo se puede alcanzar un objetivo lo dio el propio Fidel Castro. Inició la última etapa de su proyecto con el desembarco 82 hombres y terminó apropiándose del poder en Cuba. Créanme, los que se oponen en Cuba a la autocracia constitucional que gobierna a golpe de decretos superan en mucho ese número.

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