La Misión Independiente de la ONU reitera que las detenciones selectivas son parte de plan para silenciar, y responsabiliza a fiscalía y a cuerpos de seguridad
Las detenciones en Venezuela persisten en medio de la crisis política por el fraude electoral.
CORTESÍA / @freddysuperlano GINEBRA.- En un nuevo pronunciamiento contra la represión en Venezuela, la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés) exhortó al régimen de Maduro a poner fin a las detenciones de opositores, y advirtió sobre la sistemática práctica de aislamiento e incomunicación.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, aseguró la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, este miércoles.
La advertencia se suma a la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien este martes afirmó que “sigue de cerca las violaciones sistemáticas que ocurren en Venezuela".
Ambas declaraciones aluden a la “desaparición forzada” y detención arbitraria del defensor de derechos humanos de la ONG Provea, Eduardo Torres, detenido el viernes pasado pero sobre quien autoridades judiciales del régimen no solo no dieron información desde entonces, sino que negaron un recurso de hábeas corpus que obliga a la libertad tras la desaparición.
Fue ayer cuando la fiscalía anunció oficialmente la aprehensión por una supuesta vinculación con una trama conspirativa contra las elecciones de este mayo.
Tras asegurar que las “detenciones selectivas” forman parte de un plan deliberado del aparato represivo para silenciar a figuras de la oposición, se mencionó las aprehensiones de personas defensoras de los derechos humanos, como práctica para infundir miedo en la población.
Para la instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la aplicación de estas prácticas represivas de asilamiento y de incomunicación equivale a las desapariciones forzadas y la falta de protección judicial.
La Misión señaló la responsabilidad de los cuerpos de seguridad e inteligencia, civiles y militares del Estado, “en connivencia con el Ministerio Público”.
También indicó que juzgados penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo “son cómplices al asegurar la impunidad de estos crímenes y graves violaciones a los derechos humanos”.
“Esta ausencia de protección está ejemplificada por la ineficiencia de la institución del habeas corpus, un mecanismo de protección fundamental contra las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el riesgo de torturas”, según alertó Valiñas.
“La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión.
“El habeas corpus ha salvado vidas y contribuido a la investigación del comportamiento de gobiernos y grupos para estatales que actúan en la ilegalidad y el secreto”.
FUENTE: Con información de Naciones Unidas, Monitoreamos
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