El encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori, saldrá en libertad luego de que el Tribunal Constitucional peruano anunciara este jueves que votó a favor de un recurso de hábeas corpus planteado por el exmandatario.
El encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori, saldrá en libertad luego de que el Tribunal Constitucional peruano anunciara este jueves que votó a favor de un recurso de hábeas corpus planteado por el exmandatario.
La decisión del órgano judicial, que no puede apelarse, restituye a Fujimori la libertad lograda mediante un indulto presidencial que recibió en 2017, y que fue cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y anulado en 2018 por la Corte Suprema del Poder Judicial peruano.
El Tribunal Constitucional, órgano supremo de control constitucional en Perú, indicó en un boletín que “se declara fundada la demanda” y “restituye el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad”, en una votación que se decidió por el voto doble del presidente del cuerpo colegiado que resolvió un empate con tres votos a favor y tres en contra.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, manifestó a periodistas que el lunes o martes de la próxima semana se podría producir la liberación, una vez cumplidos los procedimientos y trámites burocráticos.
El perdón fue dado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en lo que la Fiscalía peruana sospecha fue una maniobra política acordada con el hijo menor de Alberto Fujimori, el entonces congresista Kenji Fujimori, para evitar la destitución de Kuczynski por el Parlamento a cambio del indulto a su padre.
Fujimori, de 83 años, fue enjuiciado y sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a derechos humanos perpetradas durante las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, dos zonas de Lima en la que escuadrones militares asesinaron a 25 personas.
Además, ha sido condenado por otros delitos relacionados con corrupción, y enfrenta otro juicio por un presunto programa gubernamental de esterilizaciones forzadas practicadas a más de 2.000 mujeres durante su mandato.
El expresidente, quien cumple su pena en una sede policial de Operaciones Especiales al este de Lima, padece de problemas de salud de tipos cardíacos y respiratorios que justifican su indulto, según su abogado y familiares.
En octubre de 2021 se le instalaron dos stents para resolver dos obstrucciones arteriales, y hace un par de semanas fue hospitalizado tras sufrir una descompensación de presión arterial y oxigenación en su sitio de reclusión.
El médico personal de Fujimori, Alejandro Aguinaga (exministro de Salud durante la década fujimorista), ha confirmado que el exmandatario debe someterse a terapias de oxígeno a diario, por su condición de salud que incluye el haber sufrido un cáncer en la lengua.
La hija mayor de Fujimori, la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, había dicho esta semana que su padre seguiría “en estricta observación médica de sus dos dolencias principales: la fibrosis (pulmonar) y la fibrilación auricular”.
Oleada de reacciones
La decisión judicial deja una estela de reacciones. El presidente peruano, Pedro Castillo, manifestó a través de un mensaje en Twitter que “los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”.
Para Castillo el Tribunal Constitucional (TC) vive “una crisis institucional”.
En términos similares se manifestó el Jefe de Gabinete, Anibal Torres, quien expresó que, “es una sentencia que atenta contra los Derechos humanos de las víctimas y sus familiares, por los actos por los que fue sentenciado Fujimori. El TC en muchas ocasiones ha emitido sentencias causando mucho daño al país”.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que el TC “ha dado la espalda a las víctimas y sus familiares (...) instamos a la Corte IDH a dar pronto seguimiento a los pedidos de las víctimas y sus familias”.
Nakazaki, defensor del expresidente, aseguró desde las puertas del sitio de reclusión de Fujimori, que este “se emocionó” cuando se le informó de la decisión judicial. A su juicio, la liberación “no es un tema de impunidad o evitar un castigo, sino de evaluar si es humano que un hombre se muera en la cárcel. La edad y enfermedades justifican que muera en su casa.
Uno de los magistrados del Tribunal, Eloy Espinosa Saldaña, y quien votó en contra del beneficio, declaró a la televisión local que los argumentos presentados “son endebles”.
El abogado Omar Chehade, excongresista y miembro del equipo que logró la extradición de Fujimori en 2007, sostuvo que “una persona con 83 años, que seguramente le queda poco de vida (...) hoy se halla en una situación calamitosa, es oxigeno dependiente, y no merecería morir, como ningún ciudadano, en la cárcel”.
Agregó que “si queremos darle una lección a Fujimori, dejémoslo que tenga sus últimos días de vida con su familia. ¿Qué más deshonor que una condena a 25 años, y haber sufrido cárcel después de ser presidente y haber huido?
Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000, y logró derrotar a la sanguinaria guerrilla maoista Sendero Luminoso y enderezar la economía peruana, sumida en hiperinflación y crisis durante los años previos. Durante su primer mandato disolvió el Congreso e intervino varias instituciones del Poder Judicial, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la aprobación de los peruanos en las encuestas.
Pero luego de una década en el poder, en el año 2000 las acusaciones de corrupción y compra de voluntades en la política -demostradas en los famosos Vladivideos de Vladimiro Montesinos, su principal operador político-, y de violaciones de derechos humanos, lo empujaron a renunciar a la presidencia de Perú desde Japón, mediante el envío de un fax
Tras vivir en Japón hasta 2005, arribó sorpresivamente a Chile, desde donde fue extraditado a pedido de las autoridades peruanas