El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto a varios de los ministros de su régimen.
EUROPA PRESSCARACAS.- El Consejo Superior Demócrata Cristiano alertó este jueves que la llamada “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” pretende concentrar la totalidad del poder en el régimen, cuyo único soporte económico posible sería un gigantesco blanqueo de capitales ilícitos.
Esta instancia señaló que "numerosos e ilustrativos análisis políticos, jurídicos y económicos en torno a esta 'ley', coinciden en señalar que con ella se trata de instaurar un modelo totalitario en el que convergen los factores e intereses más perversos", reseñó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.
"Esta ley es nula al haber sido aprobada en una inexistente Asamblea Nacional Constituyente que carece de legitimidad. Su propósito es trasladar a un supuesto bloqueo imperialista la responsabilidad del régimen por la crisis humanitaria que sufrimos", señala el texto.
Advierten que el régimen pretende "captar el mayor flujo de divisas", sin importar su procedencia, "con el fin de financiar la usurpación y acrecentar aún más los millonarios recursos privados de los jerarcas del régimen".
Agrega el comunicado que esto "constituye un paso definitivo del plan totalitario que modifica de manera discrecional y arbitraria la normativa legal de la economía mediante la 'desaplicación de normas' con el fin de realizar en el más hermético secretismo la privatización previamente concertada de todas las empresas del sector público mediante su venta a terceros".
"Estas empresas podrán ser vendidas al capital extranjero legítimo o a los capitales ilegítimos que provengan de fuentes oscuras como el narcotráfico, el narcoterrorismo, el capital especulativo, los fondos que invierten en operaciones de muy alto riesgo y a aquellos capitales producto de diversas formas de corrupción que vendrían a refugiarse tranquilamente en nuestro país", afirma.
Sostiene que "las medidas afectarán a todas las empresas públicas, al sistema financiero, al arco minero, al Banco Central, el Presupuesto, el crédito público, la emisión de dinero, la deuda pública y la enajenación de activos públicos".
FUENTE: Redacción/Nota de Prensa/Centro de Comunicación Nacional
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