miércoles 22  de  marzo 2023
PERÚ

Boluarte pide adelantar elecciones, aumentan las críticas en su contra

La presidenta de Perú afirmó ante el ente hemisférico que es "la única salida a la crisis es pacifica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA y la región"

Por ERNESTO TOVAR

LIMA.- La presidenta peruana Dina Boluarte busca una salida al laberinto político que atraviesa en el posible adelanto de las elecciones generales, que aún debe ser aprobado por el Congreso peruano, y que es reclamado por los miles de manifestantes que han copado esta semana las calles del centro de Lima y de distintas ciudades de Perú desde hace más de seis semanas.

La mandataria afirmó este miércoles ante la sesión plenaria de la Organización de Estados Americano (OEA) que “he pedido al Congreso que se aprueben las elecciones con la mayor prontitud” y reiteró que “la única salida a la crisis es pacifica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA y la región”, durante su intervención via remota frente al cónclave regional.

“Voy a cumplir mi obligación con Perú. Mi obligación consiste en garantizar que los peruanos puedan ejercer libremente el derecho que tienen a decidir el futuro del país con su voto. No me voy a rendir a grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestra Constitución”, dijo Boluarte ante la OEA.

Con estas palabras la presidenta peruana se refirió a las siete semanas de protestas en ciudades, poblados y carreteras principales del sur del país, que han causado ya más de 50 muertes, casi todas de civiles, entre enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o fallecimientos en “hechos vinculados al bloqueo” de vías. En cuanto a heridos, el conteo suma 979 personas según la Defensoría del Pueblo.

Boluarte afirmó ante el ente hemisférico que “la única salida a la crisis es pacifica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA y la región. Ayuden a Perú a encaminar su destino a través de elecciones libres”.

Descontento interno

El bloque parlamentario de partidos de izquierda que respaldó al detenido expresidente Pedro Castillo durante su año y medio de gobierno preparó una moción de destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso, alegando su “incapacidad moral” por su conducción de la crisis social desde que llegó al cargo el 7 de diciembre.

La propuesta debe reunir votos para ser admitida y discutida en el pleno del Legislativo.

Otro escollo que surgió para el gobierno de Boluarte es la investigación preliminar que abrió la Fiscal de la Nación contra el ministro de Interior, Vicente Romero, por la responsabilidad de la Policía Nacional en el allanamiento de la Universidad Nacional San Marcos, en Lima, ocurrido la semana pasada, y donde se detuvieron a casi 200 personas en un operativo ejecutado tras derribar una puerta de acceso con una tanqueta y sin presencia de fiscales del Ministerio Público.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y personalidades de la política criticaron la intervención policial en el recinto universitario, donde pernoctaban cientos de manifestantes -muchos de las etnias aymaras o quéchuas- provenientes de las zonas andinas del país, y han exigido que se determinen responsabilidades.

Amnistía Internacional Perú expresó que “se cumplen casi 50 días de protestas en Perú y la represión no ha parado. Las autoridades peruanas deben garantizar el derecho a la protesta pacífica y al debido proceso, sin estigmatización”-

Asimismo, varias decenas de politólogos y analistas políticos suscribieron un documento esta semana donde expresaron “el más enérgico rechazo al rumbo autoritario que viene adoptando el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola”, y describieron la situación como “acciones de represión y violencia desproporcionada (que) rompen los principios del Estado de derecho”.

“Después de seis semanas de gobierno sin rectificación ni reconocimiento de los abusos, resulta claro que estos no son hechos aislados sino un patrón de conducta que nos sitúa en una peligrosa transición hacia el autoritarismo”, afirma el grupo de académicos.

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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, da una conferencia de prensa con medios extranjeros en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el martes 24 de enero de 2023

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, da una conferencia de prensa con medios extranjeros en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el martes 24 de enero de 2023

Roces internacionales

En el campo de la diplomacia se mantiene también la retórica de los mandatarios de izquierda que cuestionan a Boluarte y su gobierno, en el marco de la destitución de Castillo y la represión a las manifestaciones.

Este jueves la Cancillería peruana anunció que “El Gobierno ha retirado definitivamente al Embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la Presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC desconociendo al Gobierno constitucional de la Presidenta Dina Boluarte”.

Castro había dicho este miércoles en la Celac, que tiene su cumbre en Buenos Aires, que “condenamos el golpe de estado en Perú y la agresión a la que está sometida el pueblo peruano”, expresando además su “solidaridad con el presidente legítimo y electo Pedro Castillo” para el cual demandó su “inmediata liberación”.

Perú dijo este jueves que “como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales con dicho país se mantendrán, de manera indefinida, a nivel de encargados de negocios”.

La Cancillería peruana también informó que “el Vicecanciller Ignacio Higueras transmitió hoy ( este miércoles) al Embajador de Chile el malestar que ha generado en el Gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el Presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la CELAC, a la Presidenta de la República Dina Boluarte”.

Boric señaló que en “nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debería escandalizar”.

El gobierno de Boluarte esgrime que los hechos violentos de muchos manifestantes no se corresponden con el derecho a la protesta pacífica. Durante el mes y medio de demostraciones políticas se han quemado sedes policiales, intentado tomar aeropuertos en tres ciudades, destruido las vías férreas del tren que conduce a Machu Picchu, y causado daños incluso a una ambulancia.

Las pérdidas económicas por las protestas y paralizaciones de vías suman al menos 550 millones de dólares, según cálculos del ministerio de Finanzas.

FUENTE: Ernesto J. Tovar @ernestojt

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