domingo 24  de  marzo 2024
AMÉRICA LATINA

Perú: revueltas estarían incentivadas por agentes externos

Gremios campesinos y organizaciones sociales de izquierda exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte
Por ERNESTO TOVAR

ESPECIAL
@ernestojt

LIMA. - Las protestas lideradas por sectores de izquierda radical en Perú se extendieron durante los últimos días a Lima, donde se esperaba para el cierre de la semana una concentración convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la que se han unido cientos de campesinos provenientes del centro y sur del país que viajaron durante días para llegar a la capital peruana y exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Las manifestaciones han causado ya medio centenar de fallecidos, con más de cuarenta de estas muertes en enfrentamientos directos en las protestas, mientras que el resto se produjo en circunstancias asociadas con las demostraciones de descontento.

Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un pequeño balance sobre su visita de observación realizada en varias ciudades peruanas.

“El Estado peruano debe realizar investigaciones serias e imparciales y en un tiempo rápido para poder establecer qué fue lo que ocurrió” expresó Stuardo Ralón, relator de la CIDH para Perú.

Y añadió que “la investigación debe realizarse con un enfoque de derechos humanos y racial”.

La semana anterior a este dictamen la Fiscal de la Nación anunció que abrió investigaciones judiciales preliminares contra Boluarte, su jefe de Gabinete Alberto Otárola, y los ministros de Interior y de Defensa por las muertes ocurridas en las manifestaciones y la actuación de los cuerpos de seguridad.

Hasta este miércoles se contabilizaban 722 heridos, además de los cincuenta fallecidos, mientras que se reportaron 105 bloqueos de vías y movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 45 provincias de Perú.

Las protestas violentas se desataron luego de que el Congreso peruano destituyó al presidente Pedro Castillo, tras su fallido intento de autogolpe el pasado 7 de diciembre.

La presidenta peruana Dina Boluarte aseguró que no renunciará "por su compromiso con Perú" pese a las presiones de dimisión de lo que llamó "sectores radicales". Además, esta semana llamó a los manifestantes a que la “toma de Lima” ocurra “en paz, en calma".

Un informe técnico de la consultora LLYC estima que las protestas y manifestaciones causan pérdidas económicas por unos 270 millones de dólares al día.

Los temores por la convulsión social provocaron que se pospusiera el inicio del campeonato del fútbol peruano y que el ministerio del Trabajo instara a optar por el teletrabajo para la jornada laboral de este jueves.

La presidenta Boluarte, quien asumió el cargo como vicepresidenta de Castillo, ha pedido perdón por las muertes y solicitó al Congreso que se acelere la votación del posible adelanto de elecciones.

En Cusco, capital del departamento homónimo y conocida por ser la capital del antiguo Imperio Inca, y punto de partida a la famosa ciudadela inca de Machu Picchu, la joya arquitectónica de la cultura inca en Perú, ocurrieron protestas que han afectado el turismo y la actividad comercial.

También el aeropuerto de Cusco fue objeto de un intento de ocupación por manifestantes, que fue repelido por la policía y las Fuerzas Armadas Peruanas, y que apenas fue reabierto el pasado fin de semana.

“Probablemente las protestas continuarán y podrían escalar aún más”, considera María Luisa Puig, directora para América Latina de la consultora de riesgo político Eurasia Group, en una nota de análisis para sus clientes.

En este contexto, Eurasia advierte que “el gobierno de Boluarte continúa siendo muy frágil”, y considera que “aunque la mayoría de los congresistas sean renuentes a recortar aún más sus propios periodos en el cargo, probablemente no tendrán más opciones, si la violencia crece y Boluarte termina renunciando o amenazando con hacerlo”.

“Esto añadirá presión a la presidenta Boluarte y al Congreso para adelantar las elecciones generales, de su propuesta de abril de 2024 a potencialmente el final del año 2023”, afirma Puig.

Por su parte LLYC advierte que “la creciente ola de manifestaciones y las renuncias de los ministros por esta situación (Interior, Trabajo y Mujer) sumada a las acciones del Congreso (iniciativa de la izquierda para destituir a Boluarte) muestran un claro debilitamiento del gobierno”.

DDHH y elecciones

Una de las jornadas más violentas se vivió el lunes 9 de enero de 2023 en Juliaca, donde fallecieron 19 personas, incluyendo un policía, en enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad. El efectivo policial, indica la Defensoría, murió luego de ser quemado dentro de su vehículo por manifestantes, y con señales de haber sido torturado en vida.

También ese día se reportó la quema de una vivienda de familiares de un congresista, “que puso en riesgo la vida de sus padres e hija”, según la Defensoría.

Justamente este tipo de sucesos fueron valorados por una misión especial de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presente en Perú entre el 11 y el 13 de enero.

Reportes de la prensa local indican que la policía peruana ha detectado algunos chats de WhatsApp en labores de inteligencia, que sugieren cierto nivel de coordinación en la organización de las protestas en las regiones más al sur.

Aunado a esto, la semana pasada se le prohibió a Evo Morales el ingreso a Perú. “No ingresan al Perú personas que amenazan el orden interno. Es una decisión firme que prioriza la vida, dignidad e integridad de miles de familias”, dijo el jefe de Gabinete de Boluarte, Alberto Otárola, para justificar el rechazo al expresidente boliviano.

Según el ministerio de Interior, “en los últimos meses se han identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno”.

No obstante, Eurasia apuesta porque si bien es posible que haya ciertos agentes políticos interesados en avivar las manifestaciones, no puede afirmarse que el descontento popular se deba por completo a conspiraciones.

El gobierno peruano ha intentado atajar las protestas y la violencia decretando un estado de emergencia en Lima, Cusco y Puno, donde también rige un toque de queda nocturno.

Pero organizaciones como Amnistía Internacional han demandado que “las autoridades peruanas deben cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil”.

Para Eurasia, las próximas elecciones estarán moldeadas por amplio descontento de los electores, “lo que probablemente resultará en una competencia fragmentada de candidatos.

El adelanto de elecciones planteado actualmente, para abril de 2024, no obstante, aún debe ratificarse en el Congreso.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Te puede interesar