Este lunes, un juez del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, anuló todos las sentencias que habían sido dictadas en contra del expresidente Luis Ignacio "Lula" Da Silva por el caso de corrupción conocido como "Lava Jato", lo que le permite recuperar sus derechos políticos y abre el camino para una eventual candidatura en las presidenciales de 2022 en las que se enfrentaría al actual mandatario del país, Jair Bolsonaro, quien optaría por un segundo periodo.
Sin embargo, se cree que factores de izquierda llevan a cabo una campaña para perjudicar a Bolsonaro e impedir su reelección. Esta campaña consistiría en responsabilizarlo por la crisis del COVID-19. Más de 60 peticiones de impeachment han sido consignadas en el Congreso y se han elevado tres denuncias en su contra ante la Corte Penal Internacional relacionadas con crímenes de lesa humanidad a raíz de la pandemia.
Según explica la periodista Nitu Pérez Osuna en el artículo "La exoneración de Lula forma parte de una feroz campaña contra Bolsonaro", el supuesto plan para desestabilizar a Bolsonaro también incluye la presunta declaración de un exguerrillero argentino, Horacio Verbitsky, amigo de Lula, quien en abril de 2020 aseguró (falsamente) que "hubo una comunicación telefónica de un alto jefe del ejército brasileño con uno del argentino, en el cual el brasileño le informó que habían tomado la decisión de soslayar al presidente Bolsonaro en todas las decisiones importantes", según publicó el portal PanAm Post.
La declaración de Verbitsky fue reproducida por numerosos medios de Brasil y en las redes sociales, "para causar la falsa impresión de que existía una rebelión dentro del Ejército brasileño", agregó PanAm Post, que concluyó que "Lula quiere aprovechar la crisis generada por la pandemia del coronavirus, para promover un golpe de Estado y retomar el poder”.
El juez Fachin argumentó su decisión en el hecho de que la sala que juzgó a Lula no era competente, que los juicios no debieron hacerse en Curitiba, sino en el Distrito Federal. Expertos señalan que solo se trata de tecnicismos que buscan que los delitos de Lula queden impunes.
Los casos cuyas sentencias fueron anuladas corresponden al de un apartamento triplex en el litoral del estado de Sao Paulo, una casa de campo en la localidad de Atibaia, una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario, y otra sobre supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht.
En el primero de ellos, Lula fue condenado a 12 años de prisión; en el proceso de la casa de campo la sentencia fue de 17 años, y en el proceso referido al instituto aún no hay sentencia firme.
Antes de conocerse la decisión del juez Fachin fue divulgada una encuesta por el diario O Estado de Sao Paulo cuyos resultados afirmaron que Lula cuenta con más "capital político" que Bolsonaro de cara a las presidenciales de 2022.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, escribió en Twitter que: "la encuesta lo confirma: a pesar de las mentiras y la persecución, Lula está en el corazón y en la memoria del pueblo, es la esperanza de cambiar lo que está ahí. Mantener a Lula sin derechos políticos es negarle a Brasil el derecho a elegir un nuevo camino. Justicia plena para Lula”.
FUENTE: REDACCIÓN
