martes 10  de  marzo 2026
Cumbre Iberoamericana

Canciller de Nicaragua se queja por sanciones a los Ortega y su círculo

Una treintena de funcionarios y familiares de Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, enfrentan sanciones por abusos y corrupción

MANAGUA - Nicaragua demandó este miércoles en la Cumbre Iberoamericana la suspensión de las "injustas" sanciones internacionales impuestas contra el régimen de Daniel Ortega tras la represión desatada durante las protestas opositoras de 2018, por considerarlas un "obstáculo" en el desarrollo del país.

Denis Moncada Colindres, el canciller del régimen, dijo que "Nicaragua es víctima de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e injustas que constituyen una violación a nuestra soberanía, al derecho internacional y nuestro derecho al desarrollo", el mismo argumento que utilizan los regímenes autoritarios de Cuba y Venezuela.

Cerca de una treintena de funcionarios y familiares del dictador Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y tres de sus hijos que gobiernan junto a sus padres, han sido sancionadas en los últimos tres años por Estados Unidos en el marco de la ley Magnisky, que persigue a los extranjeros señalados por corrupción y violación a derechos humanos.

Washington también aplicó a Nicaragua la Nica-Act, una ley que condiciona los préstamos que recibe Managua de los organismos como el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiaban parte del presupuesto nicaragüense.

Canadá, por su lado, impuso en 2019 sanciones a nueve funcionarios nicaragüenses, entre ellos Murillo.

Mientras que la Unión Europea (UE) adoptó sanciones contra seis funcionarios del régimen y del círculo cercano al caudillo sandinista por su participación en la represión política y el deterioro de instituciones democráticas en Nicaragua.

Entre los sancionados se encuentra el consuegro de Ortega y Murillo, Francisco Díaz, jefe de la Policía. La institución y varios directores también enfrentan sanciones por los crímenes cometidos en el contexto de las protestas.

"Es necesario poner fin y que se deroguen las medidas coercitivas unilaterales y violatorias de la carta de la ONU que obstaculizan los planes de desarrollo de nuestros países", exhortó Moncada, quien consideró que estas sanciones impedirán cumplir con las metas de desarrollo propuestas para 2030. Pero no hablo de las violaciones sistemáticas del régimen contra la oposición.

El canciller intentó vender todas las "bondades" del régimen al que definió como "factor de estabilidad, paz y seguridad regional con importantes indicadores positivos en el desarrollo económico, político y social". Y refirió "esfuerzos" para reducir la pobreza de un 48% a 24% entre 2007, cuando Ortega retornó al poder, y 2020.

Así como una estrategia para evitar que el narcotráfico se asiente en su territorio y crucen drogas hacia el norte, según el canciller del régimen.

Las manifestaciones opositoras, que estallaron en abril de 2018 y se prolongaron varios meses, pedían la dimisión de Ortega, quien gobierna bajo acusaciones de nepotismo, corrupción y fraudes electorales por parte de la oposición.

La represión estatal a esas protestas dejó al menos 328 muertos, según organismos humanitarios, mientras que el dictador reconoce 200 muertos.

Ortega atribuyó la rebelión a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

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