Centroamérica, así como el resto del mundo, no logra establecer a dinámica a seguir con la administración del presidente electo Donald Trump, a partir del 20 de enero, cuando tome posesión.
Excepto Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega calla ante las posibles sanciones del nuevo poder en EEUU, el resto de la región se mantiene a la expectativa de los efectos eventuales de la política de Trump por venir en la economía, la política, la inmigración irregular y las remesas.
Centroamérica tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, conocido como CAFTA y el país norteamericanos es además hogar de más de tres millones de nacionales procedentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, según cifras extraoficiales.
De hecho, los países centroamericanos y República Dominicana, agrupados bajo el tratado CARD, recibieron ingresos de aproximadamente 21.427 millones de dólares en concepto de remesas familiares en 2015, según el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA).
El nuevo mandatario estadounidense es considerado un peligro real para Centroamérica. Si Trump concreta su propuesta de campaña de sacar de su país a inmigrantes indocumentados, generaría un problema real de gobernabilidad en la región.
De momento, en el año fiscal 2015, México repatrió a 166.000 centroamericanos, entre ellos unos 30.000 niños y adolescentes, mientras que EEUU deportó a más de 75.000, pero la capacidad del Gobierno mexicano de controlar el flujo de migrantes y refugiados está "llegando a su límite".
Huracán Otto
El lado sur del territorio centroamericano sufrió los embates del huracán Otto, que procedente del mar Caribe irrumpió principalmente en Costa Rica, donde causó 10 muertes, así como cuatro fallecidos en Panamá, a finales de noviembre.
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El huracán Ottow causó cuantiosos daños materiales en Costa Rica.
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En ambos países hubo miles de damnificados y grandes daños a las cosechas agrícolas, así como viviendas e infraestructura vial. Luego siguió su curso por Nicaragua, aunque debilitado, donde impactó las aéreas forestales del país. El presidente costarricense Luis Guillermo Solís nombró la Comisión Nacional de Reconstrucción para atender las secuelas del huracán.
Inseguridad en el triángulo del norte
Honduras, El Salvador y Guatemala aguardan por la ayuda monetaria de los Estados Unidos para llevar a cabo el Plan Alianza para la Prosperidad, que busca reducir los índices de criminalidad e inseguridad en estos tres países que integran el llamado Triángulo del Norte centroamericano, una de las regiones más violentas del mundo, donde no hay conflicto armado. Para este plan, las naciones buscan crear un fondo de 1.500 millones de dólares, para la que el país norteamericano aportará la mayor cantidad. El Congreso estadounidense aprobó la suma de 750 millones de dólares, que deben ser usados, por los gobiernos de los países antes mencionados, únicamente para crear oportunidades y disminuir los niveles de inseguridad de esta región aquejada por las pandillas, narcotráfico, corrupción e impunidad.
Las cifras de violencia en esta zona son elocuentes. El promedio de homicidios en esa zona superó los 60 por cada 100 mil habitantes en 2015 y, aunque no se tienen números conclusivos del año que termina, la previsión no es alentadora, a pesar de los avances reportados.
Sólo en El Salvador ocurrieron 23 muertes diarias en el primer trimestre de 2016, superando el promedio de 18 por día en 2015, cuando al menos 5.680 personas fueron asesinadas en ese país.
Recientemente el grupo de datos Verisk Maplecroft clasificó a Guatemala como el país con más alto índice de criminalidad de América Latina en 2016 y el segundo del mundo después de Afganistán.
Precisamente para combatir a las pandillas y al narcotráfico, los mandatarios de Honduras, Salvador y Guatemala presentaron la Fuerza de Tarea Trinacional el pasado mes de noviembre.
Militares, policías y expertos en inteligencia de los tres países integran un aparato que es desplegado a través de las fronteras para realizar operaciones coordinadas de seguridad, intercambiar datos y hacer entrega rápida de detenidos, además de constituir unidades especiales de "alto nivel de seguridad".
Crisis migratoria con extra regionales
A mediados de marzo Costa Rica despidió al último cubano de los más de 8.000 que acudieron al país a finales de 2015. Nicaragua había cerrado la frontera e impedía el paso de los cubanos que transitaban rumbo a EEUU, a través de Centroamérica y México.
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Según organismos de derechos humanos, un centenar de hondureños salen a diario hacia Estados Unidos y pagan a traficantes de personas grandes cantidades de dinero.
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Esta situación provocó una crisis migratoria sin precedentes en Centroamérica, que comenzó a finales de 2015 y se extendió hasta 2016. Luego de semanas de tensiones y negociaciones, Costa Rica logró establecer puentes humanitarios con la ayuda de El Salvador Guatemala y México. Los cubanos llegaron a Estados Unidos, llamados por la Ley de Ajuste Cubano que concede el beneficio de la entrada al país por provenir de Cuba, donde perdura un sistema político totalitario. La mayoría de los viajó con la ayuda de puentes humanitarios. El resto de los cubanos lograron entrar a territorio nicaragüense, mientras pagaron altas sumas de dinero a traficantes de personas que los trasladaron a Honduras por rutas peligrosas.
De Panamá partieron unos 4.800 cubanos vía aérea a México y de allí a Estados Unidos. Apenas salieron los miles de cubanos, el problema dio a luz a una nueva oleada de haitianos, africanos y asiáticos, quienes llegaron a Centroamérica procedentes de Sudamérica.
Régimen de Ortega
El rechazo ciudadano al sistema totalitario instaurado en Nicaragua en las elecciones del pasado 6 de noviembre fue silencioso pero contundente, tal y como se observó con la poca asistencia a las urnas. Daniel Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva en Nicaragua, y su mujer, quien actúa como una especie de primer ministro, se eligió por primera vez como vicepresidenta, lo que para muchos fue evidencia de las bases de una dictadura dinástica instaurada por la pareja presidencial en este país centroamericano.
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Miles de nicaragüenses se manifestaron contra la reelección de Danel Ortega.
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Ortega continuará al menos cinco años más en el poder pero no goza legitimidad porque, según opositores, el abstencionismo superó el 70% en Nicaragua, aunque las cifras oficiales del Consejo Supremo Electoral digan lo contrario y fijan en 68,2 el nivel de participación ciudadana en las elecciones.
Ortega ganó las elecciones sin una verdadera oposición, al ser eliminados durante la contienda por el aparato electoral, que es controlado por el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Incluso antes de los comicios, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intelectuales nicaragüenses y expresidentes latinoamericanos expresaron su preocupación por la enrarecida situación política en el país centroamericano.
Destape de la corrupción
A inicios de 2016, el mundo volvió a dirigir la mirada a Guatemala por la toma de posesión del nuevo mandatario, Jimmy Morales, un comediante y economista de derecha que fue el gran ganador de la crisis que desembocó de la destitución del mandatario Otto Pérez Molina, cuando fue acusado de corrupción.
Destapan mafia electoral en Guatemala que llevó al poder a Otto Pérez
Pérez permanecen en prisión preventiva por dos tramas distintas que hasta ahora le atribuyen la CICIG y el MP y en las que se le identifica como cabecilla (CORTESÍA)
Hoy Morales es salpicado de escándalos de corrupción, que aunque en magnitud no son comparables a la situación creada por el gobierno anterior, sí involucra a familiares y miembros de su gabinete.
Mientras tanto, en El Salvador se destapó el mal de la corrupción de los gobiernos de derecha e izquierda presididos por Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014).
Flores falleció en mayo y el tribunal desestimó el juicio por aparentemente desviar 15 millones de dólares donados por Taiwán al país.
Por otra parte, Funes fue acusado por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero pero se refugió en Nicaragua, donde aún reside.
Asimismo, Saca, que está detenido como medida preventiva, dirigió un plan para robar a los fondos del país la suma de 246 millones de dólares, de los cuales 116 millones habrían sido obtenidos en efectivo, según la fiscalía.
Relección en Honduras
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras aceptó la inscripción del presidente Juan Orlando Hernández como precandidato que busca la reelección, algo que, según la oposición, está prohibido constitucionalmente.
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El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández
(EFE)
Una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, fechada el 12 de abril de 2015, dejó abierta la posibilidad de la reelección presidencial.
Cientos de simpatizantes de los partidos de oposición se concentraron en las afueras del TSE para protestar la decisión, mientras otros cientos de partidarios del gobernante coreaban consignas a favor de la reelección.
En 2009, el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe cívicomilitar, a raíz del intento de modificar la Constitución para buscar la reelección.
En las primarias del 12 de marzo próximo serán escogidos los candidatos que participarán en las elecciones generales el 26 de noviembre de 2017.
FUENTE: Especial
