¿Puede la ofensiva de Nayib Bukele liberar a Haití del dominio de las pandillas?

El 18 de octubre, los cuatro militares, especialistas en aviación que prestaban apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), fueron emboscados en las afueras de la capital haitiana. La respuesta de San Salvador incluyó el envío de refuerzos que superaron los 2.000 efectivos. Aunque el paradero de los técnicos continúa sin confirmación pública, el despliegue permitió ampliar las operaciones contra organizaciones armadas que operan en el territorio.

El 10 de noviembre, Bukele difundió imágenes de una operación en la que sus fuerzas destruyeron un inmueble que identificó como sede de la pandilla 400 Mawozo y vinculó con su jefe, Wilson Joseph. Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció públicamente el respaldo de El Salvador y destacó la cooperación con las fuerzas de seguridad de su país. El gesto político también anticipa una posible discusión sobre la continuidad de la asistencia militar.

Para analizar el alcance de estas operaciones y las posibilidades de que Haití solicite una mayor participación de los países centroamericanos, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con José Adán Gutiérrez, comandante retirado de la Marina de Estados Unidos, investigador sénior y cofundador del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2).

El especialista advierte que la pérdida de posiciones de las pandillas puede modificar el control territorial en determinados sectores, pero considera prematuro hablar de una recuperación definitiva de la seguridad. A su juicio, el principal desafío será garantizar que la Policía Nacional de Haití y las instituciones del Estado puedan mantener las zonas intervenidas cuando disminuya la presencia extranjera.

De la búsqueda de los militares a la ofensiva contra las pandillas

¿Cómo se pasó de la desaparición de los cuatro militares salvadoreños a la actual intervención?

El Salvador ya tenía personal en Haití. Los cuatro desaparecidos eran técnicos militares de aviación que prestaban apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida como GSF por sus siglas en inglés. La emboscada del 18 de octubre, en las afueras de Puerto Príncipe, llevó a Bukele a enviar refuerzos para buscarlos. Con la llegada de más de dos mil efectivos, el despliegue adquirió una escala que permitió actuar también contra grupos armados en la zona. La mayoría de esos refuerzos permanece bajo mando salvadoreño en el marco de la cooperación bilateral con Haití. El paradero de los cuatro técnicos sigue sin confirmación pública.

La GSF es una operación multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad y apoyada por Naciones Unidas. Los países participantes aportan los contingentes y el comandante de la fuerza dirige las operaciones. La financiación tiene dos componentes. Los gastos de personal dependen de contribuciones voluntarias y la ONU dispone de un fondo fiduciario para canalizarlas. Por su parte, la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, que se financia mediante cuotas obligatorias de los Estados miembros, proporciona servicios como transporte, comunicaciones y apoyo médico. Esa distinción permite entender el papel de la ONU y por qué el grueso del refuerzo salvadoreño queda fuera de la cadena de mando de la GSF.

¿Qué importancia militar tiene la pérdida de la instalación descrita como un búnker?

El 10 de noviembre, Bukele difundió imágenes y afirmó que sus fuerzas habían destruido un inmueble que identificó como sede de 400 Mawozo y vinculó con su jefe, Wilson Joseph. La información pública deja abierta la cuestión de cuánto daño sufrió y qué función cumplía. Por eso hablaría de una instalación atribuida a la pandilla y dejaría la caracterización de «búnker» sujeta a verificación.

Su valor militar depende de lo que la organización hacía allí. Si se reunía con regularidad o coordinaba actividades desde ese inmueble, la pérdida puede interrumpir su funcionamiento y obligarla a reorganizarse. Si el lugar servía principalmente de refugio, el efecto puede ser más limitado. Lo que me interesa saber es qué dejó de poder hacer la pandilla después de perder acceso al inmueble y cuánto duró esa interrupción.

El control territorial y los riesgos de una nueva escalada

¿Qué capacidad tienen los salvadoreños y la GSF para desarticular a las pandillas de Puerto Príncipe?

Pueden alterar la situación en sectores concretos. Los salvadoreños aportan movilidad y apoyo aéreo, y la GSF puede respaldar a la Policía Nacional de Haití en operaciones que le sería difícil sostener por sí sola. Ese apoyo puede darle a la policía acceso a lugares donde hasta entonces apenas podía entrar. Ahora bien, el comandante de la GSF ejerce el mando operacional sobre las unidades asignadas a esa fuerza, incluidos los salvadoreños que forman parte de ella. El contingente bilateral tiene su propio mando salvadoreño, y las autoridades haitianas conservan la responsabilidad principal por la seguridad pública.

Para desarticular a una pandilla hace falta un trabajo que continúa después del operativo. Alguien tiene que investigar quién la financia, cómo obtiene armas y quién se beneficia de la extorsión. Si esas relaciones quedan intactas, los hombres que abandonaron una posición pueden seguir ejerciendo poder sobre el barrio. Ahí la investigación policial y judicial empieza a pesar tanto como la presencia militar.

¿Puede la pérdida de posiciones reducir el control territorial o cabe esperar una respuesta más violenta?

Puede reducirlo, sobre todo si permite que la policía permanezca en un lugar donde la pandilla cobraba por el paso o decidía quién podía circular. Para el vecino, el cambio se vuelve tangible cuando puede ir al mercado sin pagarle a un grupo armado y volver a casa sin temor a represalias. Eso puede empezar en una sola calle y tener un valor considerable para quienes viven allí.

También puede ocurrir que miembros de la banda reaparezcan en otro sector, o que un grupo rival intente quedarse con los ingresos que quedan vacantes. Observaría lo que pasa en el lugar intervenido y en los barrios vecinos. Si los cobros y las amenazas reaparecen unas calles más allá, el operativo habrá desplazado parte del problema y la población seguirá pagando el costo.

¿Qué distingue la experiencia de Bukele en El Salvador de lo que se necesita en Haití?

Bukele pudo movilizar a la policía, a las Fuerzas Armadas y al sistema penitenciario de su propio país bajo una dirección política común. El Salvador registró una caída pronunciada de la violencia, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó denuncias graves de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso durante el régimen de excepción. En Haití, además de operar en un entorno que conocen menos, los salvadoreños dependen de lo que la policía, la fiscalía y los tribunales haitianos puedan asumir después de una intervención.

Hay una lección salvadoreña anterior a Bukele que me parece especialmente pertinente. Durante la guerra civil, el Ejército recuperó en ocasiones pueblos que estaban en manos de la guerrilla del FMLN. Cuando las tropas se retiraban al poco tiempo, los guerrilleros podían volver y la población quedaba expuesta otra vez a la intimidación y a posibles represalias. La experiencia mostró que, una vez recuperada una comunidad, hacía falta una fuerza capaz de permanecer allí y proteger a sus habitantes. En Haití esa lección se traduce en una pregunta muy concreta. Cuando se marche la unidad que abrió el acceso al barrio, ¿quién se quedará para proteger a las familias que viven allí?

¿Qué hace falta para que la Policía Nacional y el Estado mantengan las zonas intervenidas?

La continuidad debe acordarse desde el principio. En cada zona hay que saber qué unidad haitiana podrá asumir la seguridad, con qué personal y qué respaldo tendrá cuando surjan problemas. Esa presencia debe permitir que alguien denuncie una amenaza, que un fiscal pueda tramitar el caso y que haya protección para quienes se atrevan a declarar. Pensemos en un comerciante al que se le pide información sobre la extorsión. Su decisión dependerá, en buena medida, de quién podrá protegerlo dentro de una semana, cuando el hombre que le cobra vuelva a buscarlo.

El respaldo de Haití y el futuro de la cooperación

¿Qué importancia tiene el respaldo público de Alix Didier Fils-Aimé a Bukele?

El agradecimiento del 10 de noviembre tiene peso político. Fils-Aimé presenta el apoyo salvadoreño como parte de un esfuerzo que dirige su gobierno y en el que participan la policía, las Fuerzas Armadas haitianas y la GSF. También se ha informado de una instancia de coordinación bajo la supervisión del primer ministro. Su existencia indica que Puerto Príncipe busca ordenar la participación de las distintas fuerzas, aunque todavía sabemos poco sobre cómo se resuelven las diferencias entre mandos durante una operación.

La visita anunciada a El Salvador para el 16 y 17 de noviembre ofrece una ocasión para precisar qué tareas seguirá desempeñando el contingente y en qué condiciones podría terminar su presencia. Me interesa especialmente saber qué prevén ambos gobiernos si la búsqueda sigue sin resolverse. Acordar una presencia prolongada supondría definir responsabilidades distintas de las que motivaron el envío de refuerzos en octubre.

¿Podrían las diferencias con representantes estadounidenses afectar la misión internacional?

Sí, porque la preocupación se refiere a lo que sucede cuando fuerzas con mandos distintos actúan en la misma zona. Según la correspondencia diplomática reseñada por Axios, el encargado de negocios estadounidense en Haití, David Howell, planteó a Fils-Aimé que la coordinación salvadoreña con la GSF era insuficiente. San Salvador rechazó los señalamientos y sostuvo que sí había coordinado sus operaciones. Marco Rubio, por su parte, distinguió públicamente la misión bilateral de la GSF y pidió que ambas se coordinaran. Esas versiones dejan abierta la cuestión de cómo funcionó la coordinación en los incidentes concretos.

La coordinación entre mandos sirve, en primer lugar, para evitar que las acciones de una fuerza interfieran con las de otra o pongan en peligro a civiles. Con el gobierno haitiano como punto de enlace, cada contingente debería tener un interlocutor con autoridad para atender un aviso urgente. También debe estar claro quién puede ordenar una pausa dentro de cada cadena de mando y quién se hace cargo de esclarecer un incidente. Hay evidencia de cooperación en operaciones concretas, como la que permitió recuperar el vehículo de los cuatro técnicos. Sigue abierta la pregunta de si ese nivel de coordinación se mantiene cuando coinciden fuerzas con prioridades diferentes.

¿Puede esta intervención convertirse en un modelo de cooperación regional?

Hay elementos que valdría la pena estudiar. Un país de la región puede aportar transporte, evacuación médica, formación o refuerzos temporales cuando una policía nacional está desbordada. Haití permitirá juzgar cuánto de ese apoyo puede convertirse en capacidad propia y qué costos asume cada gobierno mientras dura la misión.

Yo esperaría a ver los resultados antes de proponer que otros países repitan el despliegue. Para hablar de un modelo regional habría que saber quién solicitó cada tipo de apoyo, quién responde por el uso de la fuerza y qué sucede cuando termina la asistencia. Si al cabo de la misión la policía haitiana puede cumplir tareas que antes le resultaba difícil sostener, esa sería una experiencia que otros gobiernos podrían aprovechar.

¿Puede la intervención cambiar el rumbo de Haití?

Puede mejorar la seguridad en partes de Puerto Príncipe y darle al Estado haitiano una oportunidad que hoy necesita. La evidencia pública permite hablar de operaciones y de presión sobre algunas pandillas. Para afirmar que se ha recuperado el control territorial, hace falta ver qué ocurre una vez que disminuye el esfuerzo militar inicial.

Yo volvería a esos mismos barrios unas semanas después. Querría saber si la policía sigue allí, si los comerciantes han dejado de pagar extorsión y si las familias desplazadas consideran seguro regresar. La intervención habrá contribuido a cambiar el rumbo de la crisis si las autoridades haitianas consiguen mantener esas mejoras cuando las tropas salvadoreñas empiecen a retirarse.

El futuro de la presencia salvadoreña en Haití dependerá, por tanto, de los resultados que consigan las fuerzas desplegadas y de la capacidad del Gobierno de Fils-Aimé para sostener los avances. Aunque la destrucción de posiciones atribuidas a las pandillas representa un golpe a sus estructuras, la recuperación de la seguridad exigirá continuidad policial, respaldo institucional y garantías para la población. La próxima visita del primer ministro haitiano a San Salvador podría ofrecer señales sobre si la cooperación se mantendrá como un refuerzo temporal o dará paso a un compromiso militar de mayor alcance.