Situación política de Nicaragua al finalizar abril: a 6 meses de las elecciones
1.- Los siguientes factores enmarcan la situación política de Nicaragua, un poco más de 6 meses antes de las elecciones previstas para el 7 de noviembre de este año:
- En contra de la resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre de 2020, el gobierno a través de su mayoría legislativa, producto de las elecciones de 2016 en que se excluyó a la oposición democrática, presentó un proyecto de reformas que endurece aún más las restricciones contenidas en la actual ley electoral. El proyecto contradice manifiestamente el propósito señalado en dicha resolución de “celebrar elecciones nacionales, presidenciales y legislativas libres y justas en Nicaragua, en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democráticas Interamericana”.
- Todos los precandidatos a la presidencia de la oposición democrática, en un claro avance unitario, suscribieron un pronunciamiento rechazando el proyecto del gobierno por considerar que establece “restricciones legales para limitar la participación a los partidos y candidatos de la oposición”. Entre esas restricciones: amenaza de impedir candidaturas; veto a observación electoral internacional independiente; bipartidismo excluyente; limitaciones al padrón electoral; sustitución del Consejo Supremo Electoral por la Policía Nacional para autorizar movilizaciones electorales; incorporación a ley electoral, que es constitucional, de recientes leyes represivas.
2.- A la vez, se mantiene el Estado de Sitio de hecho. El ambiente de represión generalizada incluye persecución y golpizas a opositores, impedimento policial a la libre movilización de precandidatos y liderazgos de organizaciones democráticas y más de 100 prisioneros políticos. La existencia de grupos paramilitares progubernamentales, puede derivar en vínculos de estos grupos con el crimen organizado internacional. La persistencia de la crisis nicaragüense encierra el peligro de generar impactos dañinos en Centroamérica.
3.- Ortega aprovecha la debilidad coercitiva del derecho internacional y la concentración de los diversos gobiernos en atender la pandemia para manipular el proceso electoral. La experiencia demuestra que, si no encuentra resistencia nacional e internacional, avanza hasta imponer hechos consumados. El mes de mayo, tal como lo estableció la OEA, es un plazo crítico para que puedan concretarse condiciones electorales apropiadas.
4.- Es necesario que la comunidad internacional adopte medidas o envíe señales claras en el sentido de que la imposición de condiciones que impidan un proceso electoral justo y democrático, imposibilitará también reconocer como legítimos los resultados del mismo.
5.- Finalmente, es urgente atender el punto 5 de la resolución de la OEA que encomienda al Secretario General informar al Consejo Permanente de la Organización, sobre el proceso de aplicación de las reformas electorales necesarias para elecciones legítimas en Nicaragua.
FUENTE: Por Edmundo Jarquín
