La exmandataria argentina, enfrenta aún otros procesos judiciales abiertos por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento
La vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández, desde el balcón del Congreso.
AFP
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, saluda a sus simpatizantes en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires el 10 de junio de 2025.
AFPBUENOS AIRES - La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, no irá a prisión. En cambio, cumplirá su pena bajo arresto domiciliario en su apartamento del barrio Constitución, en Buenos Aires, según ordenó este martes un tribunal federal.
La resolución judicial fue emitida días después de que la Corte Suprema ratificara la condena en su contra por administración fraudulenta en la obra pública durante su gestión (2007-2015). La causa, conocida como “Vialidad”, reveló una red de contratos direccionados a empresas vinculadas al entorno kirchnerista en la provincia de Santa Cruz, su bastión político.
A pesar de la magnitud del caso y de los antecedentes que la involucran en otros procesos penales, el tribunal consideró que, por su edad, 72 años, la expresidenta podía cumplir la pena sin ingresar a un penal. La medida incluye la instalación de un dispositivo electrónico de control.
Sectores críticos del kirchnerismo han cuestionado la decisión, calificándola como un nuevo acto de impunidad política. “La condena de Cristina Kirchner es un paso adelante, pero permitirle cumplirla en su domicilio es una concesión inadmisible para alguien que saqueó al Estado”, denunció un dirigente de la oposición bajo reserva.
Fernández, una de las figuras más controvertidas de la política argentina, ha insistido en su inocencia y atacó nuevamente al Poder Judicial. En declaraciones recientes, acusó a los jueces de obedecer intereses económicos, mientras continúa movilizando a sus bases políticas frente a su residencia, donde simpatizantes mantienen una vigilia constante.
El fallo, además, impone a la exmandataria la obligación de no alterar la convivencia del vecindario, algo que ya se ha visto comprometido por la constante presencia de manifestantes y actos políticos improvisados.
La exmandataria argentina enfrenta aún otros procesos judiciales abiertos por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento, pero hasta el momento ninguno ha derivado en prisión efectiva. La prisión domiciliaria dictada este martes se percibe en amplios sectores como una burla a los principios de igualdad ante la ley.
En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es profunda, la noticia reaviva el debate sobre los privilegios de los poderosos y el deterioro de la justicia. Mientras tanto, una parte del país exige que las condenas por corrupción se cumplan sin excepciones ni beneficios especiales.
FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA
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