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La manifestación exigirá que se "respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos" y abogará por la "solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas".

La curadora del arte Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, dijo en una publicación en su perfil en Facebook que "luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil se decidió realizar la marcha el primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional".

"Las cartas entregadas corresponden a la marcha en La Habana, pero durante los días siguientes, ciudadanos de todo el territorio nacional presentarán documentos similares ante las autoridades de su localidad. Cada cubano emigrado podrá acompañarnos también ese día sin importar el lugar del mundo donde se encuentre", añadió Ramos.

"Manifestarse pacíficamente es un derecho humano reconocido en la propia Constitución de La República. Violar o impedir el ejercicio pleno de este derecho constituye un delito. Esperamos que las autoridades actúen con estricto apego al derecho y se respete la dignidad de cada cubano o cubana involucrados en la organización de esta iniciativa ciudadana", escribió.

"Digan lo que digan los defensores del pensamiento único y la exclusión, la Patria es de todos. ¡Y sus calles también!", concluyó la activista.

El martes el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) emitió una declaración en la que dio respaldo a la iniciativa y anunció acciones para visibilizar esta marcha y sus objetivos.

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"Aunque entre los firmantes iniciales se encuentran representantes de Archipiélago y del CTDC, junto a firmas de la Plataforma 27N y del Movimiento San Isidro, uno de los propósitos esenciales de la marcha pacífica es el de ampliar el consenso a otras organizaciones de la sociedad civil, dentro y fuera de Cuba", precisó el CTDC.

Por estas razones, el CTDC abrirá un proceso de consultas con otras organizaciones que no integran ninguna de estas plataformas e instituciones, invitándoles a que se sumen a la iniciativa, "con un concepto fundamental: la condición ciudadana como la base de la soberanía y de los derechos".

Así, el Consejo propuso una serie de pasos, entre los que citan el "empoderamiento constitucional y legal" a los potenciales participantes. En tal sentido, recordó que la Constitución existente, aunque "no parte del pleno Estado de derecho, tiene un cuerpo de derechos fundamentales que todos deben conocer, al tiempo que las leyes vigentes establecen un conjunto de garantías y de sanciones a los funcionarios que limiten, coaccionen o impidan el ejercicio de derechos ciudadanos".

Asimismo, ofrecerá "talleres de educación cívica, comportamiento pacífico y de tolerancia".

"Las jornadas de julio, pacíficas en lo fundamental, fueron testigos de actos violentos que debilitan la imagen de las protestas pacíficas, causan daños a personas y propiedades y distraen de las demandas legítimas y fundamentales de la ciudadanía. La violencia habitual del Estado no debe ser imitada por las y los ciudadanos", argumentó el CTDC.

También se enfocará en "una acción diplomática, dentro y fuera de Cuba, a través de la Secretaría de Exteriores y de otros activistas o ciudadanos cubanos que lo deseen, para dar a conocer los objetivos concretos de la marcha, el fundamento constitucional y legal que la ampara y solicitar el acompañamiento activo en caso de que se siga verificando la violación flagrante de los derechos humanos" de los ciudadanos cubanos.

"Esta acción se dirigirá, especialmente, a los organismos internacionales de derechos humanos", precisó el comunicado del CTDC.

Por último, anunció "acciones de visibilización de la marcha pacífica y de todos y todas quienes se involucren en el proyecto".

En agosto pasado el dramaturgo Yunior García Aguilera, quien propuso convocar una marcha "organizada y pacífica" mediante "Archipiélago", dijo en un comunicado que defenderá el derecho a realizar dichas protestas pese a la publicación del Decreto-Ley 35, que prohíbe convocar a manifestaciones utilizando internet.

"Archipiélago defiende la búsqueda de consensos en la construcción de un país para todos, sin que una parte se sienta dueña de toda la verdad; la proposición de acciones concretas que eviten los caminos violentos; así como el respeto, el civismo y la defensa firme de nuestros derechos", defendió en la presentación del proyecto ciudadano.

"La soberanía no puede interpretarse como el control absoluto de una élite o cúpula sobre el resto de la sociedad. La soberanía reside en el pueblo, de forma intransferible, en toda su amplísima diversidad. Y desde Archipiélago, defendemos esa soberanía, ante cualquier intento de injerencia extranjera y ante cualquier pretensión de un segmento de pueblo por subyugar al resto", dijo García Aguilera.

"Seguiremos impulsando cambios por vías legítimas y pacíficas. Seguiremos promoviendo el debate amplio, libre y respetuoso. Seguiremos exigiendo la liberación de todos los detenidos y condenados de manera injusta, seguiremos defendiendo el derecho a manifestarnos pacíficamente. Seguiremos defendiendo el derecho de llegar a las urnas para cumplir allí la voluntad soberana de nuestros ciudadanos", añadió.

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Los firmantes enviaron la petición a Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, y Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de Administración de La Habana Vieja.

Los firmantes enviaron la petición a Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, y Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de Administración de La Habana Vieja.

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