MIAMI.- La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de relatores especiales y grupos de trabajo de esa institución, acusó formalmente al régimen de Cuba de perseguir la libertad religiosa, destruir iglesias y afectar por motivos de discriminación religiosa la vida de más de un centenar de personas pertenecientes a una minoría.

Cuban Prisoners Defenders (CPD), una institución con sede en España que vela por los derechos humanos en Cuba, publicó en su cuenta de Twitter el documento acusatorio en el que se pone de relieve una serie de hechos que se presentan como “acoso continuado” en contra del pastor cubano Alain Toledano y otras personas de la isla.

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El pasado mes de mayo un grupo de relatores de la ONU dirigió a la cúpula gobernante cubana una notificación en la que se enumera un conjunto de acusaciones por acciones que afectaron al pastor Toledano, al Movimiento Apostólico de Cuba, a su familia y a miembros de su congregación.

El documento, que fijó un plazo de dos meses para dar una respuesta, lo que según CPD no se ha producido, expresa preocupación por “la supuesta supresión” de las actividades religiosas de Toledano y “los actos de intimidación en su contra, incluidos el uso de prohibiciones de viaje, vigilancia, interrogatorios frecuentes (…), detenciones arbitrarias y desalojos forzosos”.

El religioso ha sido arrestado y víctima de hostigamiento en diferentes ocasiones, tanto en su vivienda en Santiago, en el oriente de Cuba, como en la sede de su congregación religiosa llamada Iglesia Enmanuel.

En abril pasado, en medio de la pandemia de coronavirus, el pastor fue detenido bajo la acusación “propagación de epidemias”, por no suspender los servicios religiosos de su grupo.

Según la notificación de la ONU, “estos y otros actos habrían impedido a los seguidores del Movimiento Apostólico organizar y asistir a eventos, y restringido su derecho a observar y expresar libremente en privado o en público sus creencias religiosas o de otro tipo”.

Los relatores que tuvieron a su cargo la elaboración del llamado de atención al régimen cubano igualmente manifestaron alarma “por la destrucción de los lugares de culto que violan el derecho de establecer y mantener lugares de culto para la protección de la identidad religiosa, el derecho en común con los demás miembros de su grupo de practicar su propia religión, y también el derecho de la libertad de religión o de creencia”.

Subraya el documento que “estos hechos parecen ser incompatible con normas de derechos humanos consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que [el régimen de] Cuba firmó el 28 de febrero de 2008”.

El pastor Toledano enfrenta desde el pasado año una acusación por el delito de “desobediencia”. Tanto él como otras personas de su congregación aseguran que las acciones en su contra son un motivo por parte de la Seguridad del Estado para mantenerlo acosado.

Su vivienda, que funcionaba como templo, fue demolido en 2016 y sobre él existe una restricción de salida del país, como otro de los tantos “regulados” a quienes no se les permite viajar al exterior.

Tras los señalamientos, los delegados de la ONU solicitaron a las autoridades cubanas explicar la base legal para la imposición de restricciones a las actividades y reuniones religiosas de Toledano y de otros miembros del Movimiento Apostólico en Cuba.

Asimismo, los relatores demandaron una explicación de cómo “estas restricciones son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la libertad de religión o de creencia, la libertad de expresión, y de profesar y practicar su propia religión, en común con los demás miembros de su minoría religiosa, la libertad de reunión y asociación pacífica”.

Adicionalmente, el documento pide claridad sobre los fundamentos jurídicos que amparan el desalojo forzoso de Toledano y de su familia, e indicar las medidas tomadas para garantizar la seguridad de esas personas.

También pidieron información con relación a las medidas específicas tomadas por el Gobierno para investigar y prevenir actos de intimidación y acoso contra el pastor Toledano y su familia, tanto por actores estatales como no estatales, incluidas medidas para prevenir su recurrencia.

Finalmente, los relatores exigieron al régimen "proporcionar información sobre las medidas que está tomando para asegurar que se respete y proteja el derecho a la libertad de religión de todas las minorías religiosas, incluido el Movimiento Apostólico y sus seguidores y seguidoras".

Aparecen en esta nota:

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