GINEBRA. - El ingreso de menores de 18 años al servicio militar, la separación familiar a que se somete a hijos de padres “desertores”, la pornografía infantil, la privación de libertad y los derechos de libre expresión, manifestación y credo de los niños, las niñas y adolescentes, fueron preocupaciones centrales tratadas por un grupo de expertos, en el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) esta semana en Ginebra.

Durante seis horas, la situación de la infancia en Cuba fue motivo de debate en ese foro. Varias de las preguntas dirigidas por el Comité a los representantes del régimen cubano estaban relacionadas con estos temas y algunos de los expertos que tomaron la palabra durante el ejercicio de debate prolongado, preguntaron concretamente cuáles son las restricciones en Cuba para la libertad de expresión, asociación y credo y cuán pertinentes son las relaciones del Estado con instituciones religiosas para los derechos del niño; qué se hace en el país para promover la asociación pacífica y, cuando hay uso de la fuerza en escenarios como una manifestación, qué diferenciación prevé el estado si hay menores allí.

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En esa línea, se llevó a la mesa de diálogo el tema de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en Cuba y la experta caribeña Marshall Harry se interesó por la administración de justicia juvenil. Aunque reconoció la edad penal establecida en la isla (16 años) como una de las más altas en el mundo, la experta significó la vulnerabilidad del grupo etario comprendido entre los 16 y los 18 años. Al ser sujetos del derecho penal, ¿hay una correcta administración de justicia para ellos?, preguntó, así como pidió más información sobre el “régimen especial para menores”, a partir de la lectura del Código Penal vigente. Calificó como “muy largas” algunas condenas (entre 7 y 19 años) a menores que participaron en las protestas del pasado verano. El régimen respondió que estos procesos están siendo “revisados” y que las sentencias aún “no son firmes”.

A los que tienen más de 16, qué les ha pasado. A los que tienen menos, ¿cómo los arrestan si no tienen responsabilidad penal?, cuestionó la experta.

Por este asunto también se interesó Van Keirsblick. En las preguntas adicionales enfatizó que las EFI (Escuelas de Formación integral tuteladas por el Ministerio del Interior y donde ingresan anualmente unos 150 menores por conductas que tipifican como delitos) son visitadas por la fiscalía general, pero, dijo, ¿no existe una vigilancia independiente? ¿Cuál es el estatus de las EFI? ¿Los niños pueden salir o tienen libertad limitada? El experto pidió los datos de “¿cuántos niños están detenidos en Cuba, ¿cuáles son sus edades y cuál es la duración de sus condenas?”. Esta demanda de información no fue atendida por Cuba.

Luis Pedernera, experto uruguayo, se refirió a posibles excesos o desbordes durante los procesos penales a menores entre 16 y 18 años. Dijo que aun cuando constitucionalmente se pondere el bienestar de los niños, se sabe que en la realidad suele haber “desbordes” e inquirió si frente a estos, hay una actuación inmediata.

La delegación oficial respondió que existen “respuestas institucionales” al poner los casos en conocimiento de autoridades facultadas, con lo cual se toman “medidas en el orden administrativo o penal si así procediera”. Reconoció, sin embargo, que ocurren violaciones: “que no se consigne en acta, que no se avise a los familiares ni se instruya de cargos correctamente” (…) pero justificó que el Fiscal “está supervisando desde el primer momento para corregir estas anomalías”.

Separación familiar

En torno a los hijos de padres encarcelados, los expertos preguntaron, a modo de sugerencia, si habría penas alternativas para madres privadas de libertad. Los representantes del régimen contestaron que, en el caso de las mujeres, “está previsto que cumplan sus sanciones en establecimientos independientes”. Aseguraron que se proporciona atención a más de 9.000 familias en esta situación y que, al año, se dispensan 4.000 prestaciones de servicios en cuestiones como vinculación al estudio y hogares de niños sin amparo filial.

Además de mostrar atención específica en torno a la separación familiar que se produce por la privación de libertad tanto de los menores como de sus padres o tutores legales, introdujeron el asunto de los padres “desertores” cuyos hijos se ven afectados por la distancia. El Comité solicitó a la amplia delegación oficial cubana: “qué planes tienen para la reunificación familiar y para que estos niños no estén separados de sus padres ni se les limite por (hasta 8) años la posibilidad de recibir los afectos necesarios”.

El embajador Juan Antonio Quintanilla dijo que en Cuba la reunificación familiar con personas que “estarían en el exterior” depende no solo de regulaciones del país sino también de los demás… “Deben iniciar estos procedimientos”, resolvió, sin aludir a las deserciones de personal en misiones y las limitaciones de retorno que se les imponen.

Servicio militar

Uno de los temas recurrentes para el Comité fue la inserción de niños en el Servicio Militar (SM). La delegación oficial cubana negó que hubiera menores de 18 en el Servicio Militar y calificó el alistamiento de adolescentes como “voluntario”. No obstante, los expertos cuestionaron: ¿Cuáles son las medidas para sancionar el reclutamiento de niños? La parte estatal cubana negó que se reclutaran para el SM personas menores de 18 años, aun cuando el marco regulatorio vigente en la isla expresa que desde los 17 pueden ser reclutados.

Salud y educación

Si bien la representación estatal cubana enfatizó que en 2022 el 69% del presupuesto estatal va dedicado a sectores como salud, educación y seguridad social, las preguntas de los expertos estuvieron dirigidas a conocer qué impacto real tienen estos números en los niños, niñas y adolescentes en Cuba.

La representación oficial alegó que Cuba fue el primer país en acometer vacunación masiva a población infantil (“con una vacuna nacional”) y sus representantes se refirieron a que, en la isla, desde la captación del embarazo, las madres acceden a tratamientos y alimentación y a los niños se les garantiza leche a temprana edad. Esta información podría catalogarse como engañosa si se toma en cuenta que obvia el contexto de escasez, retraso en suministros y su efecto sobre los infantes, que crecen en no pocos casos con niveles insuficientes de hemoglobina por la falta de alimentos. La cuota de leche que se suministra a través de la libreta de racionamiento vigente por más de 60 años, por ejemplo, sólo la pueden adquirir por esta vía los niños hasta la edad de 7 años. A partir de entonces, ese alimento sólo lo consumen los menores cuyos padres lo puedan adquirir en mercado negro o por ayuda de familiares en el exterior.

Desde el ángulo educativo, el experto mencionó que, por ejemplo, las EFI podrían ser un remanente de las escuelas que entre 1900 y 1930 existían en Latinoamérica con un enfoque del niño como objeto, no como sujeto, por lo que se violaba el principio de legalidad.

Otros especialistas pidieron detalles de las EFI, de cómo lucen, cuáles son los programas y métodos educativos que utilizan. Van Keirsblick se preocupó por si el aspecto de seguridad está por encima de la reeducación. La respuesta estatal estuvo centrada en tratar de demostrar que estas escuelas funcionan prácticamente igual al resto. No explicaron el régimen de internamiento.

Menores con discapacidad

El experto Clarence Nelson destacó que cabría pensar en una Ley concreta para proteger a los niños con discapacidades. Aseveró que ello tendría una serie de ventajas desde el punto de vista de los resultados debido al mayor acceso a datos y planeación del presupuesto. Cuestionó asimismo sobre los planes de acción actuales en relación con los niños con discapacidad y abogó por una educación verdaderamente inclusiva, lo que equivaldría a valorar la pertinencia de las llamadas “escuelas especiales”.

Pornografía, turismo sexual y malos tratos

El experto uruguayo Pedernera, uno de los más activos en esta sesión de análisis a Cuba, expresó el rechazo rotundo del Comité a los malos tratos, más allá de lo formal.

“En el orden legislativo, el proyecto de Código Penal ha transformado todo lo relacionado con tráfico y trata de menores, pornografía y turismo sexual. Se han armonizado con los protocolos y se titulará ‘Delitos contra la dignidad humana’ porque es el valor que transversaliza a nuestra sociedad”, alegaron los representantes de la delegación oficial. No obstante, este código aún no ha sido aprobado y las cifras no son despreciables: si bien la delegación oficial mencionó que existen tres centros de atención a adolescentes víctimas de delitos de abuso sexual y similares, donde equipos multidisciplinarios ofrecen acompañamiento a las familias, acciones de escucha a niños, niñas y adolescentes, expusieron que más de 2.400 fueron víctimas de abuso sexual.

Trabajo infantil

La delegación refirió categóricamente que en Cuba está prohibido constitucionalmente el trabajo infantil. Identificaron, según dijeron, 670 jóvenes trabajadores entre 15 y 17 años; se hizo inspección y se detectaron solo dos infracciones en relación con el empleo de menores de edad. No hicieron referencia al trabajo sexual infantil.

***

Luego de dos días de análisis en los que el debate fue exhaustivo a pesar de las reiteraciones del Estado parte en torno a “logros” y omisiones en torno a lagunas en materia de bienestar infantil (particularmente el de los menores privados de libertad), el Comité consideró importante el intercambio, postergado por la pandemia de COVID19 y desde antes. La revisión anterior del CRC a Cuba fue en 2011. Justo la temporalidad fue un asunto abordado hasta el último momento, sobre todo en relación con las penas privativas de la libertad. “El tiempo de los menores no es el mismo de los niños”, aseveró Pedernera. Próximamente, serán emitidas las recomendaciones finales al estado cubano.

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