
Mientras los dirigentes del régimen usan mascarillas más eficaces, como las N95, la población cubana recurre a las hechas de tela para protegerse del COVID-19
LA HABANA.- En Cuba, mientras la población debe protegerse del COVID-19 con mascarillas confeccionadas en casa, sin aval de seguridad, las autoridades usan las certificadas, como por ejemplo las N95 y las FPP2.
En las imágenes que muestra la propaganda de prensa oficial y las redes sociales se pueden ver desde Miguel Díaz-Canel, pasando por ministros y otras figuras del régimen con las mascarillas que brindan la mejor protección contra el coronavirus. Sin embargo, esas mismas imágenes muestran que los médicos y el personal de salud que lidia directamente con el COVID-19 se tiene que conformar con mascarillas improvisadas con telas o dobles nasobucos, reseñó Diario de Cuba.
En sus prioridades, las autoridades han desdeñado los medios de protección, de diagnóstico y otros materiales gastables imprescindibles para la contención de la pandemia, mientras inspectores y policías siguen exigiendo el uso del nasuboco y multando por no llevarlo o por su uso incorrecto.
En febrero la estatal Empresa de Confecciones Textiles Unimoda, ubicada en Matanzas, anunció la confección de mascarillas desechables, higiénicas y quirúrgicas por primera vez en Cuba.
A inicios de junio la prensa oficial publicó que la comercialización del producto estaba prevista para finales de ese mes. Empezaría por el sector de Salud Pública y llegaría en julio a las cuestionadas tiendas del régimen para la venta en dólares.
Sin embargo, las mascarillas desechables quirúrgicas no se venden ni se han vendido nunca en las farmacias de la Isla ni en ningún establecimiento estatal. Tampoco en las tiendas en divisas.
Las mascarillas quirúrgicas que se ven en las calles de la Isla vienen del exterior, traídas por particulares a sus familias o revendidas quienes viajan a otros países para comprar.
Asímismo, en las últimas semanas, estos productos han integrado los cargamentos de donaciones que han sido enviados por otros gobiernos tras las históricas protestas del 11 de julio en la isla. Sin embargo, a la población siguen sin llegar.