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MIAMI.- Le dieron 100 dólares y lo escoltaron hasta el aeropuerto de La Habana para que abandonara Cuba. Daniel Llorente, el hombre que llenó titulares por correr con una bandera estadounidense en un desfile del 1ro de Mayo en la capital cubana, dio su testimonio desde Guyana, a donde se vio obligado a viajar, amenazado por el régimen cubano.

A Onelia Alonso le dijeron: “Te vas, o te desaparecemos”. Vendió lo que tenía y se aventuró a lo desconocido. Sufrió vejaciones en Trinidad y Tobago, atravesó la despiadada selva del Darién en Colombia, fue detenida por militares y ahora se encuentra en Perú.

Estas son apenas dos historias en un mar de denuncias, silencio e incertidumbre. Si hubiera que describir con una palabra al régimen cubano, “esta sería prohibir”.

Además, “para quienes viven en la Isla está prohibido actuar en contra de la línea política del Gobierno”, denunció la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD), vinculada con la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que ofreció este martes una rueda de prensa sobre las expatriaciones de opositores por parte del régimen cubano.

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<p></p>El presidente de CPD, Javier Larrondo, durante una conferencia de prensa en las afueras de Miami.<p></p>

El presidente de CPD, Javier Larrondo, durante una conferencia de prensa en las afueras de Miami.

“Para muchos opositores en el exterior está prohibido regresar a su tierra natal; a los disidentes en Cuba se les amenaza y obliga a dejar su país en un viaje sin retorno”, señaló el presidente de CPD, Javier Larrondo, durante una conferencia de prensa en las afueras de Miami.

En el documento titulado Expatriaciones forzosas masivas en Cuba, al que DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso, se hace una meticulosa revisión de diversos casos de expatriaciones en contra de la voluntad de ciudadanos cubanos que se oponen al régimen de la Isla.

La denuncia de 260 páginas, que fue presentada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra y la Organización de Estados Americanos, recoge testimonios en torno a la “responsabilidad civil y penal de Cuba y de sus cómplices en las recientes ejecuciones de expatriaciones forzosas”, las cuales se han agudizado desde finales de 2018.

Larrondo, que anteriormente organizó una demanda que resalta los maltratos del régimen cubano a sus profesionales de la salud, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que “es importante que el Departamento de Estado de EEUU sepa que Aruba Airlines, que es una aerolínea del régimen venezolano, está haciendo estas cosas”.

“Son muchas acciones que hay que trabajar y si se hacen adecuadamente con informes y pruebas, eso genera ramificaciones, y van haciendo que el régimen cubano pierda grados de libertad, porque vive de la hipocresía, y en cuanto le sacamos las vergüenzas al aire, ya es un paso hacia atrás”, añadió. Y en general, en torno a las violaciones de derechos que tienen lugar en Latinoamérica, apuntó: “Hay que rebelarse contra los efectos que genera el castrismo, el madurismo y el orteguismo”.

Un total de 77 casos son reunidos en este informe, de los que 42 han dado fe de amenazas graves e instigación a la expatriación forzosa (amenazados), y 35 han sido obligados a abandonar la Isla (expatriados). Estas constituyen las dos categorías de víctimas detalladas en el documento.

Según los datos recogidos en una tabla que aúna declaraciones de 26 expatriados de forma forzosa: un 92% de los activistas sufrían habitualmente amenazas por parte del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE); a un 81% se les privaba de trabajo por su actividad opositora; al 85% de ellos se les obligó de forma directa a la expatriación; al 77% se les vigiló en el aeropuerto para asegurar su salida; solo a un 8% de ellos les permitieron sacar a su familia.

En dicha denuncia se encuentra también un informe pericial y un dictamen jurídico realizado por la abogada María Herrera Mellado, quien tomó declaraciones en Costa Rica de dos de los cubanos expatriados. Como recoge el documento, el régimen de La Habana ha estado persiguiendo a los activistas de Derechos Humanos, a quienes se les coacciona con fuertes amenazas (cárcel, incluso la muerte), para que abandonen su país natal de forma definitiva.

La abogada Herrera Mellado destacó el tema del tráfico humano. “Si se abre una investigación a través de la fiscalía de Guyana y conseguimos demostrar que ellos están metiendo en esos aviones a los cubanos como polizones, que la aerolínea está obteniendo beneficios y que el inmigrante no consintió, entonces sí habría un caso de tráfico de personas”, explicó.

Además, insistió, “los cubanos se siguen sintiendo perseguidos en Guyana una vez que llegan al país. Es importante que trabajemos con organizaciones en muchos países, para tener un foro activo de información”, que sea útil para estas personas tengan asesoría”.

En el documento se señalan como presuntos autores de estas violaciones de derechos humanos a personas a cargo de organismos estatales, como Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Manuel Silveira Martínez, Ministro de Justicia, entre otros.

Tal y como explicó la abogada Herrera Mellado, a partir de las declaraciones de Eliécer Góngora, agentes de la Seguridad del Estado lo llevaron junto a su padre “al aeropuerto José Martí el 20 de febrero de 2019 a altas horas de la noche. Esperó sentado hasta la 4:00 a.m. del día siguiente en un banco, junto a su padre de 86 años (quien se quedaba dormido en su rodilla). En ese momento ya se imaginaba que querían desterrarlo”.

En este sentido, la denuncia destaca que en algunos casos, como ocurrió con Góngora, el régimen cubano no le entregó un billete aéreo y podría haber estado en contubernio con Aruba Airlines (con sede en Venezuela) para falsificar la lista de pasajeros.

Como indica la denuncia, “Aruba Airlines, mediante connivencia con el gobierno de Cuba, estaría insertando a los pasajeros en dichos vuelos como tripulación, pero como éstos no lo son y deben entrar de forma corriente por la aduana, luego deberá falsificar la lista de pasajeros de cara a que las aduanas puedan dar entrada al mismo de forma regular”, agrega el documento.

Y añade: “La ejecución de esta práctica, que tendría por tanto el concurso y participación de la línea aérea venezolana Aruba Airlines, violaría al servicio del gobierno de Cuba, como si de un “coyote” o medio de transporte ilegal se tratase, todas las normativas internacionales aplicables a la aviación civil”.

Al cierre de la jornada del martes, Aruba Airlines ha transmitido su molestia tras verse implicada en el asunto. Por su parte, Larrondo espera que estas acciones desencadenen otras, y que Naciones Unidas ofrezca una respuesta más concreta. Sin embargo, echó de menos recibir más apoyo de la Unión Europea en este sentido.

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