ESPECIAL/CARACAS.- La comunidad internacional se ha ido pronunciando a favor del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de la elección celebrada el 28 de julio. No obstante, los reconocimientos acordados en el Congreso y Senado de España, al igual que en el Congreso de Colombia o el Senado de República Dominicana al no ser vinculantes no han cambiado significativamente la posición de sus gobiernos y la posibilidad de que Nicolás Maduro tome posesión para un nuevo periodo constitucional.
“Con seguridad, Maduro se posesionará el próximo 10 de enero de 2025”, reconoció el presidente de Colombia Gustavo Petro después del debate general del 79º periodo de sesiones en la Organización de Naciones Unidas (ONU). La advertencia de Petro se une al temor generalizado en la comunidad internacional de que se repitan los errores asociados al reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó en 2019.
Otros gobiernos prefieren seguir presionando para que Maduro, primero acepte la derrota en la elección presidencial del 28 de julio y después garantice el traspaso de poder en enero. Por ejemplo, Canadá ha emplazado a las autoridades venezolanas a iniciar un proceso de transición política y reconocer los “verdaderos resultados” de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, mientras el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea no reconoce la “legitimidad democrática” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela porque “dice que ha ganado las elecciones sin demostrarlo”.
Sin embargo, Borrell ha precisado que la UE no puede reconocer gobiernos ni Estados porque son una potestad de los estados miembros, pero lo que sí puede hacer es “reconocer la legitimidad democrática de quien ostenta el poder, el control territorial, del ejército, de la policía (…) Ese control, fácticamente, era de Maduro antes de las elecciones y sigue siendo de Maduro después de las elecciones. Pero no lo consideramos una persona que pueda reclamar legitimidad democrática del poder que ostenta”
Borrell ha reconocido que los reconocimientos “pueden tener un valor simbólico”, pero “no cambian la realidad”.
Diferente al interinato
El abogado José Ignacio Hernández, quien fue procurador del gobierno interino de Guaidó en su primera etapa, sostiene que la ilegitimidad de Maduro es la primera y más importante de las consecuencias de las decisiones que ha tomado, por ejemplo, el congreso español.
Según Hernández, los eventuales desconocimientos de la proclamación de Maduro “va a afectar no solo su legitimidad, sino tanto más, su capacidad de gobernar. Ello, al margen de quién sea reconocido como presidente electo”.
Sostiene que los reconocimientos a Edmundo González como presidente electo provocará la inviabilidad del régimen de Maduro, “basado en la ilegitimidad de su proclamación y, además, en las graves violaciones a derechos humanos”
Hernández considera que una de las grandes conclusiones de la decisión del Congreso español es que Maduro no es el presidente legítimamente electo, pues ese rol corresponde a Edmundo González. “Esta es, por cierto, la gran diferencia de lo que pasó en Venezuela en 2018”, sostiene Hernández en alusión al caso de Juan Guaidó.
Nicaragua
David Smile, director del departamento de sociología de la Universidad de Tulane (Louisiana) sostiene que antes de la elección presidencial del 28 de julio se produjeron dos cambios significativos en Venezuela: El primero fue el reencuentro con la política y la ruta electoral del sector opositor que había negado su utilidad y en segunda instancia definir un plan claro para defender el voto.
“En 2013 -recuerda Smile- tras la ajustada victoria de Maduro, la oposición liderada por Henrique Capriles reaccionó de forma improvisada, formulando demandas que carecían de sentido estratégico y eran fácilmente desviadas por el gobierno. En este contexto, anticipando que el gobierno intentaría robar los votos reteniendo las actas, la campaña opositora se preparó para recolectar y publicar todas las actas disponibles en una página web. Esta estrategia fue brillante y dejó pocas dudas sobre su victoria, lo que mostró una expansión efectiva del espacio político”.
Sin embargo, Smile admite que faltó “un plan claro sobre cómo proceder después de esa fase. Si bien habían ampliado el ámbito de la política y la movilización al incluir la publicación de los resultados, este fue realmente el límite de su estrategia. Nuevamente, la teoría del cambio parecía basarse en la creencia de que cuando la rectitud se enfrentará a la maldad, los muros de Jericó caerían por sí solos”.
Smile sostiene que, a lo largo de este proceso electoral, “el gobierno de Maduro ha evolucionado de un poder hegemónico basado en la coerción y el consentimiento a una dictadura que depende exclusivamente de la represión. Tras las elecciones, muchos de aquellos que realmente desertaron sufrieron las consecuencias, enfrentando despidos e incluso arrestos si no colaboraban. Esta represión selectiva ha permitido al gobierno recuperar el control. Sin embargo, estamos indudablemente en una nueva etapa; hay chavistas que, por primera vez en décadas, están reconociendo que estas personas son dictadores y que deben irse”
Para Smile el escenario posterior a la elección del 28 de julio “no es el que el gobierno de Maduro deseaba (…) Fueron a las elecciones buscando la legitimidad que podría conducir a una normalización, pero lograron exactamente lo contrario: son un estado forajido en un estado permanente de excepción. Sin embargo, con las democracias occidentales agotadas por el caso de Venezuela y convencidas de que ni las sanciones ni los gobiernos interinos funcionan, y con sólidas alianzas con autocracias globales, las probabilidades de que Maduro sobreviva esta crisis están claramente a su favor”.
