El Gobierno de Trinidad y Tobago, aliado de la dictadura de Nicolás Maduro, en una decisión muy criticada, lanzó el domingo al mar a 16 menores, entre ellos un bebé de cuatro meses, y a nueve mujeres que habían entrado ilegalmente a ese país.

Varios medios de prensa reportan que las autoridades ejecutaron la deportación sin que la mayoría de los infantes estuvieran acompañados de sus padres y a bordo de dos frágiles embarcaciones.

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Entre los menores deportados había uno se solo cuatro meses

Entre los menores deportados había uno se solo cuatro meses

Consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS la abogada de Inmigración María Herrera Mellado opina que en este caso “hubo una mala interpretación del derecho internacional o una mala comunicación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad; en este caso las de inmigración y el poder judicial en Trinidad y Tobago”.

Herrera Mellado aclara que “la Convención de los Derechos del Niño otorga una serie de principios fundamentales para la efectiva protección de los menores, sin embargo, no incluye el principio de “no devolución” lo cual, si está incluido en otras convenciones internacionales”.

El principio de “no devolución”, resalta la letrada, 'le corresponde al estado cumplirlo siempre que determine varias condiciones: Una, que la persona que entre a su estado es menor de edad. En este caso había menores uno de ellos de solo cuatro meses y segundo, que cumpla la condición de refugiado. Refugiado es todo aquel que se encuentre en un tercer país diferente al de origen y venga pidiendo ayuda o refugio porque está siendo perseguido o tiene miedo a ser perseguido”.

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El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) condenó “el silencio vergonzante del régimen encabezado por Nicolás Maduro” ante los sucesos y denunció “el último acto abominable de la política migratoria retrógrada implementada por el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley”. Rowleyes uno de los beneficiados de la petrodiplomacia iniciada por Hugo Chávez y proseguida por el propio Maduro.

El COVRI instó además a la dictadura chavista a pronunciarse en términos enérgicos y denunciar las deportaciones forzosas y temerarias de niños venezolanos desde Trinidad y Tobago en instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Es necesario subrayar que el golfo de Paria se ha convertido en los últimos años en una peligrosa travesía para los migrantes venezolanos que huyen de un sistema político fallido, sin oportunidades que derivan en una emergencia humanitaria compleja, agravada hoy por la pandemia del COVID-19. “La búsqueda de mejores oportunidades de vida en Trinidad y Tobago sigue impulsando a muchos compatriotas a arriesgar la vida en precarias travesías marítimas, siendo además víctimas de mafias de trata de personas que operan entre ambos países”, dijo el comunicado del COVRI.

Entretanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a Trinidad y Tobago a "garantizar el ingreso" de venezolanos "que buscan protección internacional por razones humanitarias".

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El Gobierno de Trinidad y Tobago, aliado de la dictadura de Nicolás Maduro, en una decisión muy criticada, lanzó el domingo al mar a 16 menores, entre ellos un bebé de cuatro meses, y a nueve mujeres que habían entrado ilegalmente a ese país.

El Gobierno de Trinidad y Tobago, aliado de la dictadura de Nicolás Maduro, en una decisión muy criticada, lanzó el domingo al mar a 16 menores, entre ellos un bebé de cuatro meses, y a nueve mujeres que habían entrado ilegalmente a ese país.

David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) insistió en que los "refugiados venezolanos han sufrido en Trinidad deportaciones, feminicidio, violencia de género, detenciones y xenofobia. La justificación de estos tratos discriminatorios pareciera que es la alianza del gobierno de Trinidad con el régimen” de Caracas.

Mientras, el gobierno interino de Juan Guaidó aseguró que ordenará “a la Asamblea Nacional abrir una investigación, ya que la vida de estos venezolanos corre peligro. Nuestra gente hoy no migra voluntariamente, son refugiados de una dictadura que comete delitos de lesa humanidad y generó una emergencia humanitaria"

La escandalosa deportación también provocó reacciones en Trinidad y Tobago, donde una jueza de la Corte Suprema ordenó al Ejército que rescatara a los menores y a las mujeres y los devolvieran al país ya que fueron expulsados con sus procesos legales pendientes.

En Venezuela, según se notificó, varios manifestantes se han acercado a la sede diplomática del país caribeño a protestar

El dirigente opositor Henrique Capriles denunció: "Mientras los niños se encuentran en peligro, en Miraflores tenían una fiesta. ¡Cuánta indolencia!".

Los 16 niños venezolanos deportados lograron retornar a la isla tras pasar un día en altamar.

Al amparo de la situación la jueza Joan Charles señaló que las leyes y políticas de inmigración de Trinidad y Tobago no prevén la detención y deportación de niños, según informó el Guardian Media y ordenó la liberación inmediata de 10 niños venezolanos que fueron detenidos en el Helipuerto de la Guardia Costera en Chaguaramas.

Los abogados defensores de los pequeños afirmaron que la detención y deportación de los niños debía ser rectificada porque podía afectar la reputación internacional de los menores. Además, argumentaron que la situación podría afectarlos psicológicamente.

“Se necesita hacer más. Esta situación debe rectificarse y se deben establecer los procedimientos y la política adecuados para facilitar la liberación de estos niños”, dijo Charles.

La Organización de Naciones Unidas estima en más de cinco millones el éxodo de venezolanos desde 2015, provcada por la aguda crisis de su país, unos 24.000 con Trinidad y Tobago como destino.

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Niña llora en los brazos de su madre

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Liz Throssell, portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo que el organismo se muestra "profundamente preocupado por la decisión" de las autoridades de la isla y declaró que "Los niños no deberían ser nunca deportados de forma forzosa en función de estatuto migratorio, o el de sus padres".

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