La caída política de Evo Morales, parece acelerarse con un proceso que podría llevarlo por primera vez ante un tribunal penal
El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.
Foto de AIZAR RALDES / AFPLA PAZ - La Fiscalía del departamento boliviano de Tarija presentó este martes una acusación formal contra el expresidente de izquierda Evo Morales, por el presunto delito de trata de personas agravado, en el marco de una relación con una menor de edad ocurrida en 2015, cuando aún ejercía la presidencia.
Según el Ministerio Público de Tarija, la investigación —iniciada en septiembre de 2024— reunió indicios suficientes para sustentar la acusación contra Morales y contra Idelsa Pozo, madre de la presunta víctima.
De acuerdo con la denuncia, de esa relación nació una niña. El exmandatario no asistió a ninguna de las citaciones emitidas en el proceso judicial.
Morales, quien no se ha presentado a ninguna de las citaciones judiciales, permanece en su bastión político del Chapare, resguardado por un fuerte anillo de seguridad compuesto por sus seguidores. Desde allí, intenta deslegitimar la acusación, calificándola como una “persecución política” promovida por el gobierno del presidente Luis Arce, su antiguo aliado y hoy principal rival dentro del oficialismo.
La presentación formal de cargos marca un golpe contundente al antiguo caudillo de la izquierda boliviana, cuyo poder se ha ido erosionando tras la derrota electoral del MAS y las divisiones internas que fracturaron al movimiento que dominó la política nacional durante dos décadas.
Morales ya había sido investigado en 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por hechos similares, aunque el proceso no prosperó por falta de pruebas. Sin embargo, el nuevo expediente incluye testimonios y registros adicionales que fortalecen la acusación.
El caso tiene, además, una dimensión internacional, ya que Morales también enfrenta una denuncia en Argentina por presunto abuso de menores, interpuesta por sectores políticos cercanos al presidente Javier Milei.
En medio de la conmoción que generó la acusación, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue destituida de su cargo horas después de formalizar el proceso contra Morales.
“Me llegó mi memorándum de agradecimiento de servicio”, confirmó la exfiscal a El Deber, sin que la Fiscalía General ofreciera explicaciones.
La denuncia y la destitución inmediata de la fiscal han desatado sospechas de presiones políticas dentro del sistema judicial, evidenciando el grado de tensión que genera cualquier causa que toque al exmandatario.
La caída política de Morales, antes símbolo del llamado “socialismo del siglo XXI”, parece acelerarse con un proceso que podría llevarlo por primera vez ante un tribunal penal por delitos que, de comprobarse, tendrían una enorme carga moral y judicial para el exgobernante.
FUENTE: Con información de Europa Press
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