MIAMI.-JUDITH FLORES
Especial
La ley con apoyo bipartidista, presentada al Congreso EEUU esta semana, busca que entidades financieras nieguen préstamos al Gobierno de Nicaragua por violador de derechos humanos
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La organización Freedom House emitió este miércoles una declaración en la que respalda el proyecto de Ley de condicionalidad a las inversiones en Nicaragua, presentada a inicios de la semana ante la Cámara de Representantes por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana), y Albio Sires (demócrata).
Mark P. Lagon, presidente de Freedom House, organización dedicada a la defensa internacional de la democracia y los derechos humanos, dijo que esa organización aplaude la iniciativa de los congresistas Ros-Lehtinen y Sires, por su apoyo a la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, al tiempo que urgió al Congreso a aprobar esa Ley, tras considerar que contribuiría a que haya reformas en la nación centroamericana, gobernada por Daniel Ortega.
El proyecto de Ley cuenta con un amplio apoyo bipartidista, es copatrocinado además por otros ocho congresistas y tiene como finalidad aprobar una legislación para que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de todos los préstamos que solicite el Gobierno de Nicaragua ante instituciones financieras internacionales.
La medida es consecuencia de las “acciones antidemocráticas” del presidente Ortega, justifica la Ley, que se traducen en la falta de elecciones libres, justas y transparentes y la reciente expulsión de Nicaragua de tres estadounidenses, en las últimas semanas.
De ser aprobada, la Ley sería un golpe para el régimen sandinista. Estados Unidos tiene un peso decisivo ante organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, para la aprobación de préstamos.
Lagon declaró que el Gobierno de Ortega restringe los derechos básicos de los nicaragüenses, limita el trabajo de los medios de comunicación y de la oposición política nicaragüense.
A su juicio, el proyecto ya conocido como la Ley Nica, contribuiría a que el régimen haga reformas en el país como la celebración de elecciones libres y justas, promover la democracia, fortalecer el estado de derecho y el respeto del derecho a la libertad de asociación y expresión, y que “permita una misión de observación electoral para ser enviada a Nicaragua en 2016 y 2017, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos”, preciso el presidente de Freedom House.
El gobierno de Nicaragua expulsó en febrero de este año al director de Freedom House, Carlos Ponce, cuando visitaba el país para reunirse con organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y de la sociedad civil, testigos vitales para una organización de vigilancia independiente que apoya el cambio democrático, supervisa el estado de la libertad en todo el mundo, y aboga por la democracia y los derechos humanos.
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