Pablo Beltrán, representante de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo por la izquierda, estrecha la mano de Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz de Colombia, en la reanudación de los diálogos de paz en Caracas, Venezuela. El gobierno colombiano y el ELN anunciaron que México será la nueva sede del segundo ciclo de negociación que iniciará en enero.
AP/Ariana CubillosBOGOTÁ.- El gobierno de Colombia suspendió este miércoles el alto al fuego que había declarado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) un día después que los guerrilleros se negaron a cesar sus operaciones ofensivas.
"Ante la posición asumida públicamente el día de ayer (martes) (...) hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto" que establecía el cese al fuego bilateral con el ELN desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, anunció el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Los rebeldes alegaron que esa tregua no hizo parte del primer ciclo de las negociaciones de paz que sostuvo con delegados del gobierno colombiano en Caracas entre noviembre y diciembre, aunque se planteó la posibilidad de tocar ese tema cuando se reanuden las conversaciones en México.
"En el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular", agregó Prada junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, el consejero presidencial de paz, Danilo Rueda, y la cúpula militar.
Según el ministro, el ejecutivo no considerará un cese al fuego bilateral "hasta tanto no se reactive la mesa" de diálogo en una fecha aún por definir en México.
Al filo de la media noche del 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro aseguró haber acordado un cese al fuego bilateral con los principales grupos armados del país, incluido el ELN.
El gobierno y las Fuerzas Militares guardaban silencio desde el martes cuando los rebeldes desmintieron la versión oficial, desatando una tormenta política.
También es el mayor revés de la iniciativa de "paz total" con la que Petro, que asumió en agosto, pretende extinguir el conflicto armado que continúa pese a la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.
Con unos 3.500 combatientes, según estudios independientes, el ELN opera en al menos 22 de los 32 departamentos de Colombia, lucrándose del narcotráfico y la minería ilegal.
Prada invitó a la guerrilla a "declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo" llamado de las comunidades más afectadas por la violencia.
Los disidentes de las FARC que continúan en armas, el Clan del Golfo -la mayor banda narco del país- y los paramilitares de las Autodefensas de la Sierra Nevada también hacen parte del alto al fuego bilateral proclamado por Petro.
Solo el ELN ha rechazado públicamente esa declaratoria.
En armas desde 1964, el ELN solo ha pactado una vez un cese al fuego bilateral, mientras mantenía un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en 2017. La tregua se rompió después de 100 días tras ataques con explosivos de los rebeldes a oleoductos estatales.
Las negociaciones entre el gobierno de Petro y los grupos armados, que tienen un total estimado combinado de 15.000 combatientes, hasta ahora no han logrado poner fin a la espiral de violencia que envuelve al país.
El centro de investigación Indepaz registró cerca de 100 masacres en Colombia el año pasado.
El Gobierno de Colombia reveló este martes los decretos de alto el fuego firmados con grupos armados, demostrando que el ELN está incluido, después de que la organización negara estas conclusiones sobre las negociaciones con los representantes políticos del país latinoamericano.
Las autoridades colombianas hicieron público el decreto -de cinco páginas- que sostiene legalmente el cese bilateral de la violencia anunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 31 de diciembre.
Este documento, firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indica que "de acuerdo con la información brindada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las comunidades existentes en el territorio en el que hace presencia el ELN han hecho llamados privados y públicos al Gobierno nacional para que se decrete un cese al fuego, solicitudes estas que han sido respaldadas por la iglesia y sectores de la comunidad internacional".
Así, el decreto señala un "cese a fuego bilateral y temporal de carácter nacional, entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional" a partir de las 00.00 del 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio, y que podría ser prorrogado "previa recomendación".
Además, se ordena la suspensión de operaciones militares y operativos policiales en contra de los miembros del ELN que participen en el proceso de paz. También se establece un mecanismo de monitoreo integrado por las distintas partes y organizaciones sociales, así como la Iglesia Católica y un equipo de la ONU.
FUENTE: Con información de Europa Press y AFP
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