Gobierno de Jimmy Morales podría estar a punto de una crisis moral

No obstante, casi diez meses después de haber asumido la presidencia, su gobierno ya se ha visto salpicado de escándalos de aparente corrupción que involucra a dos de sus familiares y funcionarios de su gabinete, así como señalamientos de que su campaña pudo haber recibido dineros provenientes del narcotráfico.

Antes de que tomara posesión como presidente, en enero de este año, Morales se negó a revelar quién pagaría la estancia de 100 días, junto a su familia, en el lujoso Hotel Adriatika, ubicado en la zona más exclusiva de la Ciudad de Guatemala.

Su estancia en el hotel, propiedad de la millonaria familia Köng, dueños de una empresa de palma africana, costó 66.000 dólares equivalentes a cuatro meses de su salario como presidente y levantó sospechas sobre un posible pago de favores políticos. Morales se limitó a decir que su estancia en el Adriatika fue necesaria por motivos de seguridad e insistió que no tenía la obligación de aclarar el tema porque se trataba de un acuerdo privado.

Ya como gobierno, a 11 días de su nombramiento, la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, se vio obligada a renunciar al cargo cuando trascendió en los medios de comunicación que era contratista del estado, lo cual le prohibía ejercer un cargo público.

Entre 2006 y 2014 su empresa Ingeniería y Servicios Viales (INSERVI) ejecutó obras estatales por un total de 2 millones de dólares y debía más de 38 mil dólares a la agencia tributaria por pago de impuestos atrasados.

El Gobierno de Morales también recibió muchas críticas cuando, incumpliendo una de sus promesas de campaña, el partido oficial aceptó ocho diputados provenientes de otras agrupaciones políticas, días antes de que entrara en vigencia una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que penaliza esta práctica, conocida como transfuguismo.

En febrero pasado, una investigación, publicada por el diario El Periódico, reveló que el vicepresidente Jafeth Cabrera arrendaba una lujosa vivienda en la zona 14, una de las más exclusivas de la capital, por 12.000 dólares mensuales, cifra que equivale al 70 por ciento de su salario, dando lugar a sospechas y rumores de un posible enriquecimiento ilícito.

En el mes de septiembre, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desarticularon una estructura en el Registro General de la Propiedad que había defraudado unos 397 mil dólares mediante la contratación de servicios que nunca fueron prestados y la firma de contratos laborales anómalos.

Entre las irregularidades detectadas se encontraba la contratación de la empresa Fulanos y Menganos S.A., propiedad de los padres de la exnovia del hijo menor del presidente Morales, José Manuel Morales Marroquín; para proveer desayunos para 524 personas durante un evento que supuestamente pretendía medir el desempeño laboral del personal de la entidad.

El Registro de la Propiedad pagó 11.964 dólares por un servicio que jamás se proporcionó, en el año 2013. De acuerdo con la investigación, Morales Marroquín, con el afán de ayudar a los padres de su exnovia, le pidió a su tío Samuel "Sammy" Everardo Morales (hermano del presidente Jimmy Morales) que le consiguiera una factura para justificar la compra de las canastas, y Morales fungió como intermediario para obtener una factura del restaurante Fulanos y Menganos, el cual, durante muchos años ha sido sede del partido oficial, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

El propietario de Fulanos y Menganos, Gilmar Othmar Sánchez, es diputado al Parlamento Centroamericano por FCN-Nación. Un juzgado de Guatemala prohibió la salida del país de Morales Marroquín y su tío, mientras la CICIG investiga la participación de ambos para obtener las facturas.

"No estoy defendiendo a mi hijo ni a mi hermano, porque confío en las leyes, en las instituciones y en los debidos procesos, creo que está claro para ustedes, funcionarios públicos, que a ninguno voy a defender, confío en que se hará justicia", reaccionado el mandatario, quien atribuye a esta y otras denuncias a una campaña proveniente de los medios de comunicación, a los cuáles les ha restringido publicidad estatal por considerarla como un festín de gobiernos anteriores.

Otras de las críticas hacia el Gobierno de Morales, es el decreto de estado de calamidad del pasado mes de septiembre, como medida preventiva frente a las fuertes lluvias que se abatían sobre el país.

Los señalamientos enfocados a Morales son por haberse valido de la situación meteorológica que se vivía en el país como pretexto para acallar a los medios de comunicación. El decreto fue suspendido después de 48 horas. Actualmente, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) busca despojar al binomio presidencial de su inmunidad para que el presidente y vicepresidente puedan ser procesados por violaciones a los derechos civiles que garantiza la Constitución.

Pero el que podría ser el señalamiento más grave de todos, ha sido el supuesto financiamiento que recibió el partido FCN-Nación del presunto narcotraficante Marlon Monroy Meoño, alias Teniente Fantasma.

Monroy Meoño es considerado por las autoridades guatemaltecas como el narcotraficante más influyente del país y fue detenido en abril en un operativo liderado por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

Los señalamientos de corrupción contra el Gobierno de Molares son minúsculos, si los compramos con los que sucedieron durante el Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que provocaron la salida de ambos del poder y la prisión hasta ser procesados por la justicia.

No obstante, los problemas de Morales han sido suficientes para considerar endeble al gobierno, que salió producto de la enorme crisis políticas vivida por Guatemala el año pasado.

Analistas locales consideran que se está convirtiendo en una auténtica olla de presión, cuya explosión apenas es detenida por el sector empresarial que no quiere una crisis económica de altas magnitudes.