SAN JOSÉ.- Daniel Ortega, por medio de sus brazos castrenses en el país, ha vuelto a mostrar su lado más duro contra la migración irregular latinoamericana. Es la doble cara mostrada por el mandatario sandinista dado que Nicaragua es un país expulsor de migrantes y parte de sus recursos los obtiene mediante remesas llegadas desde el extranjero.
Lo último, la madrugada del jueves 6 de octubre la Policía Nacional entregó a las autoridades migratorias a 98 migrantes haitianos en un municipio costero en el pacífico sur del país, mientras viajaban en dos camiones en su intento por llegar a Honduras y desde ahí continuar el viaje a Estados Unidos.
En esa captura, la policía detuvo a cinco presuntos traficantes de personas, quienes serán acusados por la justicia del país. Una mujer migrante indocumentada, que está embarazada, fue enviada de emergencia por la policía al Hospital Regional Santiago de Jinotepe, en Carazo, porque presentó contracciones.
Carazo y Rivas, departamentos del sur de Nicaragua, son los lugares que más registran movimiento de migrantes ilegales, que en su intento por llegar a Estados Unidos pagan a coyotes que les roban y los dejan abandonados.
En el caso de Carazo, las autoridades policiales no han informado cuántos coyotes han sido capturados y procesados, pero en Rivas se conoció que 69 ciudadanos han sido capturados por la Policía y fueron remitidos al Ministerio Público señalados de cometer el delito de tráfico de migrantes indocumentados.
En este departamento del sur, fronterizo con Costa Rica (donde se encuentran varados miles de migrantes buscando seguir hacia Estados Unidos), se han capturado a unos 600 migrantes, los que han sido entregados a Migración.
La noche del domingo, 2 de octubre hubo violencia en una comunidad del departamento de Carazo, cuando la Policía Nacional llegó y sin mediar palabras empezó a disparar y usar bombas lacrimógenas contra migrantes haitianos indefensos y la población que pretendía auxiliarlos.
Cerca de 50 migrantes sin documentos se encontraban en la zona, entre ellos niños menores de seis meses, mujeres embarazadas o que recién habían dado a luz y personas enfermas. Todos pretendían evadir los controles en Nicaragua, cuyas autoridades han desatado una cacería contra ellos a fin de evitar que crucen de modo irregular a Honduras.
La población salió a las calles en protesta porque la Policía Nacional intentaba llevarse a los migrantes africanos, quienes tienen varios días de transitar hambrientos, sedientos, durmiendo a la intemperie y sin dinero; puesto que los coyotes los abandonaron en la zona costera de Carazo luego de cobrarles $1.000 dólares por llevarlos a Honduras.
Las personas de comunidades aledañas se unieron a ayudar protegiendo con sus cuerpos a los migrantes, quienes eran atacados ferozmente por cinco patrullas de la policía caraceña, que usaban sus armas de reglamento disparando al aire de manera brutal, para intimidar a la población, además de bombas lacrimógenas, culatazos y patadas, según reportó la emisora local Stereo Romance.
“Unos policías tiraron balas al aire y nos asustamos demasiado, de repente los demás salieron corriendo y el grupo ya se desunió, ahora estamos aquí a la deriva, pero estas personas nos están apoyando y esperamos que no lo agarren en contra de ellos”, dijo una de las migrantes afectadas.
Una ciudadana, que no quiso revelar su nombre a la emisora, manifestó que “el ataque fue brutal, no sabíamos qué hacer, yo pensé que iba a morir, pero aun así miraba a los niños, miraba a esas madres africanas y decidimos defenderlos con la vida si era necesario, porque son personas y hay nicas en otros países. Hay que ayudar, tenían niños de menos de 6 meses de nacidos, podrían ser mis nietos”.
El Mayor de la Policía Nacional de Carazo, Xavier Gutiérrez, informó que ellos están obligados a enviar a estas personas a migración y extranjería y es ahí donde toman la decisión de regresar a estas personas a su país de origen. Pero no brindó mayores declaraciones respecto a la violencia y fuerza usada para intimidar a la población.
La represión recordó lo ocurrido en territorio nicaragüense hace casi un año contra unos 2.000 cubanos que cruzaron de modo irregular de Costa Rica a Nicaragua por la frontera de Peñas Blancas.
Los hechos tomaron lugar el pasado 15 de noviembre, cuando Daniel Ortega desplegó a su ejército y a su policía de choque para repelar a migrantes cubanos que pretendían pasar a Nicaragua en su ruta a Estados Unidos.
El grupo era los isleños que lograron entrar a suelo de Costa Rica desde días anteriores, procedentes de Panamá, mediante visas extraordinarias de tránsito.
Los migrantes viajaron 600 kilómetros desde el puesto fronterizo de Paso Canoas hasta el de Peñas Blancas, pero en este último toparon con el ejército y la policía nicaragüense, que les impidió el paso.
Unos 2.000 lograron entrar a suelo pinolero en la mañana de un domingo y se adentraron unos kilómetros por carretera, pero la Policía Nacional de ese país los repelió con gases lacrimógenos y el Ejército hasta desplegó helicópteros artillados para intimidarlos.
“Injustificadamente, comenzaron a disparar al aire para asustarnos y, de seguido, lanzaron bombas lacrimógenas a lo loco sin pensar que entre el grupo había niños como mi hija July, de un año y 10 meses, y mujeres embarazas. Pensé que mi bebé se iba a asfixiar”, relató al diario tico La Nación Évora Benítez, una migrante originaria de la provincia de Matanzas, Cuba, cuando fue devuelta a Peñas Blancas.
Desde esa fecha Nicaragua repele desde sus fronteras con Costa Rica a la migración irregular, usando la Policía Nacional y el Ejército.
El analista político nicaragüense, Arturo Cruz, ha manifestado en varias ocasiones que Ortega se crea una mala imagen al cerrarle el paso a migrantes necesitados, pero gana pluses diplomáticos con Estados Unidos al servir como barrera de contención a la migración irregular, contra la cual también lucha Norteamérica.
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