MANAGUA.- Para Zoilamérica todo está claro: la candidatura a la vicepresidente de su madre, Rosario Murillo Zambrana, oficializada por su padrastro, mandatario, esposo de Murillo y a su vez candidato presidencial, Daniel Ortega; es parte de la alianza política de la pareja que gobierna Nicaragua por el encubrimiento de la primera dama a la denuncia de violación que ella planteó en 1998 contra el actual presidente.
Desde el exilio donde se encuentra en Costa Rica, Zoilamérica Narváez Murillo, oficialmente inscrita en el registro civil de Nicaragua como Zoilamérica Ortega Murillo por ser hijastra del actual mandatario nicaragüense, reaccionó a la candidatura a la vicepresidencia de su madre.
“Estaba trabajando. Seis de la tarde (del martes 2 de agosto) en San José (Costa Rica). Un mensaje de texto confirma a Rosario Murillo como candidata a vicepresidenta de Nicaragua con Daniel Ortega. Sentí en mi conciencia, el dolor y la firmeza de la memoria histórica: el encubrimiento de mi madre a los delitos de abuso sexual que hice públicos en 1998. Desde entonces, mi historia de violencia se prolonga con sus actos de persecución política en venganza por la verdad que relaté y que sigue intacta muy a pesar de la impunidad jurídica y social”, escribió Zoilamérica en su cuenta de Facebook.
Zoilamérica es hija de Murillo e hija adoptiva de Ortega Saavedra. En 1998 conmocionó a Nicaragua cuando denunció que el hombre fuerte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el exguerrillero, tres veces presidente de Nicaragua que se encamina a una nueva reelección el próximo 6 de noviembre, comenzó a abusar de ella cuando era una niña de 11 años y estaban exiliados en Costa Rica.
Nunca fue ante la justicia
Ortega Saavedra nunca fue llevado a los tribunales por la denuncia de su hijastra, por esas estrategias políticas de alianza o subordinación de funcionarios en las instituciones públicas de Nicaragua que obedecen a las órdenes de un partido político, un caudillo y no a la ciudadanía. La entonces juez Juana Méndez, hoy magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como premio a su lealtad a Ortega, archivó la causa aduciendo que los hechos habían prescrito.
El poder detrás del trono
Después de la denuncia de su hija, la hoy poderosa primera dama se hizo al lado de Ortega y no le dio crédito al señalamiento de abuso. Rosario Murillo, desde la secretaría de comunicación es la todo poderosa primera dama que ejerce en la práctica como mandataria, da mensajes diarios a la nación, nombra y destituye ministros, sale al exterior como canciller, dirige a los alcaldes sandinistas y sin la venia de ella no se mueve nada en el Gobierno.
En tanto, Ortega se ha quedado como el líder de las estrategias de un Gobierno que se encamina a la reelección y recién eliminó a la oposición política en la contienda electoral y en el parlamento nicaragüense.
“Definitivamente que esta candidatura en dúo, la define un camino que inicia con la complicidad ante crímenes sexuales y que en su propia evolución perversa se convirtió en una alianza política”, escribió Zoilamérica desde Costa Rica.
“Muchos saben que hoy el mismo poder abusivo que invadió mi pasado, es el que siembra autoritarismo y violencia política en Nicaragua. Y esa alianza que hoy se legitima por medio de una imposición, hará evidente que esta acción, atropella incluso a los mismos miembros de su Partido, y con ello es el inicio del fin de la dictadura”, concluyó.
Treinta y siete años después de la caída de Somoza en Nicaragua, tras la revolución armada sandinista, la candidatura de Murillo es la concreción de una dictadura dinástica en la que la primera dama garantiza la sucesión del poder, según analistas y opositores en Nicaragua.
Opiniones
“Para mí esta es una ofensa, no solo a todos los nicaragüenses, sino a toda la militancia sandinista, porque les está diciendo que en Nicaragua no hay ningún sandinista o mujer sandinista que pueda aspirar a este cargo, solo la familia Ortega-Murillo”, dijo al diario La Prensa el político opositor, Eliseo Núñez.
Por su parte, el exdiputado liberal Carlos Langrand manifestó que “la República se fundó precisamente para evitar la sucesión monárquica del poder, las dinastías familiares y evitar la concentración del poder”.
Para estas elecciones nacionales y legislativas, Ortega eliminó a la oposición en la contienda, al quitarle la representación legal del principal partido de oposición, el Liberal Independiente (PLI), a una facción dominada por Eduardo Montealegre; y se la dio a otro que en teoría, es afín al sandinismo.
Así mismo, destituyó a 16 diputados propietarios y 12 suplentes del PLI que no se subordinaron al nuevo presidente de este partido, Pedro Reyes, anulando toda posibilidad de oposición en el parlamento.
“Todo es para asegurarse el triunfo de la dinastía familiar, porque esto no es popular. Los nicaragüenses vivimos una guerra por una dinastía familiar, no nos gustan las dinastías familiares. El Frente Sandinista, y miles de nicaragüenses, precisamente lucharon para desterrar ese tipo de Gobierno en Nicaragua y esto es lo que estás viendo ahorita”, dijo al programa de televisión Esta Noche, el político opositor, Luis Callejas.
Una antigua aliada
Por su parte, la excomandante guerrillera y disidente del sandinismo de Ortega, Dora María Téllez, la acción del partido de Gobierno busca resolver “cómo garantizar en manos de la familia Ortega-Murillo la continuidad del poder si Daniel Ortega falta”.
“Desde el momento en que se habla de sucesión es porque hay alguien débil. No habría ninguna necesidad de sucesión si estuviera fuerte. De hecho, cuando Daniel Ortega estaba bien, nombraba a otra gente como vicepresidente. Ahora vos tenés a un Ortega profundamente débil y en una situación aún más delicada de la que todos pensamos”, afirma Telléz.
“Eso es porque están pensando que Daniel Ortega va a faltar y eso lo que te pone sobre la mesa es un Ortega profundamente debilitado, que explica la conducta que se ha seguido en el último tiempo y la concentración de poder de los Ortega Murillo dentro del Frente Sandinista y afuera también”, insiste.
La candidatura de su esposa a la vicepresidencia, fue justificada por Ortega como el cumplimiento de la ley 50-50, que busca la “equidad de género” en los cargos públicos del Estado promovida por su Gobierno.
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