PUERTO PRINCIPE. Cada nueva matanza a cargo de las pandillas que pululan en Haití, presagian que de no haber una política enérgica del Estado en colaboración con la comunidad internacional: los ciudadanos perderán la batalla y el caos aumentará en el país caribeño, el más pobre del continente americano.
Una nueva matanza se registró la madrugada de este lunes, 24 de agosto, y a la vez, una ola de indignación afloró a la superficie. Los haitianos lo presienten: no habrá futuro sin eliminación o por lo menos, control de las bandas criminales, es por ello, que crecen los llamados a las autoridades para que actúen contra los grupos que mantienen aterrorizada a la población.
En la comunidad agrícola de Kenscoff, al este de Puerto Príncipe, ocurrió la masacre. Entre 20 y 40 cadáveres contabilizaron periodistas locales y extranjeros, aunque pueden ser más. El alcalde, Jean Massillon, admitió que era difícil hacer un balance del número total de víctimas.
Entre los asesinados se cuentan mujeres, niños y jóvenes, así como desplazados que se habían refugiado en una iglesia.
El grupo de criminales incendió en la aldea decenas de viviendas, la iglesia y una clínica referencia de VIH.
Se puede decir que Haití siempre ha vivido en crisis, quizá haya tenido algunos momentos de paz. Esta nueva oleada de violencia se agravó desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
El vacío de poder lo han ocupado las bandas armadas, algunas de ellas ya prácticamente dominan en Puerto Principe.
Los ciudadanos protestaron
La Oficina de Protección del Ciudadano (OPC), institución pública de defensa de los derechos humanos, expresó su “profunda” consternación por la masacre y condenó “con la mayor firmeza” los hechos, en los que, según indicó, fueron asesinadas "varias decenas de personas", entre ellas numerosos jóvenes.
La OPC pidió al Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN) y a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes para restablecer de manera duradera la seguridad en Kenscoff, proteger a la población y esclarecer los crímenes.
La violencia provocó además protestas este lunes, cuando cientos de habitantes se concentraron frente al comisariado de Kenscoff para denunciar la situación de inseguridad y reclamar una respuesta de las fuerzas del orden.
Los manifestantes cuestionaron la gestión estatal y denunciaron la falta de medidas concretas para frenar la violencia que afecta a la comuna desde hace más de 20 meses.
El director general de la Policía Nacional de Haití (PNH), Jonas André Vladimir Paraison, y el comisario del gobierno ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Fritz Patterson Dorval, se desplazaron este lunes a Kenscoff tras el ataque.
El expresidente provisional Jocelerme Privert también condenó el ataque y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con los habitantes de Kenscoff.
“Ante esta espiral de violencia, no podemos acostumbrarnos al horror ni permanecer indiferentes”, afirmó Privert en un mensaje publicado en Facebook, en el que reclamó al Estado asumir plenamente su responsabilidad de proteger a la población.
Coalición de bandas
Las bandas, integradas en la coalición armada Viv Ansanm, buscan consolidar su presencia en Kenscoff, una zona estratégica por su proximidad al departamento del Sudeste y a la ciudad de Jacmel, que hasta ahora ha permanecido relativamente al margen de la violencia que afecta a gran parte del área metropolitana de Puerto Príncipe, pese al despliegue de una fuerza internacional con apoyo de la ONU para acabar con las pandillas.
Viv Ansanm fue designada organización terrorista extranjera por Estados Unidos el año pasado.
Tras los ataques, los grupos armados suelen replegarse hacia barrios fronterizos con Kenscoff, entre ellos Carrefour, zonas donde la presencia del Estado es muy limitada.
De acuerdo con datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos.
También se perpetraron al menos 99 secuestros; 699 personas, especialmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual, y cientos de menores siguen en manos de redes de trata de personas.
A esto se suma que unos 5,8 millones de haitianos, aproximadamente un 52 % de la población, sufren de inseguridad alimentaria (en categoría 3 sobre 5), mientras que la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1,4 millones, un nivel sin precedentes, según datos de organismos internacionales.
Esta matanza se produce menos de una semana después de que EEUU deportara a más de 160 personas a Haití y se le pusiera fin al TPS que protegía a cerca de 350.000 haitianos.
FUENTE: Con información de EFE/ABC/Infobae