CARACAS — La cifra de fallecidos por los dos terremotos ocurridos en Venezuela hace dos meses asciende a 6.509, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes.
Este nuevo reporte del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, suma 71 fallecidos a los informados en el registro anterior que fue de 6.438. Dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio. La principal afectación fue en el estado costero de La Guaira, donde al menos 190 edificios se desplomaron.
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha publicado la cifra de desaparecidos tras los sismos. Algunos voluntarios y familiares sigue las labores de búsqueda en La Guaira en medio de los escombros.
En un informe, difundido este lunes, la ONG Provea consideró un error que el gobierno interino designara como Autoridad Única para atender la emergencia por los sismos a un Mayor General de la Guardia Nacional: Juan Ernesto Sulbarán Quintero.
"La práctica internacional promueve la incorporación de personas expertas en ayuda humanitaria y de protección civil para atender estos eventos, consolidando un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) o la coordinación multisectorial de un mando unificado, donde la idoneidad técnica y la capacidad operativa determine el liderazgo. Por lo cual, aconsejamos que los organismos castrenses y de seguridad puedan desempeñar labores de custodia, remoción de escombros y control de orden público", indicó la organización.
Viviendas inhabitables
De acuerdo con el balance, 25.240 viviendas se encuentran inhabitables. La administración de Delcy Rodríguez ha entregado 335 viviendas a los afectados por los terremotos, en medio de su promesa de asignar 4.000 viviendas en este año.
Mientras tanto, son miles los damnificados que permanecen en campamentos temporales e impactados por las fuertes lluvias de los últimos días.
La ONG Provea planteó que "el Banco Central de Venezuela en alianza con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el sector bancario privado nacional, puede disminuir el encaje legal bancario y establecer un aumento de la cartera crediticia destinada a vivienda, así como disminución del porcentaje de morosidad que permita que los propietarios privados de inmuebles que se vieron afectados por el doblete sísmico, puedan adquirir nuevas viviendas".
FUENTE: Con información de Jorge Rodríguez/ AFP/Provea
