La protección migratoria llega su fecha límite para unos 350.000 haitianos en Estados Unidos. Miami-Dade y Broward se preparan para posibles despidos y un aumento de las deportaciones
Little Haiti es un barrio repleto de pequeños y coloridos establecimientos comerciales.
DANIEL CASTROPÉ / DLA
MIAMI.— El Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 haitianos llega este lunes a su fecha límite, una medida que amenaza con dejar a miles de residentes del sur de Florida sin la autorización laboral y la protección contra la deportación que les permitió construir sus vidas en Estados Unidos.
El vencimiento se produce tras varios aplazamientos judiciales y después de que la Corte Suprema falló, por seis votos contra tres, a favor de permitir que La Casa Blanca avanzara con la terminación del beneficio para ciudadanos de Haití y Siria.
Una corte federal mantuvo temporalmente vigentes el TPS y los permisos de trabajo de los haitianos, pero ya vencen este lunes.
La decisión tiene una repercusión especial en Miami-Dade y Broward, donde se concentra la mayor diáspora haitiana de Estados Unidos.
Comunidades como Little Haiti, North Miami, North Miami Beach, Miramar, Pembroke Pines y Lauderdale Lakes han vivido durante las últimas semanas en medio de la incertidumbre.
La pérdida del TPS no implica que todos sus beneficiarios sean deportados de inmediato. Cada persona regresará a la condición migratoria que tenía antes de recibir la protección, salvo que haya obtenido asilo, residencia, una visa u otra vía legal para permanecer en el país.
Sin embargo, quienes dependían exclusivamente del programa podrían perder su permiso de trabajo y quedar expuestos a procedimientos de deportación.
Abogados de inmigración recomiendan revisar cada caso de manera individual para determinar si existen alternativas, como solicitudes de asilo, peticiones familiares, visas laborales o protecciones destinadas a víctimas de determinados delitos.
Entre las personas afectadas se encuentra Farah Larrieux, comunicadora y activista haitiana que reside en el sur de Florida desde 2005 y está amparada por el TPS desde 2010. Larrieux describió la situación como una “pesadilla” y explicó que busca protección mediante una solicitud de asilo.
Organizaciones comunitarias aseguran que algunas familias han dejado de conducir o salir de sus hogares por temor a encontrarse con agentes migratorios. También existen padres preocupados por el futuro de sus hijos nacidos en Estados Unidos, ante la posibilidad de una detención o una separación familiar.
El impacto podría extenderse a sectores fundamentales de la economía del sur de Florida, entre ellos la atención médica, el cuidado de adultos mayores, la hotelería, el turismo y los servicios.
Catholic Health Services, uno de los principales ministerios de la Arquidiócesis de Miami, informó que tendría que despedir al menos a 40 trabajadores por los cambios federales relacionados con las autorizaciones de empleo del TPS. Otros diez empleados permanecían bajo revisión.
Defensores de los inmigrantes se reunieron en Doral para solicitar que el Congreso apruebe una solución que permita a los beneficiarios mantener su protección.
Mientras tanto, el Departamento de Estado conserva para Haití la advertencia de viaje de nivel cuatro —“No viajar”— debido a la delincuencia, los secuestros, la violencia de las pandillas, los disturbios y las limitaciones de los servicios médicos.
Para miles de haitianos del sur de Florida, este lunes no representa solo el vencimiento de un documento migratorio, sino el inicio de una etapa marcada por el temor a perder empleos, hogares y familias construidas durante más de una década.
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