La ejecución del acuerdo suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc el 24AGO16 depende oficialmente de su aprobación en un plebiscito fijado para el 02OCT16. Sin embargo, Santos actúa como si ya estuviera vigente su acuerdo con la guerrilla.

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Sin esperar la ratificación del Acuerdo en el plebiscito, el 06SEP16 el gobierno Santos y las Farc procedieron a instalar la “Comisión de Implementación, Seguimiento, Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”. Esta comisión, prevista en el Acuerdo Santos-Farc, tendrá como objetivo “garantizar la implementación de todo lo acordado” y funcionará por un período de diez años.

Santos pactó con las Farc hacer “ajustes normativos e institucionales” en el sistema electoral de Colombia para lo cual acordaron crear una “misión electoral especial”. Sin haberse producido el plebiscito, según el comunicado conjunto No.98, los negociadores del gobierno y las Farc procedieron a reunirse el 06SEP16 con representantes del Centro Carter y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria con el fin de constituir la “misión electoral especial”. Ese mismo día en La Habana los delegados del Gobierno y Farc se reunieron para “preparar la logística necesaria para el funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización en los que serán localizados los guerrilleros desmovilizados en caso de ser aprobado en Acuerdo.

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Previo a la realización del plebiscito, Santos se propone celebrar un gran evento con proyección internacional durante el cual él y el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez Timochenko, firmarán la versión protocolar del Acuerdo. El gobierno colombiano planeaba realizar la ceremonia entre Santos y Timochenko en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 21SEP16, coincidiendo con la fecha de arranque del “Debate General” de la Asamblea General. La selección de esa fecha permitía a la diplomacia colombiana contar con la presencia de numerosos mandatarios extranjeros que suelen aglomerarse en la sede de la ONU para el gran evento anual de la organización. Según reportó Foreing Police el 02SEP16, el plan de Santos contaba con el auspicio de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de EEUU pero debió ser abortado ante la oposición del Departamento de Justicia del propio gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia se negó a conceder visas para el ingreso a EEUU de líderes de las Farc señalados en ese país por tráfico de drogas y promoción del terrorismo. Aparte de arruinar la fiesta en la ONU por el Acuerdo Santos-Farc, la justicia estadounidense trajo a colación la circunstancia legal internacional de los guerrilleros. Si bien Santos ha pactado que el Estado colombiano les otorgará “la más amplia amnistía posible” ésta sólo tiene alcance en la propia Colombia, ya que los jefes de las Farc aparecen en expedientes judiciales en diversos países del mundo e incluso algunos de ellos figuran en la lista de personas solicitadas internacionalmente por Interpol.

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Al fracasar la opción de Nueva York, la diplomacia colombiana debió optar por el plan alterno de firmar el acuerdo con las Farc en territorio colombiano. La lista de invitados a la ceremonia en Cartagena de Indias prevista para el el 26SEP16, incluye a numerosos mandatarios entre los que se encuentran Barack Obama, Raúl Castro, Felipe VI de España, Guillermo Alejandro de los Países Bajos, la primer ministro noruega Erna Solberg, Mariano Rajoy, François Hollande, la británica Theresa May, Nicolás Maduro, Michelle Bachelet, Mauricio Macri, Evo Morales, Rafael Correa, Pedro Pablo Kuczynski, Tabaré Vázquez, Michel Temer, el panameño Juan Carlos Varela, el portugués António Costa, el saliente Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, Pepe Mujica, el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim, la Gerente General del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde entre otros. Con este acto, el gobierno Santos busca darle una imagen de hecho cumplido al documento de 297 páginas pactado en La Habana con las Farc seis días antes de que los colombianos voten en el plebiscito.

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En Colombia se siente una avasallante campaña publicitaria promovida por Santos a favor del “Si” en el plebiscito. La Corte Constitucional que avaló la convocatoria del plebiscito abrió las puertas para que los funcionarios públicos participen en la campaña y Santos incluso emitió el 05SEP16 una Directiva autorizando el uso de bienes del Estado y recursos del Tesoro Público por los “servidores públicos que realicen actos de campaña”. Teóricamente estas medidas amparan a funcionarios que apoyen o rechacen el Acuerdo con las Farc, pero obviamente favorecen a la posición oficial a favor del “Si”.

El gobierno, las Farc y políticos que actúan en organizaciones “legales” de la guerrilla están en campaña a favor del “Si”. La estrategia publicitaria oficialista se basa en identificar la “Paz” con el “Acuerdo”, estigmatizando a quienes se oponen como guerrerista enemigos de la paz. Sólo los expresidentes Andres Pastrana Arango y Alvaro Uribe Vélez se han pronunciado en contra de lo pactado por Santos. La campaña oficialista oficialmente la encabeza el expresidente Cesar Gaviria Trujillo y tiene un esquema de campaña electoral que abarca todos los medios de comunicación. En las vitales redes sociales en Internet, la campaña oficialista ha reclutado cuentas Twitter de personajes de farándula para canalizar apoyos. Los publicistas por el “Si” incluso apelaron a la imagen de la pornostar colombiana Esperanza Gómez, quien actúa en un video propagandístico del columnista y “youtuber” Daniel Samper Ospina, sobrino de Ernesto Samper Pizano.

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Por cierto, a nivel de los gobiernos que forman Unasur se produjeron en las últimas semanas consultas para atender la selección del nuevo Secretario General ante la inminente salida de Ernesto Samper del cargo. El mandato del colombiano venció el 22AGO16 y le fue prorrogado hasta el 31ENE17, en espera de la escogencia de un reemplazo cuya selección puede verse entorpecida por los choques entre varios miembros del “club”. El periodista venezolano Nelson Bocaranda adelantó en su columna del 08SEP16 que existiría consenso para designar al boliviano Enrique García como nuevo Secretario General de Unasur. García, quien se ha desempeñado como Presidente de la Corporación Andina de Fomento desde 1991 y abandonaría ese cargo en marzo de 2017, ha logrado armar un entramado de apoyos internacionales que lo acercan a todos los gobiernos de la región y lo hacen un candidato sin aparentes obstáculos. Mientras García estaría sopesando la oferta, el expresidente chileno Ricardo Lagos también se habría mostrado interesado en encabezar la Secretaría de Unasur. En todo caso la designación del nuevo Secretario depende de la realización de una pronta y poco probable reunión presidencial que tendría que ser convocada por Nicolás Maduro quien ejerce la Presidencia temporal de Unasur pero no reconoce al gobierno de Brasil.

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La posición del chavismo venezolano de confrontar internacionalmente al nuevo gobierno brasileño tiende a quedar sin fuerza y adeptos. El 06SEP16, el representante de Brasil en la OEA, embajador José Machado e Costa, tomó la palabra en la sesión ordinaria del organismo para responder los ataques que sus colegas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua habían volcado en la sesión del 31AGO16 contra el gobierno brasileño surgido tras la destitución de Dilma Rousseff.

El representante brasileño afirmó que los que califican el impeachment contra Rousseff como un “golpe parlamentario” son “voces aisladas” y llamó la atención que “son las mismas voces que alegan siempre la no injerencia en sus asuntos políticos internos los que ahora están cuestionando un proceso constitucional legítimo en Brasil”. Tras la intervención de Machado, hablaron los representantes del bloque castrochavista al cual se sumó San Vicente y las Granadinas para atacar al gobierno de Brasil. Luego hablaron los enviados de México, EEUU, Argentina, Grenada, Jamaica, Paraguay, Chile, Perú y Colombia quienes explícitamente reconocieron al nuevo gobierno brasileño encabezado por Michel Temer e incluso algunos, como en el caso del representante mexicano Luis de Alba Góngora, fueron especialmente incisivos contra la injerencia selectiva practicada por la “diplomacia” chavista.

En tanto, tal como lo recomendara el gobierno de Cuba, la izquierda desplazada del gobierno en Brasil intenta crear un clima de ingobernabilidad, mediante la ejecución de violentas y minoritarias acciones de calle.

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El gobierno de Evo Morales que retóricamente rechaza al presidente Temer, ya comenzó a virar de posición. El canciller boliviano David Choquehuanca afirmó el 06SEP16 que su gobierno, al contrario del venezolano, no retiró definitivamente a su Embajador en Brasilia José Kinn y sólo se trataba de una “llamada a consultas”. La estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se encuentra en medio de negociaciones con la brasileña Petrobras para ampliar por dos años el contrato de venta de gas que finaliza en 2019. Las exportaciones de gas a Brasil son vitales para las finanzas del gobierno de Morales quien ahora se muestra dispuesto a obviar la destitución de su amiga Rousseff en aras de mantener el flujo de dólares brasileños.

Por su parte, el gobierno de Uruguay cuadrado inicialmente con el gobierno chavista, está en línea de reducir tensiones con Brasil luego que brasileños, paraguayos y argentinos cerraran el paso a Maduro a la Presidencia semestral del organismo y asomaran sanciones contra su gobierno. El uruguayo Tabaré Vázquez y Michel Temer planean reunirse el 20SEP16 en Nueva York, no sólo para confirmar el reconocimiento del gobierno izquierdista de Uruguay al nuevo gobierno brasileño, sino para mirar una posición común que destrabe el funcionamiento de Mercosur dando fin al conflicto creado por Venezuela.

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