La OEA realizó, en una mezcla de reunión presencial y vía internet, su Asamblea General número 51. Lo que prometía con ser el escenario para un choque de fuerzas políticas continentales resultó una usual y llevadera reunión anual del club. Argentina y México, por meses, trataron de conformar una mayoría con dos propósitos definidos: uno, dejar sin efecto la representación de Venezuela ejercida por el embajador Gustavo Tarre Briceño enviado de Juan Guaidó y dos, avanzar hacia una eventual apertura de un proceso para la destitución del secretario general Luis Almagro.

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Las cancillerías de México y Argentina, con el nada oculto apoyo de los regímenes de Cuba y Venezuela, trabajaron en dirección a los dos propósitos, tratando de revivir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, el organismo continental que excluye a EEUU y Canadá y que acepta a la dictadura cubana y al gobierno de facto de Nicolás Maduro. Tras varios años de paralización, el gobierno mexicano de Andres Manuel López Obrador fue el anfitrión en Ciudad de México el 18SEP21 de mandatarios y cancilleres de los países miembros de CELAC. Entre los llegados a México se encontraban Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y el boliviano Luis Arce. El propio AMLO había dejado saber, el 24JUL21, que el propósito de su gobierno, en yunta con Argentina, es cerrar la OEA y crear un organismo “que no sea lacayo de nadie”. Por cierto, el canciller ruso Serguéi Lavrov, en sus intervenciones sobre Latinoamérica, suele mencionar el respaldo de su gobierno a la CELAC.

El deseo de López Obrador parecía cobrar cuerpo cuando logró reunir a la CELAC en el Palacio Nacional mexicano el 18SEP21. Por cierto, y para extrañeza de muchos, en su discurso AMLO además de pedir que EEUU diseñe una nueva “Alianza para el Progreso” para Latinoamérica, propuso que “junto con EEUU y Canadá construyamos un acuerdo y firmemos un Tratado para fortalecer el mercado interno en nuestro continente” propuesta que recordó al proyecto de ALCA promovido en 1994 por el gobierno de Bill Clinton y que todavía el castrochavismo celebra su “entierro” en 2005. La reunión de la CELAC en México no prestó mucha atención a los “planes” de AMLO en materia económica, tampoco en sus deseos de alcanzar un pacto para liquidar a la OEA.

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Uno de los primeros pasos formales en la instalación de las asambleas generales de los organismos internacionales, ONU u OEA por ejemplo, es el trámite de aprobación de las delegaciones presentes en lo que usualmente se denomina “informe de credenciales”. El 11NOV21, en la primera sesión plenaria de la 51 Asamblea General de la OEA fue presentado el tema de la representación venezolana. AMLO y el argentino Alberto Fernández fracasaron en su procura de votos para expulsar de la OEA al representante de Juan Guaidó por lo cual se abstuvieron de presentar un proyecto de resolución a ese respecto. Sólo ocho gobiernos se manifestaron, en las intervenciones verbales de sus representantes, en contra de la presencia del venezolano: Antigua & Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Dominica, México, Nicaragua y Trinidad & Tobago. La representante mexicana exigió que todos los documentos aprobados en la Asamblea General llevaran un pie de página de ocho párrafos en el cual el gobierno de AMLO califica como “acto violatorio al derecho internacional” la presencia de un representante de Venezuela en la OEA ya que, alega México, Nicolás Maduro se retiró de la OEA en abril de 2017.

Salvo los ataques verbales contra Luis Almagro, a quien la alianza castrochavista acusa de ser el responsable de la salida de Evo Morales de la presidencia en 2019, la destitución del Secretario General ni siquiera fue asomada por los interesados. Destituir al Secretario General de la OEA requiere dos tercios de los votos de los miembros, cantidad que el castrochavismo no controla.

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Probablemente la única declaración política de peso de la Asamblea General de la OEA de 2021 lo constituyó la aprobación de una Resolución promovida por Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, EEUU, R. Dominicana, Venezuela y Uruguay en relación a Nicaragua. La sistemática violación de los DDHH, el encarcelamiento de opositores incluyendo a más de una decena de dirigentes políticos incluyendo candidatos presidenciales habían sido el prólogo a las “votaciones” del 07NOV21 en las cuales se proclamó triunfador Daniel Ortega. La Asamblea General de la OEA aprobó el 19NOV21 “declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

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La resolución sobre Nicaragua fue votada favorablemente por El Salvador, EEUU, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, sorprendentemente por Perú, R. Dominicana, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Dominica. Los gobiernos de la alianza castrochavista Argentina, Bolivia, México y San Vicente & Granadinas acordaron previamente jugar al voto de “abstención” a lo cual se sumaron Honduras, Santa Lucia y Belice. El representante de Nicaragua votó en contra. El gobierno de San Cristóbal y Nieves optó por apagar la conexión de internet para no aparecer como asistente. La resolución fue aprobada 25 votos de un total de 34 miembros del club. El voto hondureño a favor de la dictadura de Ortega, pareciera ser la recompensa por la firma, el 27OCT21, de un acuerdo de límites marítimos entre Honduras y Nicaragua en detrimento de la posición de El Salvador

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El número de votos a favor de la resolución sobre Nicaragua superaba los dos tercios de los votos necesarios para en una eventual futura votación, proceder a suspender a Nicaragua del “ejercicio de su derecho de participación”, según dicta la Carta Democrática Interamericana.

Pero en los medios diplomáticos del Continente existía la certeza que una votación de suspensión contra el régimen de Ortega podría no reunir los votos necesarios, razón por la cual el asunto no fue presentado a consideración de la Asamblea General.

Pareciera que en la OEA nadie tiene votos para destituir a Luis Almagro pero tampoco para suspender a Daniel Ortega. Por ello, la resolución aprobada se limitó a “instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”. Ya el 09JUN21, el Secretario General Luis Almagro había sugerido la convocatoria de una reunión especial del Consejo Permanente para adelantar la suspensión de Nicaragua de la OEA ante “una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales". Como ya había ocurrido con el régimen chavista, la OEA se abstuvo de avanzar en la suspensión del gobierno de Ortega.

A primera hora del 19NOV21, la representación de Nicaragua en la OEA hizo entrega a la oficina del Secretario General de una misiva suscrita por el canciller sandinista Denis Moncada. En su comunicación leída en la Tv de Managua, Moncada anunció a Almagro la decisión del régimen de Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA para "ponerle fin a una relación inamistosa, ofensiva e indignante para Nicaragua". De acuerdo a lo establecido en la Carta de la OEA, el retiro definitivo de Nicaragua se concretaría el 19NOV23.

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El rechazo a las “votaciones” del 07NOV21 en Nicaragua como ocurrió con las del 20MAY18 en Venezuela no ocurrió por un simple fraude electoral en día de las votaciones sino como consecuencia de que esas elecciones fueron la conclusión de procesos inconstitucionales y claramente no democráticos. A la usanza chavista, Ortega no permitió la presencia de observadores electorales internacionales, invitando a dos centenas de militantes de partidos de izquierda afines, así como a enviados de Rusia y de dos países inexistentes: Abjasia y Osetia del Sur.

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En la noche del domingo 07NOV21, a poco de que el régimen de Ortega anunciara el cierre de las votaciones, el gobierno de Costa Rica emitió un comunicado declarando que no reconoce esas elecciones “ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia”. Pocos minutos después, la Casa Blanca emitió una declaración de Joel Biden quien calificó como una “pantomima” las votaciones en Nicaragua y señaló que “la familia Ortega y Murillo ahora gobierna Nicaragua como autócratas, no diferente de la familia Somoza”.

En la mañana europea del 08NOV21, el gobierno español se pronunció “rechazando” los resultados de las “elecciones” en Nicaragua. “El gobierno [de España] rechaza dar credibilidad y legitimidad a los resultados”. Incluso el gobierno izquierdista de Perú emitió un comunicado el 08NOV21 afirmando que lo ocurrido en Nicaragua “merece el rechazo de la comunidad internacional”.

EEUU, Canadá y el Reino Unido acordaron actuar conjuntamente para imponer nuevas sanciones a los altos jerarcas nicaragüenses. El 15NOV21, el Reino Unido amplió la lista de nicaragüenses objeto de sanciones incluyendo esta vez a Rosario Murillo. Con esa fecha, el Departamento del Tesoro de EEUU sumó a la lista de sancionados al “Ministerio Público” de Nicaragua y a nueve altos funcionarios “quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”. Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, anunció también el 15NOV21 la inclusión de once funcionarios nicaragüenses en la lista de sancionados “respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en Nicaragua”. La declaración de Canadá afirmó que “el régimen le ha robado al pueblo nicaragüense su derecho humano fundamental a votar en elecciones libres, justas e inclusivas”..

El 16NOV21, Joe Biden suscribió y notificó al Congreso la ampliación por un año más de la vigencia de la Orden Ejecutiva 13851 del 27NOV18 de Emergencia Nacional que sirve de base a las sanciones impuestas a los jerarcas sandinistas. Ese mismo día, Biden emitió una orden prohibiendo el ingreso a EEUU de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de funcionarios del régimen que “formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua”.

Además de la dictadura cubana, en este momento existen en el Continente dos gobiernos cuya legitimidad es puesta en duda por buena parte de los países de la región así como por la Unión Europea. Pero Cuba, el régimen chavista, el gobierno familiar de los Ortega-Murillo y el gobierno bicéfalo de Bolivia encabezado por Luis Arce y Evo Morales tienen un padrino común que ha decidido retar a EEUU no sólo en Ucrania, Polonia o el Polo Norte sino en tierras latinoamericanas: Rusia.

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El 19JUL21, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, fue recibido en el Ministerio de Exteriores en Moscú por su homólogo ruso Serguéi Lavrov para discutir el apoyo de Vladimir Putin a Daniel Ortega ante las sanciones externas. El 22OCT21, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, visitó a Lavrov en Moscú y el ruso afirmó que “nuestros vínculos se estrecharon notablemente en los últimos meses”. El 22JUN21, el ahora excanciller de Maduro, Jorge Arreaza, fue recibido por Lavrov y el 08NOV21 el nuevo canciller del régimen chavista, Félix Plasencia, cumplió el ritual de visitar la cancillería rusa. “Buen amigo de nuestro país”, calificó Lavrov a Plasencia quien, según el ruso, “le informó de la situación política interna” de Venezuela. Rusia declarado protector internacional del régimen chavista, es auspiciador de un grupo denominado “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU” focalizado en atacar las sanciones que EEUU y otros países han aplicado precisamente a Rusia y al régimen chavista. El gobierno ruso es un actor directo en las pláticas que Maduro abrió con la oposición y que tuvieron como sede a México. Tras su reunión con Lavrov, el enviado de Maduro informó en Moscú el 08NOV21 que su jefe había cambiado de opinión y que retomaría las pláticas de México que él suspendiera el 16OC21.

Durante la comparecencia ante la prensa junto a Plasencia el 08NOV21, Lavrov aseguró que las “elecciones” del día anterior en Nicaragua “se celebraron de forma organizada, de conformidad con la legislación nicaragüense”. El ruso se refirió a las protestas populares iniciadas el 18ABR18 en Nicaragua y las calificó como “intentos de derrocar al gobierno” provocadas por “injerencia externa abierta”. En la misma línea, la vocera de la cancillería rusa, María Vladímirovna Zajárova, emitió el 15NOV21 un comunicado sobre lo que calificó como “intentos del exterior de desestabilizar la situación política interna en Cuba”. Zajárova se refería a las protestas convocadas para ese día en la isla caribeña y que fueron bloqueadas por el aparato represivo de la dictadura cubana con abierto apoyo de aliados internacionales, incluyendo organizaciones izquierdistas pro iraníes de EEUU, cuyos miembros viajaron a La Habana para certificar que “nadie protestó”.

 

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