El exgobernante de Perú, Pedro Castillo.
AFPLIMA.- Un tribunal de Perú ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente espera en prisión su llamado a juicio por su intento fallido de disolver el Congreso en diciembre pasado, según informó la Procuraduría este martes.
La Corte Suprema aceptó el pedido presentado por la Procuraduría, que actúa en defensa del Estado en el proceso contra el exmandatario, y dictaminó "el embargo de los bienes de los imputados, Pedro Castillo y Aníbal Torres", exjefe de gabinete, tal como señaló el organismo en un comunicado.
El embargo de los bienes tiene como objetivo asegurar el pago de una eventual reparación en caso de que Castillo y Torres sean encontrados culpables de los cargos de rebelión y conspiración que se les imputan.
La defensa del Estado busca una reparación de 67 millones de soles (aproximadamente 18 millones de dólares) en este caso.
Con esta medida cautelar, tanto Castillo como Torres quedan impedidos de transferir o vender sus propiedades, ya que, de lo contrario, en caso de ser condenados y establecida una reparación civil a favor del Estado, no se podría recuperar el monto establecido, explicó el abogado penalista Vladimir Padilla al diario El Comercio.
El embargo afecta a cuatro propiedades que el antiguo profesor de escuela de primaria de 53 años, Pedro Castillo, posee en la región andina de Cajamarca. Por su parte, Aníbal Torres cuenta con nueve bienes en Lima, según detalló la Procuraduría.
Es importante recordar que el intento de disolución del Congreso por parte de Castillo ocurrió en medio de una severa crisis política, lo que llevó a su destitución y posterior reclusión en una cárcel especial en Lima, donde cumple prisión preventiva.
Estos eventos provocaron violentas protestas entre diciembre y febrero, con un saldo trágico de más de 50 personas fallecidas, en su gran mayoría manifestantes que, según denuncias de organismos independientes, fueron reprimidos con violencia por parte de las fuerzas públicas.
Además, la fiscalía abrió una investigación contra la sustituta de Castillo en la presidencia, Dina Boluarte, debido a las acusaciones de represión durante las movilizaciones, que podrían dar lugar a cargos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".
FUENTE: Con información de AFP
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