GINEBRA. -Durante esta semana en Ginebra continuaba la revisión a Cuba por parte del Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, en su 730 sesión.
Como parte de un proceso sui géneris, este comité liderado por Claude Heller y Sébastien Touzé pospuso y prolongó la jornada de respuestas del estado cubano ante preguntas clave como la situación de las prisiones, la población penal y los métodos coercitivos que emplea la Policía para obtener información durante procesos de detención e interrogatorios, así como desapariciones forzadas de corto término.
Aunque Cuba asegura tener una política de “tolerancia cero” a la trata de personas, el comité se mostró igualmente interesado en aspectos como el turismo sexual, con una perspectiva de género.
Le preocupó también al Comité la situación general de las mujeres, que eran, según valoró Touzé, uno de los pilares de la Revolución cubana. En este sentido, la representación oficialista alegó que “la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, de la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, y la aprobación del nuevo Código de las Familias, formarán parte del nuevo marco jurídico para combatir la violencia basada en género y otras formas de violencia doméstica”.
Sin embargo, Touzé inquirió sobre las sistemáticas detenciones de integrantes de Damas de Blanco, tanto como el acoso y hostigamiento a mujeres periodistas independientes y activistas, cuyo desenlace es en no pocos casos el exilio forzado y por tiempo indeterminado, que impide la libre circulación de las cubanas —y los cubanos— por el territorio donde nacieron.
Frente a la avalancha de preguntas del comité a los representantes del estado, el diplomático cubano Juan Antonio Quintanilla refirió que no alcanzaba el tiempo para responder puntualmente y anunció que una delegación arribaría desde Cuba a Ginebra para dialogar directamente con el comité.
De acuerdo con un documento enviado por la misión diplomática cubana (permanente) en Ginebra a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la delegación de La Habana está encabezada por Rodolfo Benítez Verson, director de Asuntos multilaterales y derecho internacional y el propio Juan Antonio Quintanilla Román, representante permanente en Ginebra que intervino en la primera semana de reuniones.
Asimismo, integran la delegación María Caridad Pérez Rodríguez, fiscal jefa de la dirección de control de la legalidad en establecimientos penitenciarios; el Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de investigación criminal; Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, magistrada de sala de delitos contra la Seguridad del Estado y los consejeros Pablo Verti Oliva; Lisandra Astiasarán y Lester Delgado Sánchez.
En lugar de continuar la revisión como estaba previsto, el viernes 22 de abril, esta última sesión se pospuso para el viernes 29 de abril, con el argumento de que la delegación enviada desde La Habana no llegaría a tiempo.
Con este cambio, sugieren expertos de la sociedad civil e integrantes de organizaciones no gubernamentales que presentaron al CAT un informe alternativo en coalición, resulta bastante peligroso que se haga este tipo de concesión con estados como el cubano, si bien sugieren que la estrategia del comité puede ser mantener el diálogo a toda costa y obtener respuestas directas del régimen.
El régimen a su vez, en voz de sus diplomáticos en Ginebra, admitió que el país sigue “teniendo dificultades y limitaciones materiales para el mantenimiento constructivo de algunas prisiones”. Esta situación —indicaron— afecta las condiciones de vida en algunos de los centros, lo cual atribuyeron en parte al “bloqueo” [embargo comercial] ejercido por EEUU.
Para Olga Guzmán, consejera de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), queda un saldo positivo de estas conversaciones si se toma en cuenta que durante esta sesión el comité escuchó atentamente las preocupaciones planteadas por las organizaciones, hicieron preguntas muy particulares respecto de la información presentada en el informe y mostraron interés y también inquietud sobre la cifra de presos políticos por las condiciones de detención y por la falta de independencia de los jueces y abogados en la isla.
El listado elaborado por Justicia 11J registra unas 1.450 personas que han sido detenidas de julio a la fecha, de las cuales unas 750 continúan en prisión.
Guzmán dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS que “el comité inició un diálogo constructivo con el Estado al que se presentó el embajador de Cuba en Ginebra y se plantearon una serie de preguntas relacionados con los centros de detención, las personas refugiadas con necesidad de protección internacional, relacionados a la salvaguarda legal cuando una persona es detenida.
Luego de este diálogo reprogramado para el 29 de abril a solicitud expresa de la delegación cubana de poder participar de forma presencial, entre los días 12 y 14 de mayo venideros se desarrollarán en Ginebra sesiones con participación de la sociedad civil, como parte de la revisión del Comité de los derechos del niño, un organismo de las Naciones Unidas que tiene la función de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
En Cuba, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) entró en vigor el 20 de septiembre de 1991, cuando fue publicado su texto íntegramente en la Gaceta Oficial. No obstante, varios juristas han señalado el conflicto que genera la determinación del Estado de establecer como edad mínima para el procesamiento penal los 16 años, aun cuando la convención considera la niñez hasta los 18 años.
En el listado de Justicia 11J aparecen también los datos de 78 menores de edad que han estado en la mira de la Policía por su presunta participación en el estallido de los días 11 y 12 de julio de 2021. Tienen edades comprendidas entre 12 y 18 años. Aunque antes de los 16 no son sujetos del derecho penal, sí suelen ser privados de libertad y trasladados a centros de reeducación de menores. Los que han cumplido la mayoría de edad han estado sujetos a peticiones fiscales de hasta dos décadas de cárcel.
@Cabezamestiza
