CARACAS.- La ciudadana colombiana Érica Moncada fue detenida el 19 de agosto de 2015 en Táchira, cerca de la frontera de Venezuela con Colombia, por efectivos militares venezolanos durante la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) acusada de “cooperadora en la comisión del delito de ataque al centinela”, en la cual fueron heridos a tiros tres funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y un civil, en San Antonio del Táchira y Ureña, en la frontera con Colombia en agosto de ese mismo año.
Sin embargo, aseguran que su principal “delito” fue ser esposa de Carlos Andrés Arango, señalado por las autoridades venezolanas como el cabecilla de una banda paramilitar colombiana que orquestó el ataque a los militares venezolanos, lo que le ha valido ser víctima de una innumerable cantidad de vejaciones en el Centro Penitenciario Fénix, ubicado en Barquisimeto, de acuerdo a Amnistía Internacional (AI).
Representantes de la ONG Funpaz y del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), así como AI, han alzado su voz en contra de los abusos sufridos por Moncada, quien según su abogada, ha sido asfixiada con bolsas plásticas para obtener “confesiones”. Como resultado se habría desmayado, hecho que sus celadores habrían aprovechado para violarla.
De acuerdo a un relato publicado por Víctor Molina Valladares, Jefe de Comunicaciones de Amnistía Internacional Venezuela, durante su detención, la joven neogranadina habría estado recluida en un cuarto de castigo sin razón alguna, en oscuridad absoluta, situación que la habría llevado a tener ataques de pánico constantes y una fuerte depresión.
Su salud se ha ido deteriorando conforme pasan los días en la prisión. Al no tener dónde asearse ni hacer sus necesidades, padece una dermatitis visible y una infección vaginal, que aún no han sido atendidas por personal médico a pesar de que la jueza lo ordenara.
Tales hechos han sido denunciados constantemente ante el Ministerio Público. No obstante, las acusaciones no han surtido efecto alguno a su favor.
Amnistía Internacional se hizo eco sobre el caso aclarando que a Moncada le deben hacer un juicio civil y no militar, ya que tal forma “constituye una violación del derecho a un juicio justo”.
“Amnistía Internacional está profundamente preocupada por las denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos que se han producido en la zona fronteriza con Colombia por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas”, sostiene en un comunicado la organización defensora de los Derechos Humanos.
La impunidad por las violaciones de derechos humanos se ha expandido en Venezuela. De acuerdo a las cifras de la fiscal general del país, solo el 3% de las quejas formales resultan en que a los sospechosos se les impuso cargos.foto 2.jpg
FUENTE: REDACCIÓN
