TEXAS — La nicaragüense Yadira Córdoba, madre de un joven opositor que fue asesinado en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en Nicaragua en abril de 2018 y que había solicitado asilo en Estados Unidos, que le fue denegado, fue deportada a México, informó este jueves la prensa local.
Córdoba fue entregada por las autoridades migratorias estadounidenses a las mexicanas tras agotarse los recursos legales en Estados Unidos y ser rechazada de ser acogida por Honduras.
La Asociación Madres de Abril (AMA) de Nicaragua había solicitado a las autoridades estadounidenses que la deportaran a un "país seguro" a la nicaragüense, que se encontraba detenida en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Estados Unidos desde el 20 de agosto de 2025 y tenía orden de deportación.
Según las plataformas nicaragüenses que despachan desde el exilio, Córdoba se encuentra en la ciudad mexicana de Tapachula donde es acompañada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México para tramitar una solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y evitar un nuevo limbo migratorio.
En situación de riesgo
Según la AMA, la mujer buscó protección internacional en Estados Unidos, "tras alzar la voz para exigir justicia por el asesinato de su hijo Orlando Aguirre Córdoba, asesinado en el 30 de mayo del 2018 por el Estado nicaragüense en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua y encontrarse en situación de riesgo ante una posible criminalización". Córdoba estuvo antes de llegar a EEUU en Costa Rica, lo que habrìa dificultado la aprobación de su asilo por haber estado en un tercer país antes de llegar a EEUU.
Sin embargo, en una audiencia realizada el pasado 7 de noviembre su solicitud de asilo "no fue debidamente escuchada y fue determinada ser deportada a Honduras, bajo el acuerdo bilateral de EE.UU. con ese país", de acuerdo con la información de esa asociación.
Tanto Nicaragua como Honduras rechazaron recibir a la mujer, según sus familiares, por lo que la AMA abogó para "que se proceda a su liberación inmediata, a través de su deportación a un tercer país seguro", el cual se ha concretado al ser enviada a México.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el règimen sandinista reconoce 200 y denuncia un supuesto "intento de golpe de Estado".
La crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el dictador sandinista Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde enero de 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo en unos amañadas elecciones
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".
FUENTE: Con informaciòn de EFE