SAN SALVADOR.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador responsabilizó al Ejército de la desaparición forzada de tres jóvenes en 2014, de acuerdo con una resolución dada a conocer este lunes.

El alto tribunal respondió así a un recurso de hábeas corpus presentado por los familiares de los desaparecidos y ordenó al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía retomar las investigaciones del caso, por el que resultaron absueltos seis militares en 2015.

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La Sala determinó que "la desaparición forzada se encuentra establecida y por ende existe una vulneración a los derechos de libertad física e integridad personal" de los jóvenes, que desaparecieron en febrero de 2014 cuando fueron detenidos por miembros del Ejército.

El documento relata que los militares amenazaron a las víctimas con sus armas de equipo, fusiles M-16, y que los llevaron a una zona controlada por una pandilla rival que tiene presencia en donde ellos habitaban.

Los jóvenes "fueron intervenidos, trasladados y privados de libertad por agentes estatales que les colocaron en un estado completo de indefensión al portar armas en las manos y ordenarles la realización de actos en contra de su voluntad", señaló el Constitucional en la resolución firmada el pasado 13 de enero.

Los desaparecidos son Oscar Oswaldo Leiva Mejía, de 23 años de edad, Francisco Javier Hernández Gómez, de 20 años y José Fernando Choto Choto, de 22, quienes fueron detenidos, por supuestamente ser pandilleros, por unos seis militares en la localidad de Armenia, 39 kilómetros al este de la capital.

La organización de derechos humanos Tutela Legal "María Julia Hernández" indicó hoy mismo a Efe que este es el primer caso en el que la Sala emite una resolución sobre desapariciones forzadas ocurridas tras el final de la guerra civil (1980-1992) salvadoreña.

Por este mismo caso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió una resolución en julio del 2016 en la que responsabilizó a los uniformados de las desapariciones forzadas.

Los militares implicados fueron llevados a juicio y absueltos el 3 de noviembre del 2015 porque un juez que valoró las pruebas y estableció que las víctimas "no estuvieron obligadas, forzadas, ni retenidas por los militares", una resolución que fue apelada en un juzgado superior.

La actual política de seguridad que ha dado mayor protagonismo al Ejército en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, ha sido criticada por distintas organizaciones sociales.

El Gobierno negó recientemente que tenga militarizada la seguridad ciudadana y aseguró que el uso de 10.400 soldados es "coyuntural", debido a la ola de violencia que causó tasas de homicidio de 103 y 81,7 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.

La resolución del Constitucional se da a conocer el mismo día en que el Gobierno conmemora el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 con llamados a la reconciliación

FUENTE: EFE

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