En carta al encargado de negocios de EEUU y a la comunidad internacional, la familia y defensa de la juez Afiuni relata "costo despiadado" de la persecución
16 años después, la injusticia no ha terminado, y aunque ya cumplió con creces cualquier tiempo relacionado con la pena que le fue impuesta, la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos.
Cortesía / María Lourdes Afiuni
CARACAS.- Al excelentísimo ciudadano John M. Barret, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a las autoridades democráticas del mundo, a los medios de comunicación, y a todos aquellos comprometidos con la independencia judicial y el Estado de derecho:
Han transcurrido más de 16 años desde que la juez penal venezolana María Lourdes Afiuni Mora fue detenida por cumplir con su deber. Su caso no es únicamente la historia de una mujer perseguida por ejercer la función judicial, es también la historia de cómo un sistema de justicia puede ser utilizado como instrumento de represalia política y de cómo una injusticia individual puede transformarse en un mecanismo de intimidación colectiva.
El 10 de diciembre de 2009, la juez María Lourdes Afiuni Mora dictó una decisión judicial en el ejercicio de sus funciones mediante la cual otorgó medidas cautelares al ciudadano Eligio Cedeño, cuya privación de libertad había devenido en arbitraria según la legislación venezolana y según decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por esa decisión, adoptada dentro de sus atribuciones legales y respaldada además por el referido pronunciamiento internacional, fue detenida, encarcelada, torturada física y mentalmente, y sometida a un proceso injusto que continúa hasta el día de hoy.
Su medida privativa de libertad fue precedida por declaraciones públicas del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien exigió su condena en cadena nacional de radio y televisión, e incluso llegó a manifestar que, en tiempos de Simón Bolívar, la juez María Lourdes Afiuni Mora habría sido ejecutada por la decisión que había adoptado. Aquellas declaraciones no solo comprometieron gravemente la independencia judicial, sino que enviaron un mensaje inequívoco a todo el sistema de justicia venezolano: decidir conforme a la ley y al derecho podía tener consecuencias personales devastadoras.
Lo que siguió es ampliamente conocido, María Lourdes Afiuni Mora fue recluida en una cárcel común, aun cuando por su investidura le correspondía ir un centro de reclusión especial; fue sometida a condiciones de detención absolutamente incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, y fue víctima de graves abusos físicos, psicológicos y sexuales que dejaron secuelas irreparables en su salud.
Paradójicamente, la propia fiscal encargada del caso dejó constancia de que nunca existió beneficio económico, pago, promesa o contraprestación alguna relacionada con la decisión judicial que motivó la acusación, circunstancia que quedó asentada textualmente en el expediente. Ante ese hecho, la referida representante fiscal recurrió a un delito que no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, al que denominó “corrupción espiritual”.
No obstante lo anterior, María Lourdes Afiuni Mora fue igualmente condenada por el delito de corrupción propia, pese a que la norma que tipifica dicho ilícito penal exige para su consumación, la existencia de una contraprestación a cambio de la decisión adoptada por el funcionario judicial.
El caso de María Lourdes Afiuni Mora trascendió las fronteras nacionales y alcanzó notoriedad internacional, suscitando múltiples pronunciamientos de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, juristas, relatores especiales y gobiernos democráticos. Asimismo, fue presentado ante diversos foros internacionales como uno de los ejemplos más graves de persecución contra una mujer por el ejercicio de sus convicciones y el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales en el ámbito judicial.
Pero, 16 años después, la injusticia no ha terminado, y aunque ya cumplió con creces cualquier tiempo relacionado con la pena que le fue impuesta, la juez María Lourdes Afiuni Mora continúa atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos. El proceso permanece abierto, las restricciones continúan vigentes, y las solicitudes destinadas a poner fin definitivo a esta situación permanecen sin una respuesta efectiva.
El costo humano ha sido inmenso y despiadado, durante años la referida ciudadana ha estado impedida de reunirse libremente con su única hija y con sus dos nietos, ciudadanos estadounidenses que residen en los Estados Unidos desde sus nacimientos; y ha visto transcurrir más de una década de vida familiar separada por decisiones judiciales que carecen de toda justificación razonable y proporcional.
Sin embargo, el daño causado trasciende a la propia María Lourdes Afiuni, su caso produjo lo que hoy es conocido dentro y fuera de Venezuela como el “Efecto Afiuni”, que no es otra cosa que el miedo de jueces y funcionarios judiciales a actuar con independencia frente a asuntos comprometidos políticamente. Por lo tanto, la detención y posterior tortura de una juez por tomar una decisión jurisdiccional ajustada a derecho, se convirtió en un mensaje ejemplarizante para todo el Poder Judicial en nuestro país, y en uno de los símbolos más visibles de la pérdida de autonomía institucional en Venezuela.
Por otra parte, meses atrás fue aprobada en Venezuela una Ley de Amnistía presentada como un instrumento orientado a promover la reconciliación nacional. Sin embargo, dicha normativa excluyó a la jueza María Lourdes Afiuni Mora. Asimismo, en fechas recientes, la ciudadana Delcy Rodríguez anunció la realización de una amplia consulta nacional destinada a impulsar una reforma de la justicia penal, con el propósito de transformar el sistema judicial. En este contexto, resulta imposible concebir una reconciliación genuina mientras se continúe ignorando a las víctimas y no se reparen los daños ocasionados por procesos judiciales utilizados como mecanismos de persecución y revancha política.
De igual manera, no puede hablarse de una justicia plena y efectiva ni de una verdadera transformación del sistema de justicia mientras casos tan emblemáticos y sensibles para el ámbito judicial, como el de María Lourdes Afiuni Mora, permanezcan sin una resolución definitiva que restablezca plenamente sus derechos y reivindique la independencia del Poder Judicial en nuestro país.
Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero urgente a las representaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, en especial a la de Estados Unidos, a los gobiernos democráticos, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los relatores de Naciones Unidas, a los medios de comunicación, y a todas las instituciones comprometidas con la defensa del Estado de derecho para que mantengan su atención sobre este caso y contribuyan, dentro de sus competencias, a impulsar una solución definitiva.
Cerrar este expediente no es solamente reparar una injusticia contra una persona, es también enviar un mensaje en favor de la independencia judicial, de la dignidad humana y de la necesidad de que ningún juez vuelva a ser perseguido por aplicar la ley.
Después de 16 años, María Lourdes Afiuni Mora merece justicia y Venezuela necesita que esta página oscura de su historia judicial sea finalmente cerrada.
NELSON AFIUNI MORA
Hermano de la Juez María Lourdes Afiuni Mora
ABG. THELMA FERNANDEZ
Representante legal de la familia Afiuni Mora
FUENTE: Con información de Nelson Afiuni, Thelma Fernández
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