Más de mil médicos y trabajadores del sector realizaron una huelga en hospitales de La Paz y se manifestaron para exigir la libertad de sus colegas detenidos en el marco de una investigación por la muerte y el supuesto abuso sexual de un bebé ocurrido hace casi un mes.
El decano de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Javier Peñaranda, dijo a Efe que la huelga en los hospitales estatales y en esa casa superior de estudios es una muestra del rechazo total contra la Justicia boliviana por la forma en que ha tratado este caso, sin aclararlo hasta ahora.
Peñaranda dijo que es lamentable la "mediocridad e incompetencia" con la que los fiscales han realizado las investigaciones del caso porque, a su juicio, inculparon a sus colegas médicos sin pruebas.
El bebe Alexander, de ocho meses, murió el pasado 13 de noviembre tras ser evacuado del orfanato Virgen de Fátima de La Paz primero a un centro médico y después fue trasladado a un hospital donde se detectó el supuesto abuso sexual sufrido por el menor.
Los funcionarios del orfanato y todos los médicos y enfermeros que atendieron al menor fueron detenidos como sospechosos, sin que hasta ahora se conozca el resultado de las investigaciones.
Médicos piden no ser tratados como criminales
Una médico y una estudiante están en prisión y diez profesionales del sector están con detención domiciliaria desde hace 18 días.
Los dirigentes de los médicos de La Paz, Luis Larrea, y de El Alto, Orlando Moreira, exigieron que no se trate como delincuentes al personal de sanidad que atendió al bebé, al denunciar que se ha quitado varios derechos constitucionales a los detenidos.
Los dirigentes piden expertos del extranjero para aclarar el crimen porque desconfían de los funcionarios judiciales locales y han amenazado con hacer nuevas movilizaciones pero a nivel nacional hasta conseguir la libertad de sus colegas.
El caso del bebé Alexander conmovió a los bolivianos y puso en evidencia la precariedad de los orfanatos y las debilidades de la fiscalía y la justicia para aclarar el caso.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, reconoció el lunes que este caso "ha demostrado la monstruosidad de varios sistemas de organización de la justicia, de la salud y de la administración pública, que tienen que ser corregidos".
"El fondo es que la justicia está podrida, el fondo es que los operadores de justicia están mal, el fondo es que los ciudadanos no nos sentimos protegidos por la justicia", dijo García Linera.
