SAN JOSÉ.- Los 153 municipios de Nicaragua eligen este 5 de noviembre a unos 6 mil funcionarios públicos entre alcaldes, vicealcaldes y concejales en un depurado proceso de fraude instalado por el actual gobierno sandinista dirigido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

De esta forma la nación centroamericana entra en la recta final de un apático proceso electoral en el que lo único diferente a los anteriores es el papel de observador o acompañante que hará la Organización de Estados Americanos (OEA) y las repercusiones de posibles sanciones de Estados Unidos a Nicaragua por el colapso democrático ocasionado por Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y su partido sandinista.

Actualmente el oficialismo mantiene el control de 134 de todas las alcaldías del país y en este proceso la renovación en la administración local tiene pocas o nulas posibilidades, dado que el sandinismo mantiene a 111 alcaldes para la reelección.

Los candidatos designados a dedo por Ortega y Murillo van en la boleta por su primera, segunda, tercera y hasta cuarta reelección, según la lista definitiva de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales, publicada hace un mes por el Consejo Supremo Electoral (CSE), en una edición récord de 776 páginas del diario oficial La Gaceta.

De los 111 alcaldes del sandinismo que van por la reelección, 85 lo hacen por uno o más períodos consecutivos; quince son exalcaldes o exvicealcaldes que intentan volver al poder; cuatro son alcaldes ahora inscritos como candidatos a vicealcaldes, y otros siete son alcaldes actuales que asumieron el poder local en sustitución de alcaldes y vicealcaldes destituidos por el Frente Sandinisa de Liberación Nacional (FSLN).

En las votaciones municipales de 2012, calificadas fraudulentas por la oposición, el CSE adjudicó al oficialismo 134 de las 153 alcaldías del país, es decir que los 111 alcaldes repitentes equivalen al 83% de esa lista.

La campaña oficial arrancó el 21 de septiembre anterior, pero desde antes el calendario electoral del Consejo Supremo Electoral, controlado por el sandinismo, cumple con fechas marcadas.

Los candidatos del gobernante Frente Sandinista son los más visibles en redes sociales, medios de comunicación de la familia presidencial y en sus propios municipios, dado el abuso con los recursos públicos en esa confusión Estado-Partido-familia.

La presencia de la OEA, cuyo papel ha sido calificado como complaciente por sectores de la oposición, no garantiza que la misión vaya a tener un rol preponderante durante la jornada electoral, a juicio del director de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney.

A menos de seis semanas de las votaciones, la OEA anunció el pasado martes, en un breve comunicado, que su misión encabezada por el uruguayo Wilfredo Penco llegará a Nicaragua a partir del próximo diez de octubre.

“El grupo base de la misión –compuesto por Penco y el subjefe de la misión, entre otros– estará integrado por 22 personas, y realizará su primera visita en la segunda semana de octubre”, indicó la OEA.

“Los partidos políticos, aparte de documentar bien sus señalamientos, tienen que pelear la batalla de la opinión pública. A un observador que lo considerás favorable, desfavorable, o neutro, se le trata del mismo modo: como un profesional al que si le enseñás la evidencia, el soporte de lo que señalás, en alguna medida vas a tener que ser persuasivo”, opinó Courtney en entrevista con el programa de televisión Esta Noche, de Canal 12 de Nicaragua.

El grupo Consorcio Panorama Electoral ha detectado anomalías en el actual proceso electoral, como otorgamiento de cédulas a menores de edad en el 30% de los municipios del país, los cuales fueron habilitados por el sandinismo para votar.

Panorama Electoral está formado por ocho organizaciones, entre estas el Grupo Cívico Ética y Transparencia, el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Hagamos Democracia, el Movimiento Por Nicaragua y la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

Partidos opositores también denunciaron la eliminación de 1.500 Juntas Receptoras de Votos, lo que afecta a 600 mil votantes, y una reforma electoral que propicia el voto múltiple de una misma persona. Además, el tendido electoral en los centros de votación es dominado por el partido gobernante, que incluso copa espacios que partidos pequeños no pueden ocupar.

Este contexto electoral nicaragüense puede ser marcado por eventuales sanciones económicas de Estados Unidos a Nicaragua debido a los fraudes electorales, la “partidarización” de la justicia, la destrucción de las instituciones, la violación de derechos humanos y la corrupción. Todo se dirige desde la casa de la pareja gobernante que funciona como despacho de gobierno y secretaría nacional del partido.

El Congreso de Estados Unidos debatió este martes 3 de octubre el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality 2017, H.R. 1918, (Nica Act). La Cámara de Representantes aprobó la "Nica Act", a través de la cual Estados Unidos vetaría los préstamos que Nicaragua pida en organismos multilaterales de los que forma parte si no se celebran elecciones "libres, justas y transparentes".

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