MANAGUA — La dictadura de Daniel Ortega declaró el miércoles “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
La medida afecta a numerosos periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, la mayoría se encuentran fuera del país en condición de exiliados debido a la represión, pero algunos de los afectados se encuentran en Nicaragua.
La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, afecta también a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, a la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y al excomandante sandinista y exministro del Interior, Luis Carrión, exaliados de Ortega, quienes fueron parte de la primera dictadura sandinista (1979-1990).
A los 94 afectados “se les declara prófugos de la justicia” y, además de perder su nacionalidad, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular “de forma perpetua”, indicó la resolución leída por el funcionario judicial.
La sorpresiva disposición de Ortega ocurre apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos, que fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A todos los expulsados se les quitará la nacionalidad nicaragüense, según se ha informado.
Los delitos imputados contra los acusados son “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.
Entre los 94 señalados, figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, el disidente exembajador de la dictadura ante la OEA, Arturo McFields, el excanciller Norman Caldera y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.
El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de propiedades como “inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades” vinculadas a los acusados.
Las confiscaciones de propiedades fueron una práctica común durante el primer régimen sandinista, gobernado por Ortega y el exvicepresidente Sergio Ramírez. Miles de casas, mansiones, haciendas y empresas industriales fueron expropiadas y quedaron en manos de la cúpula sandinista, propiedades que los contribuyentes han pagado por más de 30 años por un monto superior a los $1.300 millones de dólares. El proceso de indemnización de las propiedades confiscadas aún no concluye.
Varios de los afectados, exaliados de Ortega, que ocupaban propiedades "piñateadas", fueron despojados de esos bienes por la dictadura. Ortega ha dado continuidad a la política de robo de propiedades que ejecutó durante el primer régimen sandinista.
FUENTE: Con información de AP y redacción
