MANAGUA.-JOSUÉ BRAVO
Especial
Acostumbrado a controlar todo, al presidente Daniel Ortega aún le quedan pocas áreas por dominar en la vida del país que maneja como su finca. Una de ellas es la internet, pero sus diputados leales, mayoría en el Parlamento, aprobarían una ley que ha crispados a proveedores del servicio, la empresa privada y políticos de oposición que temen un control gubernamental de la red de redes.
El Gobierno sandinista ha preparado un proyecto de ley con el discurso de modernizar las telecomunicaciones del país, cuyo trasfondo es mantener el control del tráfico mediante la creación de una autoridad estatal que administrará los servicios de banda ancha en Nicaragua.
El proyecto aún en poder del Ejecutivo, llamado Ley de promoción y desarrollo de la Red Nacional de servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, da la potestad al ente regulador de las telecomunicaciones TELCOR, de obligar a las empresas que prestan el servicio de Internet a proporcionar "la información y documentación relacionadas a los servicios de telecomunicaciones que éste les requiere”.
También obliga a presentar toda la información técnica, económica y financiera que TELCOR les solicite para fines estadísticos, de control, supervisión y fijación de tarifas.
Para los entendidos en tecnologías de la información como el ingeniero Norman García, todo el internet en Nicaragua está en peligro, al tener el estado el acceso y control de contraseñas, usuarios y el tráfico de datos en la red; algo que ya hacen las empresas suministradora de estos servicios pero que abre el debate si es mejor ser controlado por las telefónicas o por el estado.
“Como te digo, da un punto más de vigilancia. Y como te decía, ya se ha demostrado que se puede censurar y al tener un punto de interconexión el Gobierno puede hacerlo. Por eso hay que estar atentos con el reglamento y estar “ojo al Cristo”. Eso hablábamos un día por correo con la Comunidad de Software libre de Nicaragua. Al Gobierno se le da un punto de control, pero ¿qué es peor, darle el control de nuestros datos a la empresa privada o al Estado?, dijo en una entrevista con el principal diario del país, La Prensa.
“Al tener este punto de interconexión al crear la empresa del Estado, si toda la información va a estar pasando por equipos del Estado, a como ellos (empresas) pueden ver toda tu información, igual el Estado podrá verla”, añade.
La idea de Ortega es comparada a lo que ocurre en países como Cuba, China, Corea del Norte y Rusia, donde la comunicación es controlada, espiada y no hay acceso libre a internet.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, asegura que el anteproyecto “está en contra de la libertad económica y de la inversión privada, es monopólica, quiere controlar Internet, y haría desaparecer a las empresas que proveen ese servicio en el país”.
“Si este anteproyecto pasara tal como está redactado, sería una ley anti inversión privada. Estamos completamente en contra del anteproyecto, porque busca de nuevo el control absoluto de Internet. Ustedes conocen nuestra posición alrededor de este tema, porque cuando se discutió la reforma constitucional se hizo un intento de obtener ese control de Internet, pero fue revertido”, aseguró el líder de la cúpula empresarial.
“Este nuevo anteproyecto va buscando el control absoluto y va en dirección contraria del esfuerzo del sector público y privado de atraer inversión al país. También va en contra de la libertad económica que presentamos tanto Pro Nicaragua como COSEP, cuando vamos a las misiones comerciales”, añadió.
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La avidez de Ortega en Nicaragua no tiene límites. Ya controla todos los poderes, organismos y dependencias del estado con funcionarios leales, la policía, el Ejército, organizaciones sindicales y sociales; así como la mayoría de medios de comunicación.
No es la primera vez que Ortega quiere regular internet por medio de TELCOR. Hace dos años mediante reformas constitucionales, bajo el argumento de asuntos de seguridad nacional, el ente regulador intentó controlar la información que circulara por el ciberespacio al otorgarle al Ejército de Nicaragua la función de controlar.
Ese intento como el de ahora es visto como el interés de Ortega de ser un ciberpolicía, al ser su Gobierno la autoridad “que maneja ese servidor tiene acceso a toda la información que circula en una empresa. Es capaz de ver qué máquina entró a qué página y a qué hora”, según García.
El anteptoyecto aún está en manos del Gobierno. De llegar al parlamento los diputados sandinistas, quienes son mayoría (63 de 92), podrían aprobarla sin ningún inconveniente.
