La detención, ocurrida el pasado 28 de febrero, fue justificada por la dictadura bajo cargos de "propaganda contra el orden constitucional"
Militares en Cuba.
AFP/ ArchivoCIUDAD DE PANAMÁ.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá exigió al régimen cubano el respeto estricto al debido proceso y a los derechos humanos de diez ciudadanos panameños arrestados en la isla, tras ser señalados por el aparato de seguridad de la dictadura de realizar actividades de propaganda contra el sistema político vigente.
A través de la cuenta oficial de X, la Cancillería panameña confirmó haber recibido la notificación oficial a través de su sede diplomática en La Habana, procediendo de inmediato con la activación de los protocolos de asistencia consular pertinentes.
En su comunicado oficial, el gobierno de Panamá enfatizó que actuará con firmeza en la defensa de sus connacionales, priorizando en todo momento su integridad física y garantías legales.
La detención, ocurrida el pasado 28 de febrero, fue justificada por el Ministerio del Interior (MININT) bajo cargos de "propaganda contra el orden constitucional".
Según la versión de las autoridades de la isla, el grupo habría ingresado al país con el objetivo de colocar letreros de contenido subversivo en diversos puntos de la capital, reseña el portal web Martí Noticias.
Como es habitual en el sistema judicial de la isla, el MININT aseguró que los detenidos admitieron su responsabilidad durante los interrogatorios iniciales. El informe oficial de la dictadura sostiene además que los panameños recibirían pagos de entre 1,000 y 1,500 dólares una vez retornaran a su país tras completar la operación.
A pesar de las acusaciones del régimen, la Cancillería de Panamá ha solicitado acceso consular continuo para verificar el estado real de los detenidos. Hasta la fecha, las autoridades cubanas han mantenido bajo reserva los detalles específicos sobre el contenido de los mensajes confiscados o los puntos exactos donde habrían sido colocados, una opacidad característica de los procesos judiciales contra quienes cuestionan el modelo político cubano.
El gobierno panameño reiteró que mantiene comunicación directa con los familiares de los arrestados mientras se intenta esclarecer la situación jurídica de los mismos en un entorno de limitada transparencia legal.
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