viernes 29  de  marzo 2024
AMÉRICA LATINA

Pedro Castillo: 100 días de silencio ante la prensa peruana

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP), Zuliana Lainez, manifesta que "es muy grave tener un presidente que hace más de cien días no da declaraciones a los medios"
Por ERNESTO TOVAR

ESPECIAL
@ernestojt

LIMA. - El presidente peruano de tendencia izquierdista Pedro Castillo cumple más de 100 días sin ofrecer declaraciones a la prensa ni aceptar entrevistas de ningún tipo, en un ejercicio de silencio ante los medios que ha sido criticado desde el gremio periodístico e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que, lamentablemente, también tiene una réplica similar desde el Congreso peruano.

A finales de febrero fue la última intervención de Castillo ante un micrófono del canal de tv del Estado, TV Perú, con unas breves palabras de disculpa por haber calificado el día anterior como “chiste” las preguntas que recibió de un grupo de periodistas que lo interrogaban sobre su relación con una empresaria investigada por la Fiscalía por presuntos casos de corrupción en el seno del Ejecutivo.

Esta negación para responder a la prensa sobre su gestión es motivo de preocupación, máxime cuando Castillo vive una nueva tormenta política que lo ha llevado a ser investigado por la Fiscalía, que prevé interrogarlo por una trama de corrupción donde un exministro, su exsecretario de Palacio y algunos familiares cercanos se hallan prófugos de la justicia.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP), Zuliana Lainez, manifestó a DIARIO LAS AMÉRICAS que “es muy grave tener un presidente que hace más de cien días no da declaraciones a la prensa”, y subraya que “los políticos deben entender que permitir el acceso a la información es garantía de transparencia. No es una concesión que nos dan como autoridades electas, sino que deben entender que es su deber”.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su índice de libertad de prensa de 2022 ubica a Perú en el puesto 77 sobre 180 países de todo el mundo. El país mejoró 14 puestos respecto a 2021, cuando ocupó el lugar 91 del mismo ranking.

Sin embargo, RSF apunta que Castillo, tras ganar las elecciones presidenciales pese a una “importante campaña mediática en su contra” desconfía de la prensa de Lima, lo que ha conducido a que la oposición de derecha “utilice la defensa de la libertad de prensa para cuestionar al presidente, pues no concede nunca entrevistas, ni da conferencias de prensa”, según RSF.

Desde la asociación Transparencia su presidenta, Adriana Urrutia, comenta que “hemos publicado junto con el Consejo de la Prensa Peruana varias alertas de nivel muy grave, que tienen que ver con la falta de voluntad de garantizar el derecho a la libertad de expresión, y con la falta de transparentar las acciones del gobierno”.

Algunas de las prácticas resumidas por Transparencia en la plataforma ciudadana ‘Vigilantes’ son el uso de la publicidad estatal como mecanismo para presionar líneas editoriales, posibles represalias contra medios de comunicación críticos con el gobierno, restricciones a la labor de periodistas, y proyectos de ley lesivos para la libertad de expresión y de prensa.

Estas alertas fueron elevadas ante el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien anunció a principios de junio algunas observaciones preliminares.

El relator advierte de “un grave deterioro del debate público, serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física”.

Continúa el diagnóstico apuntando que “los primeros meses del gobierno y de la legislatura se han visto marcados por declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, inclusive por parte de funcionarios del más alto rango del Estado. En opinión de la Relatoría, tales declaraciones contribuyen a generar un clima de desprecio a la labor de la prensa y de permisividad ante la violencia contra los y las periodistas”.

Al respecto Transparencia indica que el jefe de Gabinete de Castillo, Anibal Torres, ha señalado que en Perú existe una prensa “ladrona de la verdad”, “que desinforma permanentemente”, sin dar casos concretos, y calificó al diario El Comercio de "golpista", también sin evidencia que sustente su comentario.

También el Legislativo

El relator Pedro Vaca también manifiesta de su visita a Perú que “otro elemento recurrente se relaciona con la opacidad, la falta de acceso a la información y el incremento de obstáculos para acceder a fuentes públicas por parte de periodistas, incluyendo el acceso a espacios físicos, a documentación oficial y a los mismos funcionarios. Ejemplo de lo anterior es la escasa comparecencia ante los medios por parte del presidente, así como la prohibición de ingreso al Congreso de la República a periodistas y comunicadores”.

El presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP), Luis Jaime Cisneros, pone sobre el tapete el contexto de la trayectoria política del presidente Castillo, así como la tendencia a rechazar las críticas desde los distintos poderes del Estado peruano.

“No llama la atención que el presidente Castillo sea tan parco, por no decir esquivo, porque viene de un medio sindical. Es un oscuro dirigente sindical que ha saltado a la luz pública con la presidencia y no tiene una trayectoria de relaciones con la prensa. Hay una inexperiencia que arrastra”, dice Cisneros.

Y al mismo tiempo apunta que “tanto el Legislativo como el Ejecutivo tienen una confrontación con la prensa. Y ambos tienen una tendencia autocrática a confundir las críticas de los medios con cuestiones políticas, que es algo que en realidad en los últimos años en un contexto general se reproduce”.

El líder del gremio de corresponsales en Perú sostiene que “sí hay una actitud en el Ejecutivo actual de crítica constante, de lenguaje agresivo, acaso procaz en ocasiones, a algunos medios de comunicación. Y creo que eso lleva a la labor de algunos medios de escrutar con mayor vehemencia e ímpetu la labor del Ejecutivo”.

Y Cisneros recuerda que “casi la totalidad de escándalos de Perú se conocen a través de la prensa, en este gobierno y anteriores, así que de alguna manera sigue fiel a su papel de perro guardián de la democracia, con el periodismo de investigación como principal pivote para levantar la alfombra de todo lo que se cocina en el Ejecutivo”.

Por su parte Lainez, presidenta de la ANP, lamenta que la pandemia del Covid-19 haya sido usada como pretexto para impedir el acceso de los periodistas al Palacio de Gobierno del Ejecutivo, o al Hemiciclo de sesiones o las áreas aledañas dentro del Congreso peruano.

“En los dos poderes del Estado tenemos problemas serios de acceso a la información y transparencia. Vivimos un momento de regresión para la libertad de prensa en el país”, dice Lainez.

De parte del Ejecutivo sostiene que “es muy mala señal tener un presidente que no solo no declara a la prensa, sino que inaugura obras públicas poniendo cordones policiales para impedir que los fotoperiodistas, camarógrafos, y reporteros se le acerquen a sacarle alguna declaración”.

Sobre esto el propio Castillo respondió —en un comunicado tras la visita del relator Vaca en mayo— que “las puertas de Palacio de Gobierno y de las actividades oficiales que desarrollamos en Lima y el interior del país están siempre abiertas al trabajo de la prensa”.

Y en cuanto al Congreso de Perú, Lainez indica que “la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tiene cero voluntades políticas para permitir que los periodistas entren al Hemiciclo, donde se debaten cosas que tienen impacto directo con la democracia en el país como elegir miembros del Tribunal Constitucional o mociones de interpelación contra ministro. Se pretende que la única señal que tengamos sea la del canal de televisión del Congreso”.

Tras su visita en mayo, la oficina del relator de libertad de expresión dijo que “en Perú, el regreso a la democracia trajo consigo indudables avances en materia de libertad de expresión, tras décadas marcadas por gobiernos militares y civil autoritarios”. Sin embargo, añade la instancia que “se pudo constatar que actualmente el país enfrenta importantes desafíos para la plena garantía del derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones”.

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