ESPECIAL
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LIMA.- Las protestas lideradas por sectores de izquierda radical en Perú se han agudizado durante los últimos días, sobre todo en el sur del país, incrementando el número de fallecidos en más de 40 y unos 600 heridos -incluyendo alrededor de 380 policías- en poco más de un mes de manifestaciones violentas, desatadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo luego de su fallido intento de autogolpe el pasado 7 de diciembre.
La presidenta peruana Dina Boluarte afirmó en un mensaje televisado que no renunciará "por su compromiso con Perú" pese a las presiones de dimisión de lo que llamo "sectores radicales".
La mandataria pidió al Congreso peruano celeridad en la votación sobre el posible adelanto de elecciones.
Boluarte también "pidió perdón" por las muertes ocurridas en las manifestaciones, que ya llegan a la ciudad de Lima, además de otras urbes principales como Cusco o Arequipa.
Precisamente en Cusco, capital del departamento homónimo y conocida por ser la capital del antiguo imperio inca, y punto de partida a la famosa ciudadela inca de Machu Picchu, ocurrieron protestas que han afectado el turismo y la actividad comercial.
También el aeropuerto de Cusco fue objeto de un intento de ocupación por manifestantes, que fue repelido por la policía y las Fuerzas Armadas Peruanas, y que apenas fue reabierto este fin de semana.
Otras demostraciones ocurrieron en Juliaca, capital del departamento de Puno, fronterizo con Bolivia, con protestas muy intensas.
En Lima también ocurrieron algunas manifestaciones pacíficas, de colectivos sociales de izquierda en rechazo al gobierno de Boluarte.
Según la Defensoría del Pueblo peruana hubo 80 bloqueos de vías nacionales y “movilizaciones, paralizaciones y/o bloqueos de vías en 44 provincias”, equivalente a casi una cuarta parte del total de provincias del país.
Los reclamos de los manifestantes siguen siendo que la presidenta Dina Boluarte renuncie, que se cierre el Congreso, dominado por la derecha, y que se convoque a elecciones lo más pronto posible.
Este pedido de dimisión, secundado por algunos gobernadores regionales o congresistas, provoca un clima muy difícil para Boluarte.
Un cuarto pedido, una vieja aspiración de la izquierda más radical, que no es apoyada por la mayoría de la población, es que se llame a una Asamblea Constituyente que dicte una nueva constitución en reemplazo de la actual, promulgada en 1993 durante el primer mandato del expresidente Alberto Fujimori.
“Probablemente las protestas continuarán y podrían escalar aún más”, consideró María Luisa Puig, directora para América Latina de la consultora de riesgo político Eurasia Group, en una nota de análisis para sus clientes.
“Esto añadirá presión a la presidenta Boluarte y al Congreso para adelantar las elecciones generales, de su propuesta de abril de 2024 a potencialmente el final del año 2023”, afirmó Puig.
DDHH y agentes extranjeros
Una de las jornadas más violentas se vivió el pasado lunes 9 en Juliaca, donde fallecieron 19 personas, incluyendo un policía, en enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad. El efectivo policial, indica la Defensoría, murió luego de ser quemado dentro de su vehículo por manifestantes, y con señales de haber sido torturado en vida.
También ese día se reportó la quema de la vivienda de una vivienda de familiares de un congresista, “que puso en riesgo la vida de sus padres e hija”, según la Defensoría.
Justamente este tipo de sucesos fueron valorados por una misión especial de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presente en Perú entre el 11 y el 13 de enero.
Stuardo Ralón, relator de la CIDH para Perú, comentó este viernes en Lima que hubo "uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad peruanas en el control de las manifestaciones, y llamó a que haya las investigaciones correspondientes.
La comitiva de la CIDH se trasladó a Juliaca y Arequipa, como parte de su agenda para escuchar a los afectdos por la violencia en las manifestaciones.
Reportes de la prensa local indican que la policía peruana ha detectado algunos chats de WhatsApp en labores de inteligencia, que sugieren cierto nivel de coordinación en la organización de las protestas en las regiones más al sur.
Aunado a esto el pasado lunes se le prohibió a Evo Morales el ingreso a Perú. “No ingresan al Perú personas que amenazan el orden interno. Es una decisión firme que prioriza la vida, dignidad e integridad de miles de familias”, dijo el jefe de Gabinete de Boluarte, Alberto Otárola, para justificar el rechazo al expresidente boliviano.
Según el ministerio de Interior, “en los últimos meses se han identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno”.
No obstante, Eurasia apuesta porque si bien es posible que haya ciertos agentes políticos interesados en avivar las manifestaciones, no puede afirmarse que el descontento popular se deba por completo a conspiraciones.
Justamente el ministro de Interior, Víctor Rojas, renunció a su cargo cuestionado por el manejo de las protestas.
El gobierno peruano ha intentado atajar las protestas y la violencia decretando un toque de queda nocturno en el departamento de Puno, en medio del estado de Emergencia vigente desde diciembre.
Además, el Ejecutivo recibió el respaldo del voto de confianza para su gabinete ministerial -requisito previsto en la Constitución- pese a las críticas desde la izquierda peruana por la represión y las muertes en las protestas violentas.
En este contexto, Eurasia advierte que “el gobierno de Boluarte continúa siendo muy frágil”, y considera que “aunque la mayoría de los congresistas sean renuentes a recortar aún más sus propios periodos en el cargo, probablemente no tendrán más opciones si la violencia crece y Boluarte termina renunciando o amenazando con hacerlo”
El reemplazo de Rojas en Interior, así como los de los ministros del Trabajo y la Mujer - también renunciantes- fueron designados el viernes.
Esta misma semana la Fiscal de la Nación anunció que abrió investigaciones judiciales preliminares contra Boluarte, su jefe de Gabinete Alberto Otárola, y los ministros de Interior y de Defensa por las muertes ocurridas en las manifestaciones y la actuación de los cuerpos de seguridad.
Organizaciones como Amnistía Internacional han demandado que “las autoridades peruanas deben cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil”.
Para Eurasia, las próximas elecciones estarán moldeadas por amplio descontento de los electores, “lo que probablemente resultará en una competencia fragmentada de candidatos, en la cual las figuras disruptivas de todo el espectro político serán competitivas”.
El adelanto de elecciones planteado actualmente, para abril de 2024, no obstante, aún debe ratificarse en el Congreso.
@ernestojt