MIAMI.-Este domingo los colombianos, tanto en su país, como en el exterior, definen el futuro de una nación asolada por una violencia endémica que podría llegar a su fin –por lo menos en un gran porcentaje- con la refrendación ciudadana de los acuerdos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Esta votación ha polarizado aún más a la sociedad colombiana, con una oposición intensa, liderada por el expresidente Alvaro Uribe Vélez –ahora senador de la República- quien ha centrado su discurso en puntos que han calado en un sector importante de la población: la impunidad ante crímenes de lesa humanidad; la posibilidad de que personas comprometidas en esos graves delitos puedan llegar al Congreso e incluso a la presidencia; el enorme riesgo de que se abra en Colombia la puerta para que entre un régimen inspirado en el socialismo del siglo XXI (“castrochavismo”); la consolidación y perdón a unos de los “carteles de la droga más poderosos del mundo”, como Uribe suele llamar a las FARC.
Uno de los altos comisionados de paz del Gobierno, Frank Pearl, dijo en una rueda de prensa celebrada en Miami, que entendía muy bien por qué había personas que se oponían de manera tan radical (en el sur de la Florida el rechazo a los acuerdos es especialmente intenso) a los pactos de paz logrados por el Gobierno. “Hay muchas personas y familias que debieron salir de Colombia porque tuvieron parientes secuestrados o fueron víctimas de amenazas, y el conflicto armado no les daba una oportunidad para hacer su vida en el país. Los conflictos armados […] generan sentimientos de miedo, de frustración, de rabia y –por qué no reconocerlo- de sed de venganza”.
Las últimas encuestas muestran una amplia votación por el sí –más del 60%- pero se requiere un mínimo de 4.4 millones de votos (o el 13% del censo electoral) para que pase la refrendación de los acuerdos. Para este proceso plebiscitario, hay 34.899.945 de ciudadanos colombianos habilitados para votar.
En las últimas elecciones presidenciales, que reeligieron a Santos en 2014, la votación fue muy reñida. En la segunda vuelta, el hoy presidente obtuvo el 50.99% de la votación (7.839.342 votos) y su adversario logró el 44,99% (6.917.001 votos).
El resultado, por lo tanto, fue muy estrecho. Se espera que para el plebiscito exista una circunstancia parecida. Pero la gran diferencia, con respecto a una elección entre diferentes candidatos, es que en los comicios de este domingo ha habido un esfuerzo importante del mismo Gobierno, y de amplios sectores sociales, para promulgar los beneficios de los acuerdos de paz.
Por lo tanto, la oposición ha confiado, casi en un cien por ciento, en la capacidad de convocatoria del senador Uribe. Y también en una vitrina privilegiada como es la del procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien ha sido un crítico implacable de los acuerdos de paz y de las negociaciones con la guerrilla. En un caso sin precedentes, el vicepresidente de ese país, Germán Vargas Lleras, ha expresado sus reparos a los resultados de las negociaciones y no ha salido a defenderlas en ninguna instancia pública.
¿Reactivación de la economía?
Estos acuerdos de paz llegan en un momento crítico para la economía colombiana.
El presupuesto de la nación, aprobado en 2016, hizo recortes sustanciales en las instituciones del estado que implementarían partes importantes de lo negociado con la guerrilla.
La inversión pasó del 1,9% de PIB (Producto Interno Bruto) al 1,1% con el fin de reducir el déficit fiscal. Y se espera que, ante esa contracción de la actividad estatal, el sector privado sea el líder en el crecimiento de la economía. Habrá, por lo tanto, recortes del orden de 3.800 billones de pesos, o algo así como 1.300 millones de dólares.
Después del plebiscito habrá una votación para el difícil tema de la reforma tributaria, a través de la cual se espera que el Estado tenga más recursos para la inversión.
Por lo tanto, la ayuda internacional será fundamental para sacar adelante las reformas acordadas con las FARC en la modernización de la producción agraria, sustitución de cultivos ilícitos, apoyo a los emprendimientos que puedan surgir de miembros desmovilizados de la guerrilla, fortalecimiento del sistema judicial y, sobre todo, a todos los componentes de la justicia transicional, columna vertebral de las sanciones que tendrán que enfrentar todos aquellos que durante el conflicto armado hayan cometido delitos (guerrilla, paramilitares, agentes del estado, individuos y organizaciones privadas).
El Plan Colombia, lanzado en los albores del gobierno de Andrés Pastrana, en el año 2000, y en los comienzos de las negociaciones de paz de esa administración con las FARC, significó una ayuda, por parte de Estados Unidos, de cerca de 10.000 millones de dólares. Sin duda, eso fue clave pare revertir la ventaja estratégica, en lo militar, a favor del estado colombiano.
Pero para la paz, el Gobierno del presidente Obama se comprometió a proponer al Congreso un paquete de cerca de 500 millones de dólares, los cuales casi con seguridad no alcanzarán a ser aprobados por el actual Congreso, y quedará en manos del que llegue después de las elecciones del 8 de noviembre. Se ha dicho que, en diez años, el precio del llamado posconflicto será de 30.000 millones de dólares.
En medio de todo esto se encuentra la promesa del presidente
Santos de que con el silenciamiento de los fusiles, se le añadirá cerca de 2 puntos al PIB. Pero ese es un territorio incierto porque aún no sabemos qué papel podrá jugar el crimen organizado, como el narcotráfico o las bandas criminales, en la reducción de las expectativas de crecimiento económico.
Por ahora, hay elementos esperanzadores: el pasado viernes, en los Llanos del Yarí, entre los departamentos del Caquetá y el Meta, al sur oriente del país, se realizó la primera destrucción de material explosivo perteneciente a las FARC.
Según lo informó el periódico El Tiempo, de Bogotá, la ONU estuvo presente en esa destrucción con un grupo de expertos antiexplosivos, quienes verificaron el tipo de artefactos que había en las caletas (depósitos clandestinos). Tales explosivos corresponderían a lo acumulado por la guerrilla desde el 20 de julio de 2015 cuando declaró el cese del fuego bilateral.
También esa guerrilla entregó al comandante del Comando Estratégico de Transición el número de hombres y mujeres en las filas de ese grupo armado: 5.765. Ellos se concentrarán en las 28 zonas de normalización de ganar el SI en el plebiscito.
Descarga LA APP